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    ● Formalización del ex gerente de la planta Licancel, Eduardo Quezada, Abogados y dirigentes de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Conapach sostienen que la Contaminación en el río Mataquito se debió a la desesperación de enriquecimiento de Celco, a costa del medio ambiente y la fuente de trabajo de pescadores y agricultores de la zona.

    ● “La empresa ganó millones de pesos a través de la venta de electricidad a costa de mantener un sistema de aireación de la laguna de efluente bajo lo recomendable, cuestión que es una decisión de la empresa, no de un gerente de planta, por lo que debe establecerse quienes fijaron esta política en Celco.” expresó Zoila Bustamante, presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile.


    De acuerdo a las investigaciones realizadas por el fiscal de Licantén José Alcaino a raíz de la contaminación del río Mataquito se pudo comprobar la deficiente gestión ambiental que la empresa Celco mantiene en sus plantas de Celulosa, lo cual provocó la muerte de la ictiofauna en su desembocadura, ocurrida los primeros días de junio del año 2007, en la comuna de Licantel, región del Maule.

    Una serie de inexcusables errores, actuaciones conscientes y deliberadas en la gestión de la planta de CELCO Licancel, tales como la operación de a penas uno de los 15 aireadores que regulaban el Ph de los Riles en la laguna de efluentes. Esta situación, se debería a que la empresa vendía electricidad al sistema interconectado central (SIC) por lo tanto sólo utilizaba el mínimo de energía para el exigente proceso de fabricación de celulosa.

    Otra de las acciones deliberadas de esta empresa fue no detener las descargas de residuos al río cuando una serie de señales indicaba que los niveles de PH y sólidos suspendidos, estaban por sobre lo permitido por la autoridad ambiental.

    De esa forma el incumplimiento de las normas ambientales ISO 9001 y 14001 suscritas personalmente por la empresa, al momento de ocurrencia de los siniestros que provocaron los derrames de licor negro sin tratar y que llegaron directamente al río, son algunas de las causas que provocaron este siniestro ecológico que aniquilo los recursos hidrobiológicos extraídos por las comunidades de pescadores artesanales que viven históricamente en la desembocadura y en sus alrededores afectados por el grave derrame de tóxicos desde CELCO Licancel, VII región, Chile .

    Según consta en las carpetas investigativas y en la serie de procesos sanciones iniciados por los servicios públicos con competencia ambiental en contra de Celco Licancel, se puede estimar que quienes tenían las facultades para detener la operación de la planta y así evitar la descarga de riles sin tratar y con niveles de PH sobre la norma, prefirieron continuar con la operación de la planta en vez proceder a detener el proceso de producción de celulosa que era lo aconsejado por las normas de contingencia de la propia Planta, es decir, se prefirió enriquecer los intereses del grupo económico CELCO y empobrecer el medio ambiente y a los pescadores artesanales y agricultores que dependen del río Mataquito.-

    “La empresa ganó millones de pesos a través de la venta de electricidad a costa de mantener un sistema de aireación de la laguna de efluente bajo lo recomendable, cuestión que es una decisión de la empresa, no de un gerente de planta, por lo que debe establecerse quienes fijaron esta política en Celco.” expresó Zoila Bustamante, presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile.

    Por esa misma razón, el próximo 8 de enero de 2008 ante el juzgado de garantía de Licantel el fiscal José Alcaino solicitará la formalización del ex gerente de la Planta Licancel, Eduardo Quezada, por su responsabilidad en este grave siniestro ambiental.

    En ese sentido el fiscal Alcaino, explicó que esta formalización se basa en el artículo 291 del Código Penal que sanciona “la propagación indebida de sustancias tóxicas que por su naturaleza sean susceptibles de poner en peligro la salud animal o vegetal” y el artículo 136 de la Ley General de Pesca y Acuicultura que sanciona “al que introdujere o mandare introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos, sin que previamente hayan sido neutralizados para evitar tales daños”

    Una opinión similar expresaron a este medio los abogados que defienden a las comunidades de pescadores quienes entablaron sendas querellas criminales en contra de los que resulten responsables por los delitos penales del art. 291 del Código Penal y el delito especial del artículo 136 de la ley de Pesca en representación de las organizaciones de pescadores de la trinchera, Pesca, Duao y Llico , Ignacio Poblete Newman y Cristian Tapia, asesores legales de Conapach, son muy claros en señalar que “Existe una actuación o representación de un actuar delictual de los formalizados que no es para nada negligente, sino más bien, una clara representación del daño que se le causaría al medioambiente del lugar y, en ese actuar, prefirieron derramar los tóxicos al Río, por lo tanto, deberán asumir todas las responsabilidades penales que el ordenamiento jurídico ambiental vigente le exige.”

