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    El Ministerio de Defensa anunció la decisión de expulsar del Ejército de Tierra español, a Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena, el militar miembro del grupo de cinco hombres conocido como La Manada, condenado a nueve años de cárcel por abusos sexuales grupales a una joven de 18 años en las fiestas de San Fermín del año 2016, al igual que los otros cuatro responsables.

    Hasta el momento, desde que se conoció la sentencia, se encontraba adscrito administrativamente a la Subdelegación de Defensa de Sevilla en la situación de servicio activo sin posibilidad de asignación de destino, publica el portal de noticias RT Actualidad.

    A través de un comunicado, la institución gubernamental explica que tras la sentencia dictada en marzo por la Audiencia Provincial de Navarra el departamento dirigido por la ministra Margarita Robles, “se incoó un expediente administrativo por condena por delito doloso que se ha resuelto con la resolución del compromiso que tenía adquirido con las Fuerzas Armadas”.

    “En virtud de la Sentencia nº 38/2018 de 20 de marzo de la Audiencia Provincial de Navarra, y en aplicación del artículo 10.2 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, modificado por la Disposición final cuarta de la Ley orgánica 8/2008 de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas se incoó un expediente administrativo por condena por delito doloso que se ha resuelto con la resolución del compromiso que tenía adquirido con las Fuerzas Armadas hasta la edad de 45 años y la pérdida de su condición de militar. Así lo establece la Resolución 562/1849/18 de 19 de octubre publicada en el Boletín Oficial de Defensa (BOD) del día 25 de octubre”, puntualiza el comunicado.

    De acuerdo a lo reseñado por El Diario, después de que se decretase su libertad provisional, el Ejército de Tierra levantó la suspensión al militar. En ese momento, fuentes oficiales del Ministerio aseguraron que “no se podía evitar” el alzamiento de la suspensión de funciones ya que se producía “de manera automática en aplicación de la ley”. Para evitar su reincorporación inmediata a una unidad militar acordaron la “prohibición de obtener destino”.

    En el comunicado reseñan que han iniciado este procedimiento amparados en la disposición final cuarta del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas que contempla la resolución del compromiso, es decir la finalización del contrato suscrito.

    A.L.

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