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    Hoy por la mañana la Corte Suprema aprobó la solicitud de extradición activa en contra de Michael Townley y Armando Fernández Larios, ambos imputados por “su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de Ronni Moffitt, ilícito perpetrado el 21 de septiembre de1976, en Washington D.C.”.

    El 21 de septiembre de 1976 una bomba explotó en pleno barrio de Washington. Estaba colocada en un auto en el que viajaba Orlando Letelier, líder de la oposición chilena, asilado en Estados Unidos, empeñado en informar al mundo sobre los terrores de la dictadura de Pinochet. Y no iba solo. Lo acompañaba Ronni Moffit, asistente del ex ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de la Unidad Popular. Ambos murieron al instante.

    Ese hecho determinó el cierre de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina) e hizo que Manuel Contreras pasara a segundo plano, por más que mantuviera sus influencias a nivel transversal de gobierno. De hecho, en 1995, Contreras fue declarado culpable por la Corte Suprema como autor intelectual de este asesinato –pero murió en la comodidad de Punta Peuco, pasando gran parte de su vida penal en su cabaña personal del Penal Cordillera.

    Townley vivía junto a su señora Mariana Callejas en Lo Curro. Su casa tenía un subterráneo con un laboratorio para torturar y crear elementos para asesinar, como el famoso gas sarín. El segundo, Fernández Larios, había recorrido el país con motivo de la conocida Caravana de la Muerte, encabezada por el coronel Sergio Arellano Stark. Juntos se pasearon en un helicóptero Puma por las principales ciudades de Chile, exterminando a los opositores peligrosos; enseñándoles a los uniformados dubitativos, de paso, quién era el que mandaba y qué se debía hacer.

    Gracias a un programa para testigos del gobierno de Estados Unidos, ambos pudieron asilarse en ese país. Esta noticia abre una nueva posibilidad para que aquellos criminales por delitos de lesa humanidad cumplan su condena en Chile. Cumplan alguna condena, en realidad.

    Puedes revisar el fallo de la Corte Suprema en el siguiente link.

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