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    Un operativo policial sacó a la luz pública las actividades de una presunta organización criminal que traficaba con niños en Arequipa, Perú. Activistas por los derechos de la infancia aseguran que este tipo de delito es un desafío en América Latina.

    En Perú, el foco de la polémica se encuentra en un exdirector general de la Policía Nacional, quien es investigado por varios delitos relacionados con esa actividad criminal.

    Según Juan Martín Pérez García, secretario ejecutivo de “Red Latinoamericana y caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes“, las redes delictivas se favorecen de las adopciones ilegales.

    “En estos casos, las organizaciones criminales actúan en colaboración con funcionarios públicos de diferentes sectores para hacerse con los bebés y llevar a cabo estas adopciones. Aprovechan la fragilidad institucional de sus países y sus marcos normativos inexistentes o huecos”. En ocasiones, afirma a DW, la familia de destino no sabe lo que se esconde detrás del procedimiento de adopción.

    Guatemala en la mira

    Guatemala es uno de los países que está en el punto de mira a este respecto. El país fue, desde la década de los ’80, un punto clave del mercado mundial de adopciones irregulares.

    El resurgimiento, a partir de los años 2013 y 2014, del número casos de sustracciones, así como la presunta implicación de trabajadores sanitarios y del poder judicial a la que apuntaban las pocas investigaciones policiales que salían adelante, hizo saltar las alertas respecto a una realidad en la que, critican sus conocedores, reina la impunidad.

    Problemática étnica y cultural

    Los casos de niños y niñas mayores, por otro lado, son diferentes. Unicef alerta desde hace años de que las situaciones de empobrecimiento y vulnerabilidad son un caldo de cultivo para la proliferación de estas actividades delictivas. Al final, son los niños de las comunidades con menos recursos, menor acceso a las instituciones y que enfrentan peores situaciones de opresión ―como los menores indígenas― quienes están más expuestos. Es una cuestión de clase, pero también étnica, cultural y demográfica.

    Meredith Fabian, experta de la fundación Casa Alianza que trabaja por los derechos de la niñez en varios países latinoamericanos, subraya en una entrevista con DW que entre estos grupos más vulnerables se encuentran los niños que viven y trabajan en la calle, “que carecen de factores de protección como la familia o la escuela”.

    Pero también los menores migrantes, especialmente aquellos que emprenden solos el viaje hacia una incierta promesa de futuro, los llamados menores no acompañados. Un matiz que recuerda a las mediáticas caravanas de migrantes que desde hace semanas cruzan Centroamérica y México en dirección a Estados Unidos.

    Fabian argumenta que incide igualmente el riesgo que corren los menores que sufren situaciones de violencia doméstica, un blanco más fácil para las organizaciones criminales.

    “A partir de una determinada edad, el tráfico de niños ya no se dirige al mercado de las adopciones ilegales, sino que tiene como fin la explotación laboral o sexual, esta última sobre todo en el caso de las niñas”, dijo.

    No hay datos sistematizados sobre cuántas víctimas de tráfico de niños puede haber en América Latina, según confirmaron a DW varias organizaciones que trabajan en este ámbito. Más bien, explica Pérez García, la magnitud y la naturaleza de esta “industria del crimen” se van desvelando a golpe de titulares, con acontecimientos como el que ha ensombrecido a Perú estos días, los cuales, a juicio del experto, “van mostrando patrones”.

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