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    En la Región de la Araucanía, un joven universitario mapuche, perteneciente a la Coordinadora Arauco Malleco ha muerto en un enfrentamiento con carabineros. El hecho ocurrió en horas de la madrugada en el fundo Santa Margarita, de propiedad de Jorge Luchsinger. Con estas resumidas palabras los medios de comunicación, al servicio del poder, relatan el acontecimiento. Trastocando lo relevante, ante nuestros ojos y oídos, como incidentes sin causas ni consecuencias. La nota del día, se trata de “una nota en el ámbito policial”, “un hecho de sangre” ante el cual nos ubicamos ajenos y distantes, o al menos eso nos quieren hacer creer.


    Crímenes como lo ocurrido con el comunero mapuche de 17 años, Alex Lemún, asesinado de un balazo en la cabeza el 2004, son sólo “notas rojas” que encubren impunidad, ante la cual ni siquiera la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha podido tener una mínima incidencia, en la corte marcial de nuestro país, para castigar al asesino que circula libre por las calles. El que apretó el gatillo fue un mayor de carabineros.

    Nos preguntamos, porqué los medios oficialistas no profundizan, verdaderamente, en los aspectos negativos que tiene la presencia de la empresa forestal en la región de la Araucanía, y que ha sido denunciada públicamente por dirigentes mapuches. Es que la lucha por la dignidad, la tierra, la cultura ancestral de la raza mapuche, los derechos humanos de los pueblos indígenas no son nota periodística.

    De igual manera sucede con el sector pesquero artesanal, donde la parafernalia desplegada por los medios televisivos aparecen en masa cuando los pescadores deciden quemar una embarcación en un acto de rebeldía y dignidad o levantar sus remos contra las fuerzas policiales, que ante los ojos de la opinión pública, ajena y distante, se convierten en victimas de un grupo de “terroristas” y se difunden calificativos como “asociación delictuosa”, “alteración del orden público”, expresiones utilizadas para describir hechos que se relacionan con luchas sociales legitimas y urgentes, dejando de lado las razones de fondo que las desencadenan.

    Así sucede en Mehuín ahora mismo que escribimos estas palabras, como puerta de escape a tanta mentira y entredichos. Pescadores artesanales que se oponen al monitoreo de un Estudio de Impacto Ambiental que la empresa Celulosa Arauco requiere para poder instalar un ducto para evacuar desechos tóxicos al mar, una lucha que, por cierto, sostienen por más de una década, ni siquiera tienen una mínima cabida en los breves espacios noticiosos regionales, condenando estas luchas al olvido y a la indiferencia. Las autoridades del país, como es habitual en estos casos, permanecen en silencio ante una comunidad en pleno conflicto social, intervenida militarmente, dividida y cercada entre dos bandos que al final de cuentas son las caras de la misma moneda. Fuerzas represoras que acatan ordenes de un poder judicial al servicio del mejor postor: el poder empresarial, en contra de los derechos más elementales de comunidades que batallan por sobrevivir en un contexto donde el capital está por sobre la sustentabilidad de los recursos presentes en la naturaleza.

    La criminalización del accionar de las comunidades pesqueras y territorios indígenas que se oponen a la violación sistemática de sus derechos humanos, sociales, culturales y económicos no puede permanecer en la impunidad. El silencio de los medios oficiales merece una respuesta urgente y solidaria de contra-información de los medios alternativos y el apoyo mutuo y sostenido de todas las organizaciones sociales. Presos políticos mapuches, comunidad de Mehuín: No están solos.

    Margarita Plaza V
    Gestora Comunicacional
    CONAPACH

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