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    El propósito de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en Colombia es proporcionar ayuda para dinamizar el campo y preservar la biodiversidad.

    En ese país actualmente hay 64 zonas que funcionan sin ayuda estatal, apegados los campesinos al decreto 1777 de 1996, que permite servir como zonas de amortiguación para el Sistema de Parques Nacionales Naturales.

    Están referidas a proyectos productivos sostenibles con el medio ambiente que ayudan a controlar la expansión de la frontera agropecuaria y de proyectos extractivistas.

    “Se puede hacer un manejo de conservación del medio ambiente aprovechando que ya existen arreglos sociales en torno al territorio. No hay que partir de ceros, existen comunidades que hay que respaldar y llevarlas a que cumplan los objetivos de conservación”, resalta Wilmer Marín, del programa Ciencias Sociales y Saberes de la Biodiversidad, del Instituto Alexander von Humboldt.

    Para Marín, si bien se percibe como antagónica la presencia de gente en áreas de conservación, lo cierto, según la experiencia que ha visto en las ZRC, es que hay personas viviendo en estos territorios desde hace mucho tiempo, que los conocen y saben cuál es la mejor manera de preservarlos. Además, se están organizando para que sus territorios sean sostenibles económica y ecológicamente.

    Después de reunirse en varias ocasiones con la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), se aliaron para comenzar una caracterización ambiental de las zonas constituidas y por constituir. Así, la importancia que tienen estas zonas desde lo ambiental quedó plasmada en un trabajo de cartografía social que comenzó en septiembre de 2017.

    En este mapa se puede observar la presencia de 64 ZRC en sistemas de páramos, bosque seco tropical, Parques Nacionales Naturales y las coincidencias con el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que surgió a partir del Acuerdo de Paz firmado con las Farc.

    Las ZRC en el posconflicto

    Para Visnu Posada, el caso del valle del río Cimitarra sirve de evidencia de que los pactos con las FARC funcionaban para proteger el medio ambiente: “Ellos los hacían respetar, definían el número de hectáreas que se podían deforestar o que se abrieran fincas que no superaran las 200 hectáreas”.

    Ahora, según él, con su desarme y salida de estos territorios, han llegado nuevos actores armados que no tienen interés en mantener el pacto, sino más bien aprovechar los recursos naturales para aumentar la siembra de cultivos de coca o la minería ilegal.

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