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    Un proyecto de más de 120 hidroeléctricas están siendo planeadas para la cuenca amazónica del río Juruena y de sus afluentes, situados en el estado de Mato Grosso, centro oeste de Brasil, que podría convertirse en nuevos planes para la inversión y producción de energía a costa de intervenir la región sin autorización de las poblaciones indígenas.

    Otros problemas que también padecen los lugareños ancestrales es la deforestación, debido a los monocultivos de soja y algodón, así como a la extracción de recursos naturales, incluso los grandes pastos para ganado.

    Los intereses del nuevo presidente, Jair Bolsonaro apunta a abrir el camino para el “desarrollo y crecimiento económico de Brasil”, sin importar las tierras indígenas y las reservas ambientales que se hallan “sobredimensionadas” y que generaría un obstáculo para ese desarrollo del país.

    Esta gran fuente de biodiversidad ha sido la protagonista de los discurso del recién mandatario de Brasil

    Sin embargo,  la Justicia brasileña se empeña en defender los derechos de los aborígenes y lo demuestra la reciente anulación de licencia para construir la primera de estas hidroeléctricas, puesto que dicha instancia exige que se cumpla la consulta previa, libre e informada de las poblaciones afectadas.

    Pero, la Amazonia fuente de biodiversidad y con un enorme potencial hídrico, ha sido la protagonista de los discursos del nuevo gobierno, quien ha considerado “flexibilizar la legislación” para favorecer la explotación de recursos naturales y que con el nombramiento de la futura ministra de Agricultura, Tereza Cristina da Costa Dias, representante de los intereses del sector del agronegocio, así como del ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, quien defiende que el concepto de cambio climático es un “complot marxista”, se vislumbra una gran batalla entre los indígenas y los futuros funcionarios.

    Legislación

    En un artículo publicado por RT titulado “Una centena de hidroeléctricas amenaza los pueblos de la selva amazónica” se detalla que la legislación brasileña exige que las inversiones de hidroeléctricas consulten a la población afectada.

    “En defensa del derecho de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, la Justicia Federal del estado brasileño de Mato Grosso anuló el pasado 9 de noviembre el proceso de licencia ambiental para la empresa Pan Partners Investimentos Patrimoniais Ltda, responsable del proyecto de la central hidroeléctrica Sacre 14″, resaltó.

    En el texto también se hace mención a que la decisión dictaminada por el juez Frederico Martins se específica que “la continuidad del proceso de licencia ambiental sin la realización del protocolo de consulta previa, libre e informada a todas las comunidades indígenas afectadas directa o indirectamente puede ocasionar un daño irreversible“.

    Todo proyecto en la región debe ser discutido y aprobado por los indígenas

    Así mismo, reitera que el derecho a esta consulta está determinado por la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y promulgada por el Decreto nº 5051/2004. La garantía de tal derecho también está recogida en el Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas.

    El dictamen sienta un precedente legal de respeto al derecho de consulta previa, libre e informada, un principio ya anteriormente cuestionado en otros proyectos energéticos. Aunque Sacre 14 está clasificada como pequeña central hidroeléctrica (PCH) sus impactos no son desdeñables en lo ambiental, social, cultural y en lo jurídico.

    No reconocimiento ancestral

    La aprobación de la licencia para la construcción de esta PCH podría abrir el camino a la centena de emprendimientos previstos por Bolsonaro para la cuenca del río Juruena, cuya razón las poblaciones están acompañando de cerca este proceso, que ya fue bloqueado en marzo y en octubre de 2017, por el mismo motivo.

    No reconocemos el proyecto Sacre 14 ni, consecuentemente, su estudio de componente indígena como documento válido y representativo de los impactos ambientales, sociales y culturales a los que todos los pueblos de esta cuenta estarían expuestos”, relata un manifiesto que representantes de los pueblos indígenas.

    La carta firmada fue enviada al Ministerio Público Federal de Mato Grosso está avalada por las etnias Manoki, Nambikwara, Myky, Apiaká/Rio dos Peixes, Kayabi, Munduruku y Rikbaktsa; su fin único es oponerse a este primer emprendimiento hidroeléctrico.

    El complot gubernamental

    Representantes de estas comunidades cuestionaron también el estudio sobre los impactos de las obras en las comunidades indígenas ya que faltarían, entre otros elementos, un análisis de la alteración del ecosistema de los peces del río, fundamentales tanto en la dieta como en los rituales indígenas.

    Pan Partners defiende entre otros argumentos, que la inversión podría generar puestos de trabajo en la región, una promesa para muchos atractiva. Frente a la falta de respuesta por el recurso interpuesto por la empresa, la Justicia mantiene la obligación de cumplir los requisitos recogidos por la ley para poder avanzar con la licencia de tal inversión.

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