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    El Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios (SEDCF) del Poder Judicial registra a un total de 707 personas procesadas actualmente por esos delitos.

    Según informó la coordinadora nacional del citado sistema, la jueza superior Susana Castañeda Otsu, esa cifra incluye no solo a funcionarios públicos, sino también a presuntos cómplices. Entre estos últimos, empresarios y abogados particulares.

    Todos ellos están comprendidos en 26 casos o procesos desde el inicio del funcionamiento del sistema anticorrupción el 31 de marzo del 2017, precisó Castañeda Otsu.

    De esos 26 expedientes, 18 se encuentran en etapa de investigación preparatoria (primera etapa del proceso judicial), 3 en control de acusación (fase intermedia), 3 en juicio oral y 2 en apelación de sentencia.

    La coordinadora del SEDCF también se refirió a las investigaciones preliminares; es decir, aquellas que aún no han sido formalizadas por el Ministerio Público.

    Comentó que el sistema anticorrupción ha resuelto requerimientos de medidas cautelares en 60 casos.

    Entre esas medidas cautelares, fueron atendidas solicitudes fiscales referidas al levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil; de las comunicaciones, de allanamiento, incautación, detención preliminar, entre otros.

    El sistema tiene competencia en casos que involucran a los presuntos miembros de Los Cuellos Blancos del Puerto, a la empresa Odebrecht, al denominado Club de la Construcción, Antalsis, La Centralita, aportes recibidos por la ex alcaldesa capitalina Susana Villarán, medidas cautelares contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, entre otros.

    LA justicia peruana también dirige investigaciones a los llamados funcionarios de cuellos blancos (Foto web)

    Corrupción de cuellos blancos

    El último expediente ingresado al sistema anticorrupción es el de “Los Cuellos Blancos del Puerto ”, que involucra a 13 integrantes, quienes son investigados por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, y otros en agravio del Estado, según reseñó el portal Gestión.

    En este caso, el Colegiado A de la Sala Penal Nacional de Apelaciones está en la fase de deliberación para emitir su decisión esta semana, tras la audiencia de apelación a la prisión preventiva de 36 meses impuesta a los investigados.

    “Atendiendo al estado crítico por los hechos de corrupción detectados en el sistema de justicia, creemos que es necesario pronunciarse en un plazo razonable”, señaló Castañeda.

    Sin embargo, recordó que el caso es complejo, pues la apelación tiene más de 5.000 folios (los agravios fueron planteados por doce de trece investigados), lo que demandó la realización de tres sesiones.

    El colegiado, que también integran los jueces Juan Guillermo Piscoya y Oscar Burga Zamora, escuchó los alegatos de los abogados contra la prisión preventiva emitida el 18 de agosto por el titular del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, Manuel Chuyo Zavaleta.

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