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    Las últimas semanas han puesto en tensión el derecho a manifestarse de los ciudadanos con el recurrido, y nunca explicado, argumento del orden público. Luego de la persistencia de la prensa sobre la protesta del 29 de marzo, ese día desayunamos con una extraña incautación en la Usach. La violencia y el miedo se tomaron las calles y el derecho a expresarse dejó de ser argumento plausible. Al otro día Santiago funcionaría en la más completa normalidad. Extraño hallazgo que terminó por descomprimir la movilización ciudadana, similar al allanamiento a la casa okupa en septiembre del año pasado, con el que se intentó incriminar a un grupo de jóvenes por tenencia de bombas molotov. Ambos hechos dan cuenta de que estamos frente a un gobierno que ya no se conforma con manipular la opinión pública; ahora fabrica noticias. Bachelet, Velasco y Harboe nos pillen confesados.


    telechilena

    LA PRENSA
    Plaza Italia era una tasa de leche aquella mañana del 29 de marzo. Los despachos televisivos daban cuenta de que el corazón capitalino estaba tomado por carabineros. Todo está en la más completa normalidad diría Mauricio Bustamante por las pantallas de TVN y luego daría paso a la siguiente noticia diciendo que “durante un allanamiento en la Universidad de Santiago (Usach) se encontró material para la fabricación de bombas molotov”. Al otro lado del cable el periodista Dante Muzzio despachaba en las afueras de la Usach y luego mostraba imágenes de botellas de cerveza, bidones con el rótulo de desechos químicos, machetes, huaipe y unos pernos. Todo rotulado como Evidencia.
    En la imagen trasmitida a esa hora se veía a un carabinero con guantes de látex tocando uno de los 18 machetes encontrados, luego el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, también examinaría las “armas blancas” puestas en una mesa gigantesca. Muzzio continuaría el relato: “Este gran arsenal para la fabricación de bombas molotov con 300 litros de elementos químicos en 55 bidones, que contenían nada menos que tetacloruro de carbono y también ácido sulfúrico… y por supuesto, material explosivo para la fabricación de bombas molotov”. A pesar de que las imágenes “en vivo” correspondían a la 21ª Comisaría de Estación Central, el despacho rotulaba:”En directo: Universidad de Santiago”.
    En los otros canales de la postdictadura la escena se repetiría. Harboe aplaudía:”El profesionalismo de carabineros” al “detectar y desbaratar este tipo de elementos que podrían haber sido utilizados como mecanismos o implementos para causar mayores hechos de violencia”. A su lado, el Director de Orden y Seguridad, general Jorge Acuña, daba cuenta de los años de experiencia en el cargo diciendo: “Estos elementos fueron encontrados en los patios de la universidad escondidos entre medio de unos tubos, entre matorrales y jardines, lugares que en forma clara queda demostrado que no son donde se guarda este tipo de elementos”. Ante la consulta de periodistas sobre la extrañeza del hallazgo diría: “Todos sabemos el peligro del ácido cuando se utiliza contra las personas”. El periodista de Canal 13, Enrique Barrera, señalaba que la incautación fue “junto a algunas pancartas alusivas a esta jornada, por lo que hace presumir que iban a ser utilizados para la confección de bombas molotov”. Desde el estudio Soledad Onetto diría: “O sea, ese era el objetivo en definitiva”.
    La cobertura de la noticia terminaría siendo el apretón de manos del gobierno, carabineros y una prensa incauta, cuando no interesada, y marcaría la pauta de terror de uno de los días de protesta más anunciados de toda la transición: El día del joven combatiente. Producido por el Gobierno de Chile con el gentil auspicio de la prensa.

