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    Para Keiko Fujimori, hija del expresidente y exdictador peruano Alberto Fujimori, es “injusta” e “inhumana” la decisión de una sala de la Corte Suprema de anular el indulto humanitario de su padre.

    La orden judicial que revoca el beneficio otorgado el 24 de diciembre de 2017 por el entonces jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, se conoció este miércoles y la emitió el magistrado Hugo Núñez Julca, del juzgado de Investigación Preparatoria.

    Enella se ordena el reingreso a prisión del exmandatario para seguir cumpliendo su condena de 25 años de prisión, por ser autor mediato de delitos de lesa humanidad durante las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas por el grupo militar encubierto Colina en 1991 y 1992, reseñó EFE.

    En su primera reacción ante los medios, la líder del partido Fuerza Popular advirtió que apelarán la sentencia. A los “enemigos políticos” de su padre les pidió, “por favor”, poner “un alto y un límite al cálculo político, al odio y ensañamiento contra su familia”.

    “Todavía no he podido ver a mi padre. Es un uno de los días más tristes de nuestra vida. Es desesperadamente doloroso saber que un juez de nuestro país le ha quitado la libertad a mi padre, señalando que como no está moribundo no tiene derecho a un indulto humanitario y, en segundo lugar, que habría errores en la tramitación, y que el que tenga que pagar por estas culpas sea mi padre”, expresó Keiko.

    Un acto de justicia

    Por otro lado, los familiares de las víctimas se pronunciaron a través de los abogados defensores y celebraron la medida que revocó el indulto.

    La directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y defensa legal de las víctimas del exmandatario, Gloria Cano, dijo a la agencia EFE que están satisfechos de la resolución porque es “un acto de justicia”.

    “Lo que había pasado es que habían realizado un acto de impunidad que afectaba los derechos de las víctimas y creemos que con esta resolución nuevamente se restablece la justicia”, destacó.

    Reiteró que el indulto era “un agraviante contrario a los derechos de las víctimas y a la Convención Americana de Derechos Humanos” y ponía a la nación suramericana “en una situación de impunidad de graves violaciones a los derechos humanos”.

    En el mismo tono, el abogado de las víctimas Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), destacó con esta medida se “restablece el derecho a la justicia de los familiares de las víctimas de Barios Altos y La Cantuta”.

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