    Patricio Gutierrez, dirigente del sindicato de pescadores de Caleta Llico, quienes se vieron afectados por la contaminación del Río, expresó que si bien este es un hecho significativo el que se desarrolle un juicio a estas personas sin embargo expresó que “hoy la justicia en nuestro país, en materia medioambiental es tan superficial. Ya que no sacamos nada con que ellos vayan a la cárcel si la empresa cuando vuelva a operar al cien por ciento siga botando metales pesados al río”

    En ese sentido el pescador y dirigente es claro en señalar que “lo que necesitamos como pescadores es que exista una orden a la recuperación del río así como también un compromiso por parte de la empresa y una fiscalización real de que esta no seguirá contaminando, lo cual permita colaborar en la comercialización de nuestros recursos que hoy fueron afectados”.

    En ese mismo sentido Gutierrez cree que la autorización del gobierno tanto de reanudar el 100 % de la producción por parte de la planta así como el levantamiento de la prohibición de pesca en la zona afectada por el Licor negro, son decisiones apresuradas y condicionadas por presiones políticas y de los empresarios turísticos, sin embargo expresa que “¿Cómo podemos asegurar que los metales se fueron del fondo?, esa es una prueba mas de la poca transparencia en torno a este tema. Así mismo como hoy el CDE decide acordar con Celco la suma que compensará el daño, y así como la mesa de crisis no se reunió más sin explicación hacia los pescadores”

    Los profesionales de CONAPACH explicaron que tal como consta en la carpeta investigativa; al llenarse las lagunas con el ácido sulfúrico, el cual es utilizado para blanquear la pulpa, “este comando determinó desechar los tóxicos al río, con la única intención de no paralizar el proceso de producción”

    Luego de once intentos para poner en marcha la planta, en tanto la anormalidad en la cual se encontraban los sistemas de tratamiento, el comando decidió no paralizar la producción por eso se contribuyó con más licor negro de desecho. Esta sustancia no podía ser acopiada de manera óptima dado que la laguna de emergencia se encontraba ya colapsada, esto significó descargar directamente en la laguna de efluentes, alterando la composición de los riles que fueron descargados finalmente al río Mataquito.

    Conapach cuestiona Acuerdo entre el Estado y Celco

    Hace aproximadamente diez días atrás la procuraduría fiscal de Talca, representante del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en la región, luego de tres meses de entablada una demanda en contra de Celco acordó con la empresa suspender por 90 días el proceso judicial a fin de llegar a un avenimiento.

    El procurador del Consejo en esa región José Isidro Villalobos, explicó que “El CDE tiene la facultad legal para llegar a este tipo de acuerdos y no es extraño en las causas que interviene el Consejo. Es una vía mucho más rápida para el resarcimiento de las victimas”, expreso el jurista.

    “Aun no existe una sentencia pero es posible hacerlo siempre que la empresa está dispuesta a la reparación (…) tengo entendido que durante todo este tiempo han compensado a los pescadores de los sindicatos que se vieron afectados (…) por lo tanto incluso para ellos este mecanismo será positivo para acelerar la recuperación de la flora y fauna del río”, expresó Villalobos.

    “El CDE firmó un acuerdo de suspensión con la empresa que entraba la participación de los afectados en la discusión de la reparación ambiental que no solo pretende el Estado sino que también interesa a los pescadores artesanales y a los agricultores de la zona. Al igual que en Mehuin, la autoridad vela por el futuro de la empresa y no por el de las Comunidades Costeras que tienen en el mar su fuente de vida y trabajo” expresó Zoila Bustamante.

    Daniela Olivares

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