    LA CIUDAD DE LA FURIA
    Ya el domingo 21 de febrero un reportaje del Cuerpo D de El Mercurio titulaba: “El Transantiago reactiva el fantasma de las protestas”. En otro artículo, titulado “Cómo enfrenta el gobierno la amenaza violentista”, se daba cuenta de que Felipe Harboe recibía “constante información policial y de inteligencia para tomar minuto a minuto la temperatura de la efervescencia social”. Más adelante se agrega que “el operativo de recolección y análisis de información lleva tiempo en acción”, tarea dejada en manos de las policías y de la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI. A cargo de Villa Francia se mencionaba ya la responsabilidad del general Jorge Acuña.
    Las protestas contra el Transantiago a mediados de marzo sumaban más de 200 en distintos puntos de la capital. “Carabineros reconoce desgaste”, titulaba La Segunda el 16 de marzo y un día antes del llamado de la Coordinadora por la Protesta Popular para el Día del Joven Combatiente, titularía “Ues cierran campus ante protestas”. En su interior destacaba que las poblaciones estaban “en alerta” y que “comerciantes blindan locales y pobladores abandonan sus casas”. Una foto exhibía a un locatario armado tras las rejas de su negocio. El mismo día de la protesta La Tercera titulaba: “Acuartelan a carabineros ante protestas en medio de crisis por Transantiago”.
    La noche anterior la periodista Constanza Santa María le preguntaba a la intendenta, Adriana Delpiano, sobre las medidas para cautelar el orden público horas después de que una marcha convocada por los usuarios del Transantiago fuera dispersada a pocos minutos de iniciarse, porque el gobierno no autorizaba marchas por la Alameda. La intendenta amenazó con hacer responsables a los padres de los menores que fuesen detenidos. El miedo ya había sido echado a rodar.
    Por su parte el Ministro del Interior, Belisario Velasco, decía en radio Agricultura que “son unos pocos elementos subversivos que tenemos identificados.
    Hay algunos que están en diferentes universidades, sabemos quienes son, donde están… No son grupos grandes, son 60, 70 personas, pero algunas de ellas armadas”. Una frase quedó rondando durante toda la jornada posterior: “… puede morir alguien” – dijo Velasco. Al otro día se insistiría constantemente que un posible blanco sería un policía.
    El 29 de marzo todos los carabineros solteros de la zona norte de la capital estaban acuartelados y 4 mil policías cuidarían la ciudad. Tres casas en Villa Francia fueron allanadas bajo la excusa de las drogas, aunque sus moradores señalaron que se buscaba información sobre la manifestación. También se sabía que un policía llevaba meses infiltrado en el sector. Otras labores de “inteligencia policial” se desarrollaban en Lo Hermida, La Victoria, La Pincoya, José María Caro, Cerro Navia, Maipú y Renca.
    El enemigo era difuso, pero ya se configuraba: Grupos organizados, violentistas o pobladores financiados por narcos eran los epítetos de la prensa aquellos días. Todo mezclado con imágenes de protestas anteriores, lo que terminaría por configurar un clima de seguridad y orden público v/s protesta social. En tal contexto, cualquier llamado a movilización, por pacífico que fuese, sonaría desubicado.
    Bajo tal clima enrarecido, pasarían inadvertidos los dichos al mediodía del jueves de Belisario Velasco llamando “a la paz social”, concepto usado antes por los funcionarios de la dictadura. El bochorno de la Usach, terminaría por traer a la memoria las televisadas incautaciones de armas de los ’80.

