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  • Iván Aróstica, presidente del Tribunal Constitucional (TC), omitió poner en la tabla del pleno una causa relacionada a la “Operación Cóndor”. Además, gran parte de los casos de derechos humanos de la Región de Ñuble siguen detenidas.

    “El Tribunal Constitucional no sólo ha generado polémica por sus fallos en los últimos proyectos de ley en los que ha resuelto sobre requerimientos de inconstitucionalidad, sino que también ha mantenido suspendidas varias causas de derechos humanos convirtiéndose en una estrategia de los uniformados para dilatar sus condenas”, plantea una nota al respecto en Radio Universidad de Chile.

    De 30 causas de derechos humanos que han ingresado al TC entre noviembre de 2015 y el 1 de abril pasado, a 21 se les ha aplicado la suspensión del procedimiento y 12 se encuentran pendientes.

    Iván Aróstica, presidente del Tribunal Constitucional.

    Por ejemplo, un año y ocho meses paralizada en el tribunal lleva la causa por el homicidio calificado de Miguel Estol Mery, ocurrido en octubre de 1973. La investigación se inició en enero de 2011. En enero de 2016, el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó una condena de 7 años de presidio para el ex brigadier del Ejército Alfonso Videla, y de 5 años para el cabo Víctor Muñoz, sentencia que fue ratificada por la Corte Suprema, aumentando a 10 años la pena para el primer militar.

    “Pero la defensa de Videla recurrió al TC buscando declarar inconstitucional una serie de preceptos legales, presentando un requerimiento que fue admitido por los ministros de la Sala por cuatro votos contra uno. En agosto de ese mismo año, el TC suspendió el procedimiento del caso y sólo siete meses después llegarían a un acuerdo para fallar. Sin embargo, todavía no dictan sentencia”, informa Radio Universidad de Chile.

    El artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional señala que este organismo tiene un plazo de 30 días para dictar sentencia prorrogables por 15 días. “El panorama dista mucho de lo anterior y se ha configurado un mecanismo para cuestionar la legitimidad de los juicios y retrasarlos”, agrega el portal de noticias.

    El caso de la  detención y desaparición de 5 militantes del FPMR en 1987, en represalia por el secuestro del ex coronel del ejército Carlos Carreño, alertó sobre el entorpecimiento del TC en los casos de crímenes de lesa humanidad. “Se trató de la primera que llegó a esta instancia con un número significativo de procesados, 33 agentes de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), y, por lo tanto, con un número considerable también de defensores. Es decir, había muchos ojos puestos en el evidente retraso del tribunal que luego de un año y 19 días entregó su veredicto con un unánime e incomprendido 9-0 en contra del requerimiento de inconstitucionalidad presentado por parte de los militares”, detalla Radio Universidad de Chile. Debido a la dilación del TC, el procesado ex CNI Arturo Sanhueza se dio a la fuga.

    Según denuncia el portal de noticias, el nuevo presidente del TC, Iván Aróstica, “tiene un perfil ultraconservador, fue nombrado ministro del tribunal en 2013 por Sebastián Piñera y a través de la prensa se conoció su gusto por coleccionar corvos y ser admirador de Jaime Guzmán”. “También se comenta que ex estudiantes universitarios lo escucharon decir en sus clases que ‘los detenidos desaparecidos vivían en Europa y que todo era un negocio’”, añade el medio de comunicación.

    A pesar de que en varias oportunidades el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia ha planteado su preocupación a la Subsecretaría de Derechos Humanos, e incluso le ha entregado tablas con los casos suspendidos, el organismo no se ha pronunciado. A principios de abril, los abogados Nelson Caucoto, Francisco Ugas y Francisco Jara presentaron formalmente una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. A través de un oficio, la diputada Carmen Hertz, presidenta de dicha instancia, pidió al TC “responder sobre el evidente entorpecimiento en las causas de lesa humanidad”.

    Del total de causas de derechos humanos que se encuentran suspendidas en el TC, llama la atención la paralización de la mayor parte de los casos correspondientes a la Región de Ñuble. “Desde que la Corte Suprema ordenó la reasignación de causas, en enero de 2017, estas se trasladaron desde la Corte de Apelaciones de Chillán al ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana Fuentes. De nueve casos sólo uno tenía procesamiento, lo que se revirtió con este cambio y actualmente en siete hay uniformados encausados. Lo preocupante es que cinco de estos últimos casos están detenidos por el TC”, apunta Radio Universidad de Chile.

    La abogada de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chillán, Patricia Parra, afirma que “el TC se ha convertido en una verdadera trinchera para la impunidad, los victimarios prefieren morir antes de ir a la cárcel, o que mueran las víctimas, sus familiares o testigos para que no se dicten condenas”.

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