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    El periodista Francois Fogel, tituló como mala, la noticia de este informe en su blog. También dijo que esta noticia no será tema para la prensa. Lamento coincidir. El informe El precio del silencio sobre los abusos de la publicidad oficial en América Latina, no será prioridad en las agendas porque salpica a muchos. El estudio hecho en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú y Uruguay, muestra algo sabido: “No se muerde la mano que te da de comer”.

    En evidencia quedan las interferencias que ejercen los gobiernos sobre la libertad de expresión y la independencia editorial de los medios de comunicación y, por lo tanto, de los periodistas. Las similitudes están en la falta de transparencia en el proceso de toma de decisión del gasto publicitario en estos países. Los autores fueron la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta (Open Society) El sitio http://www.justiceinitiative.org/  tiene la versión completa.

    En Chile, es un tema recurrente pero no resuelto el rol que debe tener el Estado en garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información de las personas. Como parte del debate: los criterios con que distribuye el Estado la publicidad en la que invierte, la necesidad o no de políticas públicas proactivas para lograr mayor equidad y garantizar diversidad y las bases necesarias para asegurar la democratización al acceso y usos de los medios.

    Libertad de expresión, derecho a la información e independencia económica, van unidos. Por lo tanto, la pregunta por la gestión económica de los medios no es un extra, sino que marca definiciones con muchas, a veces demasiadas, consecuencias. Sin embargo, esta relación no es sólo con el Estado. También y fuertemente, con la publicidad privada (auspiciadores) y con la autocensura que pueden ejercer los dueños o editores.

    El precio de estos silencios o reducción de matices los pagamos todos. Mientras los poderes establecidos se refuerzan entre sí, como ciudadanos y audiencias al menos nos queda el poder de la duda. Como no dudar, por ejemplo, ante el proyecto de ley recientemente aprobado por la Cámara de Diputados en que se modificaba la Ley General de Telecomunicaciones y que como consecuencia perpetúa el actual sistema radial de concesiones durante los próximos 25 años. La mayor concentración de propiedad en la historia de la radiofonía chilena, puede tener para rato.

    Además de dudas, tenemos esperanzas y capacidad de organización-acción.  Aún está en  discusión el proyecto de radios comunitarias  y un ejemplo notable es el de nuestros amigos uruguayos que reservaron un tercio de las frecuencias para medios comunitarios, en cualquiera de las bandas de radiodifusión.

    Victoria Uranga Harboe

    Cátedra Unesco-UDP

    “Medios de Comunicación y Participación Ciudadana”

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