    ¿BOCHORNO O MONTAJE?
    Para evitar situaciones de violencia, el rector de la Usach, Juan Manuel Zolezzi, había pedido durante la semana anterior una revisión concertada con la Fuerza Pública los días antes del 29 de marzo. Carabineros eligió realizar el operativo la madrugada del jueves, pese a que ese día el plantel no tendría clases. Poco después de la medianoche cerca de 50 uniformados ingresaron junto al administrador del campus, Víctor Avendaño. Eran 37 hectáreas a revisar, aunque carabineros tenía un destino preciso: Un contenedor de la Facultad de Química y Biología y la sala 511 del Centro de Alumnos, ubicada en la Escuela de Artes y Oficios, ambos separados por más de 500 metros. A eso de las 3 y media de la madrugada partió la policía salió con 50 bidones rotulados como desechos y 18 machetes de utilería.
    En conversación con El Ciudadano, el rector de la Usach, Juan Manuel Zolezzi, reconocería la coordinación días antes con Carabineros, “pero lo que más me molestó fue haberme enterado por la prensa del hallazgo poco después de las 8 de la mañana. Nadie me avisó nada, por lo que la confianza con carabineros está muy dañada”. Durante la tarde de ese día tuvo que salir a desmentir la versión oficial. La propia profesora de la clase de danza, Claudia Munzenmeyer, aseguró que las espadas encontradas no tienen filo “y estaban en un lugar donde no se podía pensar que iban a utilizarse para manifestaciones, al lado de colchonetas e instrumentos musicales”. Tanto Harboe como Acuña tuvieron en sus manos los machetes de utilería.
    El vicedecano de Química, Claudio Vásquez, sorprendido por lo que aparecía en televisión se apresuró en aclarar que “los bidones contenían ácido acético, que es vinagre; cloruro de sodio, que es sal; tetacloruro de carbono, productos que son reactivos químicos, pero que en nada sirven para fabricar una bomba incendiaria”. El docente mostró sus dudas respecto a cómo la policía llegó a los materiales, dado que según dijo estas sustancias “se guardan generalmente fuera de la facultad, en unos estantes de fierro donde están con llave. Entonces, nosotros no sabemos cómo, porque eso ocurrió a las 2 de la mañana, cómo ocurrió que Carabineros llegó y sacó eso o tuvo acceso a eso. Y de hecho, como medida de seguridad, ese mueble se encuentra bajo llave y fuera de la facultad”. El candado fue cortado por la policía y todas las versiones dan cuenta de que el Director de Orden y Seguridad, general Jorge Acuña, mintió al decir que estaba todo escondido entre los pastos y en diferentes lugares.
    El Ciudadano conversó con algunos periodistas que llegaron a cubrir el show de Carabineros con Harboe y confesaron que “comentábamos entre nosotros que era un tongo. Era muy evidente la estrategia de Harboe”.
    Similar estrategia fue usada el 29 de septiembre de 2006, cuando en la madrugada de un día que se había convocado a una protesta nacional, varios carabineros allanan una casa okupa y detienen a algunos jóvenes, a los que acusan de tener material para bombas molotov. La evidencia mostraba botellas de cerveza, de jugos, parafina y trapos; elementos que hay en cualquier casa.
    A juicio del abogado Hugo Gutiérrez, quien tomó parte en la defensa de los chicos, aquella vez “el Ministerio del Interior estaba preocupado en mostrar eficiencia y dar con aquellos jóvenes que habían lanzado la molotov contra La Moneda. Ellos necesitaban mostrar dentro del país e internacionalmente que eran capaces de dar con ellos y como todo Estado efectista no encontraron nada mejor que inculpar a Saco y Vanzetti. Apelaron a una historia añeja que prefiere condenar a inocentes para decir que están siendo eficaces”.
    No hubo elemento de prueba alguno que permitiese condenarlos, pese a que los chicos pasaron varios días recluidos en la cárcel de alta seguridad. Ambos hechos ocurridos en las primeras horas de una día de protesta, sólo terminaron por configurar a un enemigo oculto tras capuchas e incendiario, que se va a enfrentar a la policía con ácido o machetes; hechos a los que los medios responden acríticamente. Así el miedo se toma las calles.
    “Al gobierno le interesa que las protestas masivas y legítimas en contra de las políticas neoliberales no existan -acusa Gutiérrez-. Y en caso de que exista cuestionamiento, para el gobierno es útil y provechoso que éste sea violento y lo faculta a usar todo este mecanismo desproporcionado de control que tiene este Estado para reprimir marchas pacíficas. Los órganos de control del Estado necesitan un enemigo que reprimir. Si ayer fueron los subversivos y los comunistas, hoy son los anarquistas y la delincuencia. Es fundamental tener un enemigo que visualizar para que la gente tenga miedo y el 29 de marzo se nos dijo que era el día del Joven Combatiente, aterrorícense de estos subversivos, tengan miedo”.
    Así el enemigo convocado a tomarse las calles resulta funcional al poder. Las calles convertidas en campo de batalla terminan por desanimar todo intento de expresión legítimo. Gutiérrez incluso invita a la izquierda a hacer una reflexión sobre su cultura de lucha: “De una vez por todas hay que entender que si queremos cambiar el estado de situación del país, hay que hacerlo a través de una protesta constante, permanente y masiva de la gente. La violencia así termina siendo funcional a los organismos de control. Y eso es preocupante, porque mucha gente quiere salir a las calles a manifestar su opinión, pero al final no lo hace porque siente miedo de la violencia que en las calles ocurre”.
    Por reacción el lumpen sigue siendo funcional a las políticas represoras. “En un contexto como el actual, en que las masas aún no han podido irrumpir en la agenda pública para cambiar las cosas, la manifestación lumpenesca es funcional a la policía y al gobierno” -acusa Sergio Sepúlveda, del Comité de Usuarios del Transantiago, quien muchas veces ha sufrido la negativa de la intendenta a poder ocupar espacios públicos. Gutiérrez añade que “esto provoca una exaltación de que esta gente es disfuncional y de que lo único bueno es lo que viene de este modelo neoliberal, que da orden paz y desarrollo. Quienes se pronuncian y cuestionan estas políticas son el caos y desorden”.
    El efecto que arrojó la jornada de protesta, además de los 859 detenidos, fue un endurecimiento del “gobierno ciudadano” para dar permisos para ocupar los espacios públicos y la venia de los medios al estreno en junio de la Ley Penal Juvenil, la que busca sancionar con penas privativas de libertad las acciones que el sistema garantista de hoy considera sólo faltas. El Ciudadano intentó reiteradas veces contar con la versión tanto de la intendenta como del subsecretario Harboe, quienes declinaron referirse al tema. Efecto boomerang: menor participación social y mayor penalidad. Así las cosas ¿A quién le favoreció la protesta?

