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    El caso de Los Hornos de Lonquén ha sido emblemático para el país, ya que logró estremecer a la opinión pública y, a su vez, marcó un hito tremendamente doloroso para los familiares de detenidos desaparecidos víctimas de la dictadura, ya que este hallazgo vino a corroborar sus peores temores, confirmando que sus seres queridos estaban muertos. De esta manera, el régimen militar ya no pudo seguir afirmando que “muchos de los presuntos desaparecidos no tienen existencia legal.”, como dijo anterior al hallazgo, el delegado de Chile ante las Naciones Unidas, Sergio Diez, en la Tercera Comisión de la Asamblea General de aquel organismo, el 7 de noviembre de 1975.

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    Primera Comisión a Lonquén

    El 30 de noviembre de 1978, la Vicaría de la Solidaridad, en ese entonces bajo la dirección del sacerdote Cristián Precht, creó una Comisión encargada de verificar las declaraciones hechas por un anciano, quien aseguraba haber encontrado numerosas osamentas humanas en las minas abandonadas de Lonquén.

    Ese día partió rumbo a Lonquén la comisión integrada por Enrique Alvear, el obispo auxiliar de Santiago; el Vicario Precht y Javier Egaña, Secretario Ejecutivo de la Vicaría; el abogado jefe de la Vicaría, Alejandro González; el abogado Máximo Pacheco; el director de la revista Qué Pasa, Jaime Martínez y el subdirector de la revista Hoy, Abraham Santibáñez.

    Los hornos, ubicados al interior de la cooperativa agrícola El Triunfador, a unos 14 kilómetros de la ciudad de Talagante, eran dos viejas chimeneas de nueve metros de altura previamente utilizadas para la preparación de cal.

    “Llegados allí, el abogado González removió los escombros y se introdujo por la bóveda. Comenzó a despejar el camino hacia arriba, partiendo de la base del horno a nivel de la tierra, y un tórax humano le cayó encima. Poco a poco fueron viendo que la chimenea del horno estaba tapada por un amasijo de fierros y enrejados que ocultaban una mezcla de huesos, ropa, cal y piedras.” (La Memoria Prohibida.)

    La comisión regresó a Santiago y al día siguiente, el primero de diciembre, presentó una denuncia formal ante la Corte Suprema. El presidente de la Corte, Israel Bórquez, encargó a la jueza del crimen de Talagante, Juana Godoy, a que confirmara el hallazgo e investigara el caso. Godoy convocó a Investigaciones y antes de que estos llegaran al sitio partió rumbo a Lonquén con un grupo de la Vicaría encabezado por el sacerdote Gonzalo Aguirre, y el cual además incluía al fotógrafo Luis Navarro. La Vicaría, mientras tanto, había contratado una empresa constructora para que iniciara las excavaciones, y dentro de tres días el doloroso trabajo estaba listo y los restos de los quince cuerpos habían sido sacados de su lugar de entierro.

    Caso Hornos de Lonquén

    Falsos testimonios

    Los análisis del Instituto Médico Legal confirmaron que los restos humanos correspondían a las familias de los desaparecidos de la comunidad rural de Isla de Maipo. El 6 de diciembre de 1978 el Pleno de la Corte Suprema designó Ministro en Visita Extraordinaria al Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Adolfo Bañados Cuadra, encargándolo de proseguir la investigación del hallazgo de Lonquén.

    La investigación de Bañados estableció que los quince hombres que, hasta ese entonces habían engrosado la lista de desaparecidos, fueron efectivamente detenidos el 7 de octubre de 1973 por carabineros de la Tenencia de Isla de Maipo.

