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    La mala e ineficiente gestión del dinero público por parte de los Gobiernos en América Latina y el Caribe, generan cada año un despilfarro de más de 220 mil millones de dólares, lo que serviría para ser destinado a políticas acertadas enfocadas en la erradicación de la pobreza.

    Así lo reveló un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual asegura que la cifra -equivalente a un 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB)- bien invertida “sería suficiente para acabar con la pobreza extrema en la región”.

    El documento que cuenta con más de 400 páginas, analiza los presupuestos de los países de la región y sus potencialidades de mejora, arrojando como principal conclusión que en tiempos de estrecheces presupuestarias, en los que el margen fiscal es estrecho, se puede (y se debe) hacer más con menos. De no asignar bien el gasto público, se estará hipotecando el futuro de los latinoamericanos, publica El País.

    Para el presidente del organismo financiero con sede en Washington, Luis Alberto Moreno, la eficiencia del gasto público es crucial y necesaria para que los países vayan por la senda del desarrollo y eviten conflictos sociales.

    La institución identifica tres grandes fuentes de ineficiencia presentes, en mayor o menor grado: compras públicas, transferencias monetarias y los salarios públicos.

    “A menudo, el gasto corriente crece por encima de la tendencia en las buenas, pero luego la inversión pública es la destinataria de los recortes por el ajuste en las malas (…) Este sesgo en detrimento de la inversión pública perjudica el crecimiento, puesto que el capital público es un factor determinante de la inversión privada, que a su vez es el principal motor del crecimiento económico. A esto se suma el hecho de que el efecto multiplicador de la inversión pública sobre el producto es mucho mayor que el del gasto corriente, razón por la cual una política de recorte de gastos que solo se centra en la inversión pública es errónea”, subrayan los técnicos del BID.

    Asimismo, señalan que la desconfianza ciudadana en sus autoridades “es un ingrediente clave: cuando hay un alto nivel de desconfianza -ya sea por la ineficiencia del gobierno o por la corrupción flagrante- los ciudadanos prefieren las transferencias a las inversiones a largo plazo”.

    El análisis también indica que hay que destinar dinero a la infraestructura, debido a que es el tipo de gasto que dinamiza el crecimiento, porque complementa la inversión privada, además revela que no siempre se toman las mejores decisiones de gasto es el de la educación.

    “Los latinoamericanos podrían tener acceso a más y mejor educación, servicios de salud, seguridad e infraestructura si sus gobiernos utilizaran los recursos existentes como lo hacen los mejores países del mundo. Esto significa reducir la criminalidad, obtener mejores resultados PISA, aumentar la esperanza de vida, y proporcionar más servicios de infraestructura”, enfatizó el presidente del BID, Luis Alberto Moreno.

    A.L.

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