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    Los síntomas de que el Sename está inmerso en una profunda crisis estructural son cada día más evidentes y se reproducen en varios de los centros que el Servicio coordina. El caso del Centro de Régimen Cerrado (CRC) de San Bernardo es uno de los más visibles de los que ha estallado en las últimas semana.

    sename_San Bernardo

    Los funcionarios de este establecimiento llevan más de 40 días en paro para rechazar la instalación de un Centro de Internación Provisoria (CIP) en las dependencias del lugar, una propuesta que emanó de la antigua dirección nacional y regional del servicio  que busca descongestionar la sobrepoblación del CIP San Joaquín, ubicado también en la zona sur de la Región Metropolitana, y que implicaría mezclar a jóvenes condenados con aquellos que están aún pendiente de juicio.

    El CRC San Bernardo es un centro conformado por cuatro casas que albergan a jóvenes que cumplen su condena, segregados según el perfil de complejidad interventiva para que, entre otras cosas, no existan agresiones entre ellos.

    La presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Sename, Alicia del Basto, explicó a El Ciudadano que “San Bernardo en alguna época llegó a tener 300 jóvenes. Hoy día tiene 80 poque la creación del centro de Til Til alivió el hacinamiento en San Bernardo y ayudó a trabajar mejor con los jóvenes; esto ha sido exitoso porque la mayoría de ellos hoy están estudiando”.

    Sin embargo, de llevarse a cabo la propuesta del Sename, no existiría ninguna posibilidad de segregación, hecho que significaría “echar abajo los procesos de algunos chiquillos”, aseguró Del Basto.

    Los profesionales del CRC defienden que la separación de los chicos incide de manera directa en la estabilidad que el centro ha alcanzado en el manejo conductual, la estabilidad emocional de los jóvenes y la baja en agresiones tanto entre ellos como contra los funcionarios, entre otras.

    Para el presidente provincial de la Asociación de Funcionarios del Sename (Afuse) de Maipo, Víctor Martínez, las diferencias entre los dos sistemas son considerables: “Mientras el joven condenado pasa cierto tiempo en régimen cerrado y está sujeto a un plan de intervención individual que determina el tribunal y al que nosotros tenemos que dar cumplimiento, el joven del CIP está acá sólo mientras dura el juicio porque aún no está comprobado si es inocente o culpable, no tiene plan de intervención individual, va a tribunales, etc.”, señala.

    La legislación vigente, recogida en la la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente(LRPA) o LEY 20.084, juega totalmente a favor de los funcionarios, ya que establece que no es posible reunir en el mismo espacio a jóvenes de diferentes sistemas, es decir, imputados de quienes se presume inocencia con condenados, ya que el contacto con condenados permite la posibilidad de contaminación criminógena.

    Junto con eso, los trabajadores defienden también su profesionalidad en la especialización en intervenir a jóvenes y adolescentes sancionados penalmente a través de capacitaciones y cursos diplomados sobre el tratamiento de infractores de ley, que difiere de aquellos que se encuentran aún bajo la condición de imputado.

    La alternativa

    Como contrapropuesta a la opción presentada por la dirección nacional y regional del servicio, la Asociación de Funcionarios viene sugiriendo desde 2009 que el CIP se instale en espacios contiguos al CRC que hoy están abandonados. Se trata de dos edificios que cuentan con unas 150 plazas para albergar a jóvenes de CIP que tendrían que habilitarse con la construcción de un cierre perimetral. “En esto no hemos visto la voluntad política y presupuestaria para construirlo”, aseguró Martínez a este medio. Y apuntó: “Sospechamos que no quieren invertir porque van a buscar el mínimo gasto”.

    Por su parte, la presidenta de la Asociación fue enfática en señalar que “si la autoridad no pone esta solución como prioridad y no la incluye en el presupuesto del servicio, todo lo demás no va a servir porque siempre vamos a volver al mismo problema del hacinamiento en San Joaquín, porque en la Región Metropolitana hace falta otro CIP”.

    Más de 100 profesionales que trabajan en San Bernardo están movilizados y organizados en turnos éticos para atender y cubrir las necesidades de los chicos, quienes conocen por qué protestan sus referentes. “La movilización continua hasta que el servicio no nos entregue una respuesta definitiva”, espetó Martínez. I añadió: “Nosotros estamos defenidendo nuestra estabilidad y hemos propuesto alternativa de solución definitiva”.

    Esta es otra papa caliente que tendrá que masticar la nueva dirección del Servicio Nacional de Menores. Un atado que no podrá resolver sin invertir recursos económicos, técnicos y humanos importantes. Alicia del Basto reconoció que “hoy estamos en un punto ciego en el conflicto porque la nueva directora recién está retomando los temas. Estamos llenos de problemas, por todos lados, y [Solange Huerta] aún no ha tenido tiempo de revisarlo”.

    La dirigente, que opinó que “hay que darle una oportunidad a la nueva directora, espera que desde arriba “retomen lo técnico por sobre de lo político” para evitar “el final de siempre: a nadie le importa lo que pase con los chiquillos; todo el mundo demanda pero lo que menos se mira son los procesos de los jóvenes”, concluyó.

     

    Meritxell Freixas

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