    El Ministro además estableció la falsedad de las versiones de los ocho funcionarios implicados en las 15 muertes, quienes declararon que las víctimas murieron en confusos enfrentamientos nocturnos. Al comparecer ante el juez Bañados, el Capitán de Carabineros, Lautaro Eugenio Castro Mendoza, declaró que los quince hombres fueron llevados a Lonquén después de ser detenidos, dado que uno de ellos le informó de la existencia de armas ocultas en las abandonadas minas. Castro agrega que al llegar a los hornos de Lonquén, fueron atacados repentinamente con armas de fuego desde los cerros durante unos quince minutos, durante lo cual, ellos respondieron de la misma forma, disparando. Según la versión de Castro, al finalizar el tiroteo, él y sus colegas se dieron cuenta que los 15 detenidos habían muerto, a pesar de que todos los carabineros resultaron totalmente ilesos.

    El 4 de abril de 1979 Bañados se declaró incompetente y el proceso pasó a la justicia militar. Sin embargo, el ministro en visita había llegado a importantes conclusiones. La investigación de Bañados había establecido que las víctimas no murieron durante un enfrentamiento y que la versión del Capitán Lautaro Castro era “intrínsecamente inverosímil”.

    “En ninguno de los quince restos esqueléticos, estudiados por el Instituto Médico Legal, se comprobaron señales de perforaciones, fracturas u otro tipo de vestigios que pudieran relacionarse con proyectiles de arma de fuego impactando un organismo vivo, por lo que la muerte de las quince personas hay que atribuirla a otras causas,” señaló la resolución del Ministro Bañados. De hecho, en la opinión de algunos, no todas las víctimas fueron enterradas muertas en los hornos.

     

    Reos Impunes

    El 2 de julio de 1979, el Fiscal Militar dictó encargatoria de reo en contra el Capitán Lautaro Castro Mendoza, y a los carabineros, Juan J. Villegas Navarro, Félix Sagredo Aravena, Manuel Muñoz Rencoret, Jacinto R. Torres González, David Coliqueo Fuentealba, José Belmar Sepúlveda y Justo Romo Peralta, todos en calidad de autores del delito de la muerte de los quince detenidos el 7 de octubre de 1973. Sin embargo, el 16 de agosto en virtud del Decreto Ley de Amnistía de 1978, se sobreseyó definitivamente en favor de los reos. Esta resolución fue confirmada por la Corte Marcial el 22 de octubre de 1979.

    Los desaparecidos son individualizados

    Cuando terminó la investigación, los familiares de las víctimas pidieron que se les entregaran los cuerpos para darles sepultura. Sin embargo, aunque el Fiscal Militar Gonzalo Salazar ordenó entregar los restos de las víctimas a sus familias, los restos fueron sacados esa noche del Instituto Médico Legal en forma subrepticia y fueron enterrados en una fosa común con el fin de evitar cualquier tipo de demostración contra un régimen que en repetidas ocasiones había declarado que los detenidos – desaparecidos eran un invento de la izquierda.

    De hecho, seis meses antes del hallazgo de Lonquén, el ministro del Interior, el civil Sergio Fernández, dijo, en respuesta a las presiones por parte de familiares de detenidos – desaparecidos, “es muy factible que la gran mayoría de los presuntos desaparecidos haya pasado a la clandestinidad o haya caído en enfrentamientos bajo las identidades falsas que portaban, impidiendo su individualización.” Lonquén, sin embargo, comprobó que, al contrario de lo que decían las altas cúpulas del régimen, los detenidos desaparecidos existían realmente y, en este caso, habían muerto bajo circunstancias extrañas y sus cuerpos habían sido ocultados.

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    Recordando el pasado

    En marzo de 1980 el nuevo propietario del fundo Lonquén dinamitó los hornos, cambiando para siempre el sitio que se había transformado en un lugar de peregrinaje para los parientes y amigos de los quince muertos. A pesar de todos los esfuerzos para borrar a Lonquén del mapa de la memoria colectiva, el sitio no ha sido olvidado, ni así las víctimas que ahí fueron encontradas.

