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    Canadá creó el Defensor del Pueblo u Ombudsperson Canadiense para la Responsabilidad Empresarial (CORE, por sus siglas en inglés), que se hará cargo de las denuncias relacionadas con abusos a los derechos humanos que surgen de las operaciones de las compañías canadienses en el extranjero. También anunció la creación de un Órgano Asesor Multisectorial sobre la Conducta Empresarial Responsable.

    Este hecho inédito es la primera de este tipo en todo el mundo y fue celebrado como un avance por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien ha recibido múltiples denuncias por la responsabilidad en la violación a los derechos humanos de empresas canadienses en estados latinoamericanos, como el caso de Barrick Gold en Chile con Pascua Lama.

    Este hecho anunciado en enero de este año fue el resultado de más de una década de presión de la sociedad civil sobre el gobierno canadiense por la responsabilidad que le cabe como promotor y, muchas veces, financista de empresas canadienses que operan en el extranjero. Se calcula que entre el 50% y 70% de toda la actividad minera en América Latina involucra a empresas canadienses, y varias de ellas han sido denunciadas en distintas instancias por violación a los derechos humanos.

    De hecho, en octubre 2013, octubre 2014, marzo 2015 y diciembre 2017, la CIDH celebró audiencias temáticas sobre la responsabilidad empresarial canadiense en el extranjero y solicitó al Estado que creara un mecanismo no judicial de denuncia con las herramientas necesarias para llevar a cabo plena y efectivamente su misión.

    Si bien, algunos aspectos del mandato del Defensor del Pueblo no se han definido por completo, se anunció que tendrá la facultad de realizar investigaciones independientes de las denuncias que se hagan desde la ciudadanía que estén relacionadas con la violación a los derechos humanos que se deriven de la actividad empresarial canadiense en el extranjero. También las autoridades informaron que tendrá la capacidad de hacer recomendaciones sobre la indemnización de las víctimas, cambios en políticas corporativas y en políticas del gobierno, así como la retirada del apoyo diplomático y financiero del Export Development Canada (EDC).

    Finalmente, las autoridades norteamericanas anunciaron que el Órgano Asesor multisectorial orientará al Gobierno en la implementación efectiva y el desarrollo de leyes, políticas y prácticas que aborden la conducta empresarial responsable de las empresas canadienses que operan en el extranjero.

    La CIDH recordó que las obligaciones y estándares interamericanos e internacionales de derechos humanos requieren que los Estados tomen medidas legislativas, administrativas y otras apropiadas para prevenir violaciones; investigar, procesar y castigar, con la debida diligencia, a los presuntos responsables. También, debe garantizar a las víctimas una reparación adecuada, efectiva y rápida, que incluya las siguientes formas: restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

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