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    DDHH

    El ministro del Interior Mario Fernández recibió este viernes a la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, a fin de discutir la resolución de la Tercera Sala de la Corte Suprema que concedió beneficios carcelarios a violadores de derechos humanos.

    Los dos últimos beneficiados por los fallos son Hernán Reinaldo Ovalle Hidalgo, condenado por crímenes cometidos el 12 de marzo de 1973 en la empresa textul “Sumar”, y José Florentino Fuentes Castro, condenado entre otros crímenes por el secuestro y homicidio de los profesores del caso Degollados.

    Al llegar a La Moneda, la dirigenta se refirió al posible cierre del penal Punta Peuco como una “fórmula importante para el término de la impunidad”, mientras que a las afueras del Palacio se desarrollaba una protesta de ex presos políticos que fue contenida por Fuerzas Especiales de Carabineros, frustrando el intento de dos mujeres por encadenarse a los pies de la estatua del ex presidente Salvador Allende.

    En la cita, que se extendió por más de dos horas, la organización demandó que el Estado pida una opinión consultiva a la Corte Interamericana de DDHH sobre la materia, cumpliendo con las facultades señaladas en el artículo 62 de la Convención.

    Pizarro habló de una “ofensiva comunicacional” de sectores de la derecha y la Iglesia para liberar a criminales de lesa humanidad que no están arrepentidos de sus actos ni han cooperado con la justicia, como ocurre en el caso del ex agente de la DINA Miguel Krassnoff.

    En esos términos rechazó que el máximo tribunal haya encargado a un “municipio de tendencia de extrema derecha, de la Unión Demócrata Independiente (UDI)” como el de Colina, la elaboración de informes que sirvieron de base para otorgar libertad a reos de Punta Peuco, todo ello “con una falta de rigor y seriedad inaceptable”.

    “Les quiero señalar que esta larga reunión tiene un compromiso que para nosotros… es fundamental. Aquí la Presidenta de la República de una vez por todas no puede seguir guardando silencio. Tiene que expresar voluntades políticas respecto a lo que significa la demanda de verdad y justicia, y en ese sentido nos han indicado que en el plazo de un mes tendríamos respuesta… porque se nos argumenta que él (Fernández) viene llegando hace poco al gobierno”, explicó.

    De esta manera aludió a una tardía reacción del Ejecutivo sobre DDHH, que “sólo se puede traducir en que hoy día, sin ningún pudor, el Poder Judicial y particularmente su Corte Suprema no sólo le otorgue beneficios y condenas muy bajas a verdaderas máquinas de matar, sino que hoy día a los pocos que condenamos los estén dejando en libertad”.

    “Nosotros estamos ya resueltos a tomar acciones. En este momento hay gente marchando alrededor de La Moneda. Lo vamos a hacer cada viernes como lo hacíamos en dictadura en el bandejón central. Hace unos días atrás nos encadenamos a las rejas del ex Congreso frente al Palacio de Tribunales y vamos a seguir realizando acciones que impidan la impunidad”, anunció.

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