    En el año, 1998, la propuesta de la Empresa Metropolitana de Residuos Sólidos, EMERES, de instalar un basural en Lonquén, provocó la indignación y oposición de los familiares de los muertos de Lonquén y de organismos de derechos humanos. “Pretenden cubrir con basura las violaciones a los derechos humanos,” declaró en febrero de 1998 José Auth, dirigente del Partido Por la Democracia, quien respalda la solicitud de los familiares de las víctimas quienes exigen la instalación de un memorial en el lugar en vez de un basural.

    Purísima Muñoz, cuyo marido, Sergio Maureira Lillo, fue asesinado en Lonquén, junto a tres de sus hijos, señala que, “instalar un basural en Lonquén sería como tirar basura en un lugar sagrado.”

    Afortunadamente eso no sucedió, pero hasta el día de hoy, el caso no había tenido mayores avances en pro de la justicia y la memoria. Por eso, esta es una gran noticia.

    La magistrada sindica finalmente como responsables a siete efectivos de Carabineros en retiro, de los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado de:

    Enrique Astudillo Álvarez

    Omar Astudillo Rojas

    Ramón Astudillo Rojas

    Miguel Brant Benavente

    Carlos Hernández Flores

    Nelson Hernández Flores

    Óscar Hernández Flores

    José Manuel Herrera Villegas

    José Manuel Maureira Muñoz

    Rodolfo Maureira Muñoz

    Segundo Maureira Muñoz

    Sergio Maureira Lillo

    Sergio Maureira Muñoz

    Manuel Navarro Salinas

    Iván Ordoñez Lama

     

    La magistrada señaló que los responsables de diferentes delitos, que en ese momento trabajaban como efectivos de la tenencia de Carabineros de Isla de Maipo son:

     

    Marcelo Iván Castro Mendoza

    David Coliqueo Peralta

    Pablo Ñancupil Raquileo

    Justo Romo Peralta

    Félix Sagredo Aravena

    Jacinto Torres González

    Juan José Villegas Navarro

     

    De acuerdo a la investigación de la magistrada se ha determinado que:

    “El día 7 de octubre de 1973, cuatro jóvenes que se encontraban en la plaza de Isla de Maipo fueron detenidos por Carabineros de la Tenencia de Isla de Maipo y trasladados a la misma, sin que se tuviera noticias de sus paraderos, hasta que por medio de una denuncia que conoció la Iglesia Católica a fines de 1978, se estableció que sus restos habían sido inhumados en los hornos de Lonquén, lográndose posteriormente la identificación de sólo tres de ellos.

    Ese mismo día, en horas de la noche, efectivos de Carabineros de la tenencia antes indicada, quienes se movilizaban en una camioneta de propiedad del dueño de la viña Nahuayan, detuvieron en sus respectivos domicilios a once personas pertenecientes a tres familias del sector, siendo éstos posteriormente trasladados a dicha tenencia, sin que sus familiares pudieran tener noticias de ellos, hasta que a raíz de la denuncia anónima que conoció la Iglesia Católica a fines de 1978, estableció que habían sido inhumados en los hornos de Lonquén, identificándose con posterioridad los restos de éstas once víctimas”.

    Las sentencias para los carabineros se esperan para el primer semestre de 2015.

    Han tenido que pasar 41 años para que estas familias encuentren justicia y nada justifica la tardanza. Sin embargo lo que está sucediendo, en parte, puede compensar el dolor de los familiares y es una buena señal para Chile en materia de Derechos Humanos.

    Es de esperar que los asesinos no vayan a cárceles especiales, alegando enfermedades o ancianidad y que la justicia pueda sentar un precedente en cuanto a la criminalización y sentencia de sujetos que fueron partícipes de un proceso histórico que enlutó a toda América Latina y que nos golpeó brutalmente a los chilenos.

    Si quieres conocer más sobre este caso, te dejamos el documental “Hornos de Lonquén” de Luis Díaz Bahamondes. Es un documental necesario para comprender parte importante de nuestro pasado reciente.

    En Twitter: @AngelaBarraza

    Fuentes: Memoria Viva

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