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    Estudiantes y profesores de las universidades públicas de Colombia, salieron a marchar este miércoles para denunciar la falta de financiamiento por parte del Estado neogranadino.

    La movilización protagonizada por las principales universidades del país, cuenta con el apoyo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, quienes en un comunicado advierten que “la educación superior pública en Colombia está al borde del colapso”.

    Estudiantes anuncian que tomarán otras medidas si no son escuchados

    “Nuestro principal objetivo es la defensa de la educación pública, integral y con calidad, desde los tres grados de preescolar hasta la universidad”, describe el texto del gremio.

    Se tiene previsto que los universitarios decreten “la hora cero”, un cese de actividades desde la medianoche de este jueves 11 de octubre, si el Gobierno colombiano no concreta la adición presupuestal que demandan.

    ¿Por qué irán a paro?

    Voceros estudiantiles, profesorales y personal administrativo como obrero de las universidades indicaron que la problemática en la educación pública superior se debe a la desfinanciación del sector.

    Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional de Colombia, afirmó que el principal problema de las universidades públicas es la ley 30 de 1992, que dicta los principios actuales de la educación superior pública en la nación suramericana.

    Montoya considera que la ley “fue válida en su momento” porque planteó que el presupuesto de las universidades públicas iba a crecer al menos un punto por encima del Índice del Precio al Consumidor (IPC), en la década de los noventa, pero esto se convirtió en un error “porque no se fijó un techo”.

    Comunidad universitaria demanda una política de Estado que permita un sostenimiento integral.

    Según la rectora, la tasa de crecimiento de las universidades en cobertura, programas, investigación y costos ha sido mayor al indicador y esto refleja atrasos de nómina e infraestructura de los centros educativos.

    “La crisis que estamos viviendo no es de ahora y lo que pasa es que todo este tiempo se ha querido ocultar, meter la mugre bajo el tapete, cuando la educación pública construye sociedad”, comentó la educadora.

    Los académicos exigen al Gobierno modificar el sistema de financiación de la educación pública superior mediante una política de Estado que permita un sostenimiento integral.

    Estimaciones para el 2019

    De acuerdo a fuentes oficiales, en el presupuesto General de la Nación para las universidades en el año 2019, se proyecta en  258.9 billones de pesos, cuando la educación superior tendrá un aumento de 1.97 billones de pesos.

    No obstante, la calidad y fomento de la educación superior se verán afectados, pues los costos para el funcionamiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, financiación de la demanda de las cohortes del programa Ser Pilo Paga, estampilla de la Universidad Nacional y fomento a la educación superior se consumirá todos los recursos.

    Los datos del Sistema Universitario Estatal (SUE), en la actualidad enfrentan un déficit en funcionamiento de 3.2 billones y en inversión de 15 billones. Además, la estigmatización de la educación pública desde los años 1990 conlleva a la privatización total de los recintos y aunado a esto el  empobrecimiento económico con una serie de medidas que buscan su precarización, señalamiento y deslegitimación social.

    ¿Qué piden los estudiantes?

    Las universidades públicas además de exigir la adición de 18 billones de pesos para mejorar la calidad educativa, demandan otras peticiones entre ellas:

    – A la Ciencia, la tecnología y a la investigación se le debe devolver 700.000 millones de pesos. Los jóvenes protestan porque dicen que se les ha quitado por parte del Estado.

    Créditos sin interés y transparencia con los recursos en las universidades privadas

    – Aumento de presupuesto para el Servicio nacional de Aprendizaje (SENA) y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) que permita comenzar a resolver sus problemas de infraestructura, vinculación docente y bienestar universitario en todo el país.

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