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    Por estimar que la detención de la documentalista Elena Varela, así como la incautación de su material fílmico, pueden provocar un “daño grave e irreparable” a su persona, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Así lo dieron a conocer el académico Nicolás Espejo, Director de la entidad universitaria, Francisco Gedda, en representación de la Asociación de Documentalistas de Chile, Bruno Bettati, presidente de la Asociación de Productores de Cine y Televisión, y Paulina Acevedo, del Observatorio de Derechos de Pueblos Indígenas, durante una conferencia de prensa realizada en la Facultad de Derecho de la UDP.
    También estuvieron presentes otros representantes del mundo artístico, como Angela Ramírez, de la Asociación de Artistas Contemporáneos y el cineasta y director de la película “Machuca”, Andrés Wood, quien se refirió a la situación que afecta a la documentalista: “Acá se está operando con un exceso propio de otra época, de otro país, de otro gobierno, de otras personas, entonces no lo entiendo realmente. Finalmente el derecho mínimo a cautelar los trabajos de periodistas, documentalistas, cineastas, de cualquier persona a mi parecer, el derecho a tener un pensamiento distinto, está en jugo. Solidarizo absolutamente con Elena por todo lo que está pasando, independientemente de si hay una responsabilidad penal o no”.
    Actualmente, Elena Varela se encuentra en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Rancagua, tras ser detenida en Licán Ray, IX Región, el pasado 7 de mayo, luego de lo cual fue formalizada por el delito de asociación ilícita para delinquir, de participar en el robo de una institución previsional el año 2005, y de ayudar al robo de un banco el 2004.
    A la fecha de su detención, la artista se encontraba dedicada a la realización del documental “Newen Mapuche”, cuyo objeto era dar cuenta de las demandas y del conflicto mapuche en la región de la Araucanía. El proyecto se había adjudicado $52.929.710 en el Fondart 2007, pero tanto el material de esa película como el de otro documental en el que se encontraba trabajando, “Los Sueños del Comandante”, cuya etapa de investigación y guión era respaldada y financiada con un Fondo de la CORFO, fueron requisados en su totalidad.
    La gravedad de la situación, alega el Centro de DD.HH. de la UDP ante la CIDH, radica en tres aspectos: el operativo mismo de la detención, en el cual participaron 450 efectivos policiales, quienes “trataron con evidente desdén a Elena, afectando su dignidad y con el único objetivo de reunir material que para ellos podría resultar indiciario de una supuesta asociación ilícita, lo que en definitiva demuestra que el real objetivo fue amedrentarla a ella y a su equipo, y dar la señal para todo quien decida realizar un documental sobre el pueblo mapuche, que será sospechoso de participar en actividades ilícitas”.
    La gravedad se expresa también en relación con la obra misma, se agrega. “De la información disponible se sabe que dicho material está en posesión de la Policía de Investigaciones y que la ministra de Cultura habría encargado su copia. Ello sin embargo, es una medida parcial que no asegura la integridad de la información incautada y menos la protección de las fuentes. Asimismo se desconoce el tiempo en que dicha información estará en manos de las autoridades, negando a su autora cualquier conocimiento y acercamiento a la misma”.
    Por último, se señala, “la gravedad existe toda vez que la sociedad toda ha quedado impedida de conocer los detalles del documental Newen Mapuche. Más aún, se le está negando informarse sobre lo que ocurre en relación con el conflicto mapuche, al censurar tanto este documental en elaboración, como Los Sueños del Comandante, obra no exhibida hasta la fecha”. En este mismo sentido, se recalca, “la incautación del material fílmico y detención de Elena Varela produce un efecto inhibidor en los demás artistas, los que por temor a ser objeto de las mismas represalias se abstendrán de dar cuenta de cualquier información que pueda relacionarlos con el conflicto mapuche”.
    Parte del recurso presentado ante la CIDH describe la trayectoria de Elena Varela López, como “una reconocida cineasta y documentalista, artista, creadora, licenciada en música de La Universidad de Chile, intérprete en clarinete y saxofón, compositora y directora de orquesta, magíster en Artes con mención en Musicología, educadora de música y lenguaje audiovisual”. Como cineasta y documentalista, añade, “ha dedicado su vida al arte y a la cultura. Fundó la ‘Escuela de Todas Las Artes’ en 1997, en la que se desempeñó por diez años, formó el ‘Colectivo de Cine Ojo Film’, la ‘Orquesta Sinfónica de niños de Panguipulli’ y la ‘Productora de cine Ojo Film’. Fue también durante el año 2005 encargada de cultura en la ciudad de Pucón, IX Región de la Araucanía”.
    OTRAS PRESIONES
    La presentación también describe el permanente hostigamiento del que han sido víctima otros documentalistas en la zona, como los periodistas franceses Christopher Cyril Harrison y Joffrey Paul Rossj, detenidos en marzo pasado en la localidad de Collipulli, cuyas cintas fueron igualmente requisadas y jamás devueltas. Algo similar ocurrió con Giuseppe Gabriele y Dario Ioseffi, dos documentalistas italianos, quienes fueron detenidos cuando filmaban una movilización mapuche en mayo, y posteriormente imputados por el delito de usurpación de tierras y expulsados del país.

    El académico y director del Centro de Derechos Humanos UDP, Nicolás Espejo, afirmó que en este caso, la solicitud de cautelares ente la CIDH es una medida en defensa de la libertad de expresión. Asimismo, explicó que una vez que esta es acogida, el organismo interamericano solicita al Estado de Chile que tome las medidas pertinentes para proteger los derechos vulnerados. Se espera tener una respuesta en dos semanas, precisó, ya que las cautelares tienen por definición el carácter de urgentes.

    Entre los firmantes de la solicitud figuran los documentalistas Viviana Erpel, Pedro Chaskel, Paola Castillo, Ignacio Agüero, Jaime Díaz Lavanchy y Francisco Gedda, Premio Altazor 2007; Bruno Bettati, presidente de la Asociación de Productores de Cine y Televisión; Paula Talloni, presidenta de la Asociación de Documentalistas de Chile; Patricio Martínez, presidente del Consejo Metropolitano de Periodistas de Chile; Paulina Avecedo, periodista; Faride Zerán, Directora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Periodismo 2007, Orlando Lübbert, Director de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad de Chile. Y las organizaciones Asociación de Documentalistas de Chile y Adoc AG, Plataforma Audiovisual de Chile.

    La (CIDH) es una de las dos entidades del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos en las Américas. Tiene su sede en Washington, D.C. El otro órgano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica.

    La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que actúa en representación de todos los países miembros de la OEA. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General.

    Susana Kuncar

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