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    Fueron más de 106 indicaciones las que se discutieron durante casi cuatro horas en la comisión de Derechos Humanos del Senado este lunes. Un debate que, después de tres años de ser ingresado, permitió que finalmente el proyecto de Ley de Identidad de Género fuera despachado a la sala del Senado.

    La iniciativa, que “reconoce y da protección al derecho a la identidad de género”, fue patrocinada por el Ejectuivo, que tuvo que ponerle urgencia a la discusión para avanzar en el proceso luego de que organizaciones trans como Organizando Trans Diversidades (OTD), presionaran en esta dirección.

    LEY-IDENTIDAD-DE-GENERO

    La enemiga número uno del proyecto ha sido la senadora Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), quien durante la jornada mostró una vez más su actitud transfóbica y puso todos los argumentos sobre la mesa para frenar indicaciones, a pesar de que las mayorías estaban de la parte opuesta.

    Entre los puntos aprobadas que suponen un avance más importante, hay el trámite que permite que las personas transgénero mayores de 18 años puedan cambiar su nombre y sexo legales por vía administrativa, algo que ha satisfecho a las organizaciones trans ya que podrán resolver la modificación con un simple trámite en el Registro Civil.

    Actualmente esto es ya es una realidad en Chile, aunque se trata de un procedimiento judicial largo, complejo y con resultados variables según el tribunal que atienda la solicitud. Ante esto, el proyecto pretende garantizar el reconocimiento de la identidad de manera rápida y sin mayores inconvenientes, en el entendido de que ésta es un derecho humano.

    Por cuatro votos a favor y uno en contra, también se aprobó una de las indicaciones más controvertidas del proyecto: que el mismo procedimiento se utilice para aquellos adolescentes de entre 14 y 17 años cuando ambos padres presten su consentimiento. Sin embargo, el trámite sería judicial en el caso de que se manifieste resistencia de uno de ellos, un aspecto criticado por los activistas, que consideran que resulta contradictorio porque los jóvenes ya son penalmente responsables.

    Para el caso de niños y niñas menores de 14 años, el Ejecutivo accedió a un requerimiento que modificó la indicación, estableciendo finalmente que el juez tendrá que solicitar una serie de antecedentes que, según las organizaciones trans, “resultan patologizantes y menoscaban la dignidad del niño o niña”.

    Entre la documentación que se solicitará hay los certificados de que el menor no presenta “otras patologías” (como trastornos de la personalidad, por ejemplo); de que su identidad de género es libremente escogida y no motivada por la presión de la familia o el entorno; y acreditar al menos un año de acompañamiento profesional al niño o niña y su familia, un requerimiento que “patologiza”, según OTD, porque “no es una necesidad en la totalidad de los casos, y menos podría considerarse un requisito para el reconocimiento de un derecho”.

    Trans y matrimonio

    Un aspecto a destacar del debate fue la revisión de la indicación, propuesta por el Ejecutivo, para que las personas casadas deban primero disolver su vínculo, de modo de supuestamente mantener la coherencia con la actual legislación en materia de matrimonio civil (que por ahora se establece como un contrato entre un hombre y una mujer).

    Sin embargo, los senadores Juan Pablo Letelier y Alejandro Navarro se manifestaron en contra de esta indicación, explicando que mantener el vínculo matrimonial en este caso implica respetar la voluntad de les cónyuges, y que esto no tendría que ver con el matrimonio igualitario (debate aún pendiente en nuestro país). Finalmente, esta indicación fue rechazada, por lo que en el estado actual de tramitación de la ley, las personas trans casadas podrían seguir estándolo una vez que rectifiquen su partida de nacimiento de acuerdo con su identidad de género.

    ¿Dónde están los senadores?

    Debido a la ausencia momentánea del senador Juan Pablo Letelier (PS) en la sala, se aprobó una indicación ingresada por Van Rysselberghe para eliminar el artículo que aseguraba que «ninguna persona o institución pública o privada podrá negarse a atender, o dar un trato irrespetuoso o contrario a la dignidad humana a personas en razón de su identidad de género, ni obstaculizar o impedir los derechos establecidos en esta ley». En su lugar, se dejó la redacción propuesta por la senadora que restringe este aspecto solo a la prohibición de discriminación arbitraria, lo que no supone un avance respecto de la ley 20609, que ya establece medidas contra la discriminación.

    Por otra parte, se aprobó la modificación del proyecto para que la entrada en vigencia de la ley tenga lugar no seis meses, sino un año después de su entrada en vigencia. Un plazo considerado “excesivo” por los colectivos trans.

    Un gran paso en el camino

    Para las organizaciones sociales la jornada de ayer fue crucial para el avance en los derechos humanos del colectivo trans, y situó a Chile al nivel de Argentina, Bolivia y Uruguay, donde ya existe una legislación para proteger los derechos del colectivo. Sin embargo, aseguran que esto es un piso mínimo y que “aún falta camino por recorrer” -señaló OTD- para lograr una ley despatologizante y a la altura del mandato que implican los derechos humanos.

    Desde la Fundación Iguales, el presidente ejecutivo, Luis Larrain señaló en un comunicado que “este es un paso fundamental”  porque “las personas trans son las más vulneradas de la diversidad sexual, y requieren urgente un mecanismo para adecuar sus documentos”.

     

    El próximo obstáculo que tendrá que superar el proyecto es la votación de la sala del Senado, donde se espera que se despache el próximo mes de Octubre. Según el vicepresidente de OTD, Franco Fuica, los votos para entonces podrían darse de la misma forma que sumaron para el acuerdo de unión civil, es decir, “el bloque de la Nueva Mayoría más una fracción de RN”.  De aprobarse en la Cámara Alta, iniciará su segundo trámite en la Cámara de Diputados.

     

    Meritxell Freixas

    @MeritxellFr

     

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