    Mauricio Becerra

    Mariano Fernández, profesor de derecho constitucional:
    “Conceptos como orden público han servido para violar derechos”

    Para profundizar y entregar elementos que aporten a una discusión sobre la tensión entre el derecho a manifestarse en una sociedad democrática y el nunca explicado, pero siempre recurrido concepto de orden público, El Ciudadano conversó con Mariano Fernández Valle, profesor de Derecho Constitucional y Teoría Democrática en la Universidad de Palermo y de Buenos Aires en Argentina, y en condición de visitante en la Universidad de Chile.

    -La Alameda ha sido históricamente el lugar de protesta ciudadana y los permisos otorgados por la autoridad a quienes solicitan realizar una manifestación han quitado el derecho a ocuparla. ¿Qué riesgo en términos de ciudadanía se corre por este cercenamiento de los espacios públicos?
    -Los espacios públicos, desde siempre, han sido lugares de expresión ciudadana, por lo que las restricciones a ellos deben ser razonables y especialmente justificadas. Reconocer esto implica abordar el análisis de su utilización con una mirada más amigable que condenatoria. En este sentido, en principio, diría que es el Estado el que debe dar argumentos para restringir el uso de estos espacios y no las personas para justificar su deseo de utilizarlos, aunque es válido el argumento de restringir algún espacio si se daña a un tercero.

    -¿No es autoritaria una sociedad en donde lo primero que hay que hacer para ocupar un espacio público es pedir un permiso a la autoridad?
    -No creo que sea aconsejable que nuestro derecho a expresarnos en el foro público dependa del arbitrio del funcionario de turno, sus criterios y su idea de orden público. Deben construirse reglas claras y democráticas que guíen el accionar de estas autoridades y que reduzcan el increíble margen de discrecionalidad que actualmente poseen para tomar decisiones que afectan la médula de derechos básicos.

