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    Con fuerza y decisión se hicieron sentir los trabajadores que construyen la Cárcel Concesionada de Valdivia en el sector Llancahue, salida sur de la ciudad. Simplemente se cansaron de las indignas condiciones a las que eran sometidos por la empresa Vinci Construction Grand Projects (VCGP)
    -consorcio francés encargado de la construcción y mantención del penal- y se fueron a huelga la última semana de mayo, con el fin de exigir mejoras en su situación laboral.


    valdivia
    “No podemos vivir con 120 mil pesos, pues tenemos familias. Lo único que pedimos es que la empresa aumente el sueldo a los maestros y jornales, nos permita acceder a capacitación, nos dé un bono por término de faena y ropa de trabajo”, explicó Alessandro Pires, alias “el brasileño”, presidente del Sindicato de Trabajadores de la constructora. Una organización que tras más de dos meses de infértiles negociaciones con la empresa, vio en la huelga la única manera de hacerse escuchar.
    Fue así como el lunes 28 de mayo más de 600 obreros- entre electricistas, gasfiteros, albañiles, carpinteros, soldadores, jornaleros y unos cuantos capataces- se agolparon en las afueras de la construcción e impidieron el ingreso del resto de los trabajadores, logrando por consiguiente el paro de las faenas, situación que se mantuvo durante cuatro días.
    Durante la huelga, representantes de diversas organizaciones sociales manifestaron su apoyo a los trabajadores, entre ellos la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Hogar Mapuche We Liwen, la Juventud Rebelde Miguel Enríquez, así como otros sindicatos de trabajadores de la ciudad. Todos concordaron en lo histórico de la acción y Santiago Martínez, de la CUT, subrayó que “esto marcará un precedente en Valdivia. Ahora las empresas constructoras de la ciudad sabrán que ya no pueden abusar de los trabajadores como hasta ahora lo han hecho”.
    LO QUE LOGRARON
    Producto de los cuatro días de huelga, la empresa se vio obligada a escuchar y entregar una propuesta de solución a los trabajadores, la que fue presentada la mañana del viernes 2 de junio a la asamblea y fue aprobada por 117 votos favor y 71 en contra. Así quedó establecido el compromiso de la empresa de aumentar entre un 4.3% y un 7% el sueldo de los trabajadores, dependiendo del contrato; también el de entregar un bono por término de conflicto de veinte mil pesos líquidos y otro por los días no trabajados, que será cancelado de acuerdo a su valor real.
    También se comprometió a mejorar las condiciones de seguridad e higiene de la construcción. Esto porque, según los trabajadores, en la obra no existen baños decentes, el espacio señalado como casino se pasa de agua y ni siquiera cuenta con enfermería, establecimiento necesario pues son más de mil personas las que laboran en el lugar, con un alto riesgo de sufrir accidentes.
    Por otra parte, la empresa aseguró la capacitación de los obreros, la que quedará a cargo de la Mutual de Seguridad. Finalmente, Vinci aceptó no despedir a los trabajadores sindicalizados.
    Quedaron en el aire, eso sí, el bono compensatorio por término de faenas, que tiene como fin ayudar a mantener a los obreros y sus familias entre el lapso de término de la obra y su incorporación a un nuevo trabajo. Es una salvaguarda necesaria, pues al terminar la construcción del recinto quedarán cesantes. “Esto es especialmente relevante, ya que por las condiciones en que trabajamos no tenemos oportunidad de acceder a bonos de compensación por acumular años de trabajo en una empresa”, recalcó Pires.
    Tampoco se llegó a acuerdo con respecto a la entrega de ropas de trabajo, con el fin de no seguir utilizando las propias, que con el paso del tiempo sufren un desgaste del cual nadie se hace cargo.

    OTRA FALLA DEL SISTEMA DE CONCESIONES
    Esta es una “yayita” más del Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria -descrito en detalle en la edición 28 de nuestro quincenario- que para el gobierno se constituyó, desde el 2001, como la herramienta perfecta para solucionar los problemas de hacinamiento que sufren actualmente las cárceles del país. Orgullosos se mostraban los ministerios de Justicia y Obras Públicas al incorporar consorcios nacionales e internacionales a la construcción y mantención de los nuevos penales. Sin embargo, con el correr del tiempo y al empezar la ejecución de la iniciativa, las “ironías” (o realidades) del libre mercado demostraron que mientras se solucionaba un problema, se continuaba con otro: malas condiciones laborales, a cargo de las “estrellas” de este cuento, las empresas concesionarias.
    Primero fue en Alto Hospicio. En marzo de este año, en las calientes arenas de la primera región, más de doscientos gendarmes se botaron en huelga por más de dos semanas, debido a su descontento con la comida que la empresa a cargo (BAS S.A.) les proporcionaba. Días atrás, en el mes de las innumerables promesas presidenciales, la historia se repitió, pero no en la zona norte, sino que en la futura capital de la Región de Los Ríos. Tampoco fueron los celadores carcelarios quienes optaron por el paro, sino quienes dan vida a las obras: los “cabros de la contru”

    Denys Salazar
    Paulina Benavides

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