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    La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia por casos de violaciones a los derechos humanos que investigaron en primera instancia los ministros en visita Hernán Crisosto Greisse y Mario Carroza Espinosa, respectivamente.

    La Primera Sala del tribunal de alzada condenó a nueve ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Vicente Segundo Palominos Benítez, en el marco de la “Operación Colombo”.

    La “Operación Colombo” o el “Caso de los 119” fue un operativo orquestado por la DINA para encubrir la desaparición forzada de 119 opositores al gobierno militar de Augusto Pinochet. La idea tras la acción fue hacer creer a la opinión pública, a través de un trabajo coordinado con medios de comunicación latinoamericanos, que los desaparecidos habían fallecido en enfrentamientos internos y con policías extranjeras.

    César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann fueron condenados a 13 años de presidio, en calidad de autores del delito. Por su parte, Orlando José Manzo Durán deberá cumplir 4 años de prisión, en calidad de coautor, mientras que Manuel Heriberto Avendaño González, Pedro Ariel Araneda Araneda, Alejandro Francisco Astudillo Adonis y Demóstenes Eugenio Cárdenas Saavedra fueron sancionados con 3 años de presidio.

    Durante la investigación se estableció que el nombre de Vicente Palominos “apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista LEA de Argentina, de fecha 15 de julio de 1975, en la que se daba cuenta que (…) había muerto en Argentina, junto a otras 59 personas pertenecientes al MIR, a causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros (…)”.

    En ese sentido, el fallo destaca que las mencionadas publicaciones que dieron por muerto a Palominos Benítez “tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior”.

    Además de la condena penal, se confirmó la sentencia que obliga al fisco a pagar una indemnización de 100 millones de pesos a familiares de la víctima.

    El Ciudadano / Fuente: Poder Judicial

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