    -La tensión entre el derecho a expresarse y el orden público estos últimos días se ha movido hacia la sobredimensión del segundo sobre el primero, siendo el argumento recurrido de las autoridades para justificar los excesos policiales ¿No se está corriendo un grave riesgo con ello al ser el orden público un término tan inexacto?
    – Cláusulas tan vagas y vaporosas como orden público, seguridad pública o moral pública han sido más efectivas para violar derechos que para restringirlos válidamente. Son susceptibles de un abanico enorme de interpretaciones y son un cheque en blanco para que las autoridades y los jueces contrabandeen sus propias opiniones personales acerca de estos conceptos. Por ello, el concepto de orden público debería tener más que ver con la regulación de nuestras acciones colectivas que con el ejercicio de nuestros derechos. Debe servir para limitar algunas acciones que no involucran necesariamente el ejercicio de derechos básicos, para mejorar nuestra coordinación colectiva. Es el derecho el que determina el alcance de lo que entendemos por orden público y no al revés.

    -También los medios influyen en las decisiones que toma la autoridad respecto del uso de los espacios públicos.
    -El problema no es que un medio resalte la violencia, que muchas veces realmente existe y es injustificable, sino que únicamente se resalte la violencia. Más cuando tras muchas expresiones lo que hay es un conjunto de derechos sostenidamente violados como transporte, educación, vivienda, o identidad. En muchas ocasiones el perfil del manifestante es el de una persona que forma parte de un colectivo marginado, excluido y sumergido en la pobreza; que pocas razones tiene para tolerar un contrato social que no ha consentido.

    -¿Qué gana una sociedad más abierta a la expresión ciudadana?
    -Se gana la posibilidad de escuchar más voces dentro del debate público. Lo cierto es que no cualquiera toma las calles, utiliza mecanismos de expresión cuestionables y se arriesga a perder su libertad. Quien llega a eso es porque muchas vías alternativas se
    han cerrado, porque tiene un mensaje urgente y desesperado. No quiero caricaturizar, pueden existir casos diferentes a estos que menciono, pero como diría el académico Roberto Gargarella, sería interesante dar un voto de confianza. Confiar en que aquellos que protestan llaman la atención sobre un conjunto de sucesos que si bien son cotidianos no han quitado el sueño a muchos funcionarios públicos. Estas voces fortalecen el diálogo democrático y, justamente por eso, hay que cuidarlas hasta el final.

    -Se argumenta que muchas protestas pasan a llevar a terceros, ya sea en sus desplazamientos o en su derecho a un medio sin ruidos.
    -En muchos casos la posibilidad de expresión compensa las desventajas, las molestias en el tránsito, la suciedad en las calles, el despliegue policial. Siempre la expresión viene con algo más que suele molestar. El que grita con un megáfono no colabora con el placer que muchos tenemos frente al silencio; el que corta una calle no colabora con la posibilidad de llegar al trabajo por la misma ruta de todos los días. Muchas de estas desventajas deben ser toleradas en una democracia; principalmente en una que no da mejores mecanismos de expresión ni que monta un diseño institucional amigable hacia la participación ciudadana. Chile posee un sistema institucional con innumerables anticuerpos frente a esta participación, empezando por su sistema electoral. ¿Qué se espera entonces?

    -Por ello es riesgosa la cobertura que dan los medios de las manifestaciones, al concentrarse sólo en los hechos de violencia.
    -La manifestación ciudadana es algo demasiado complejo como para reducirse a particularidades. Si sólo nos quedamos con la violencia nuestro análisis es sesgado. También si sólo nos quedamos con la justicia del reclamo sin analizar paralelamente las formas utilizadas para transmitirlo. Creo que es buena hora para que manifestantes, gobernantes, medios de comunicación y la ciudadanía se tomen en serio la compleja tarea de desagregar estos hechos y ofrecer un abordaje que pueda ser calificado como justo.

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