• EC | Edición Mundo
  • El Ciudadano | Edición Chile
  • El Ciudadano | Edición Venezuela
  • Una sociedad plural y democrática necesita diferentes miradas del mundo. Desde El Ciudadano diaria y oportunamente, nuestras letras están en favor de construir una mejor sociedad y un mundo más justo.
    Que exista periodismo independiente también depende de ti.

    La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala un recurso legal contra una hidroeléctrica por violentar los derechos de las comunidades indígenas.

    “La construcción de la hidroeléctrica fue autorizada sin haberse realizado una consulta previa, libre e informada que permitiera a la población afectada, en su mayoría indígenas, otorgar su consentimiento a una actividad que les afecta directamente”, explicó Liliana Ávila, abogada de la organización.

    Este escrito, presentado en respaldo a las demandas de amparo interpuestas por miembros de comunidades de la microrregión de Ixquisis, en Huehuetenango, va en contra del proyecto hidroeléctrico Pojom II, financiado por BID Invest, brazo privado del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo.

    Indígenas afectados por la construcción de un embalse en Guatemala

    El proyecto fue autorizado pese a que el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa promotora incumplió estándares nacionales e internacionales y no fue realizado por una entidad independiente ni bajo la supervisión del Estado.

    No respetó las tradiciones y cultura de las comunidades indígenas afectadas y no tomó en cuenta los impactos acumulativos de la concentración de proyectos hidroeléctricos en la zona”, precisó Ávila, quien agregó que no representan “beneficios para las comunidades”, sino que causan “daños irreversibles” a sus medios de subsistencia y a sus modos de vida tradicionales.

    En el escrito se detallan las obligaciones internacionales incumplidas por el Estado de Guatemala respecto al proyecto Pojom II y aseguran que las demandas de amparo presentadas por las comunidades afectadas son una “oportunidad” para que el Gobierno “suspenda el proyecto por los graves daños causados”.

    Esas comunidades están en desacuerdo con la construcción de las represas hidroeléctricas Pojom I, Pojom II y San Andrés, proyectos ejecutados por la empresa Energía y Renovación S.A. registrada en Panamá en 2012.

    Las acciones de defensa del territorio y el medio ambiente en estas comunidades donde se ejecutan megaproyectos hidroeléctricos le valió a la región Ixquisis, una remota comunidad guatemalteca ubicada en el departamento de Huehuetenango, el premio de Front Line Defenders 2018 para las Américas.

    Suscríbete a nuestros boletines informativos y recibe diariamente la información más importante publicada en elciudadano.com

    * indicates required

    A qué ediciones te quieres suscribir?


    •  
    •  
    •  
    Loading...