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    A causa de que 15 mil personas se encuentran privada de libertad, el Gobierno de Paraguay declaró emergencia por la sobre población que están albergados en los centros penitenciarios de esa nación, cuya capacidad de personas procesadas es de 8.500 reclusos, así lo informó Telesur.

    El Ministerio de Justicia, aprobó la agilización de los plazos para efectuar mejoras en las edificaciones, donde se hallan las personas procesadas o condenadas y que ya no cuentan con lugar para ser trasladados, permitiendo la reinserción de estos seres a la sociedad.

    Pese a que el ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, anunció la construcción de cinco nuevas cárceles que se sumarán a las 16 ya existente en el país, pero para que se concreten estos proyectos pasarían años.

    A juicio del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT) la construcción de estas nuevas sedes penitenciarias, no ayudaría a paliar la superpoblación de recursos ni solucionará el verdadero problema de las cárceles paraguayas. El organismo sostiene que la superpoblación está al límite, con un índice de 72,5 por ciento.

    La Defensoría del Pueblo precisó que el hacinamiento de reclusos son alarmantes. Para mejorar este sistema, se requiere de voluntad del Poder Judicial para revisar los expedientes de los reclusos y acelerar los trámites burocráticos jurídicos.

    Ante esta situación, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso anunció que estudiará a fondo la situación del sistema penitenciario de Paraguay.

    La declaración de emergencia evidencia que la situación de precariedad de los centros penitenciarios y la falta de políticas gubernamentales de los mandatarios anteriores, han dejado en el olvido a una población que por equis motivo cometieron algún tipo de delito y que merece que se le garantice los procesos judiciales correspondientes.

    Para ello, el Gobierno paraguayo firmó varios acuerdos internacionales para garantizar condiciones dignas a las personas privadas de su libertad.

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