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    Durante los últimos días del mandato del saliente gobierno, la Presidenta Michelle Bachelet ingresó un proyecto de ley al Parlamento destinado a modificar la Constitución Política de la República. Con esta presentación, buscaba hacerse cargo de un debate que se ha encontrado abierto desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1980 de manera concreta. Cumpliendo un compromiso de su Programa de Gobierno, se elaboró una propuesta de texto constitucional que consideró el proceso constituyente que se vivió durante los últimos años en nuestro país –el más participativo para nuestra historia constitucional-, plasmados en el documento Bases Ciudadanas para una Nueva Constitución, bajo una lectura y revisión democrática que resulta ser sumamente necesaria.

    Y como era de esperarse, se formularon un sin fin de cuestionamientos a esta propuesta. Críticas de fondo o al contenido de ésta –provenientes principalmente de sectores afines a la derecha- dentro de las que destaco la extensión de la tutela judicial a los derechos sociales y al rol de estos derechos fundamentales en el sistema constitucional. También hay criticas de forma –éstas más transversales por parte de la opinión pública- relativas a las dudas sobre los redactores de la versión final de la propuesta, la falta de consulta a los partidos políticos de la Nueva Mayoría u otras agrupaciones afines, y el momento u oportunidad en que se presentó esta propuesta.

    La intención de esta opinión no es centrarme en dichas criticas, pues ya habrán oportunidades de referirse a ellas dentro de la deliberación pública. Esto, a pesar de la decisión del gobierno actual de no perseverar en el debate sobre la señalada propuesta de nueva constitución.

    El enfoque es otro, y se relaciona a la gran cantidad de reformas que se han efectuado a la Carta Fundamental desde su entrada en vigencia. Esta situación como consecuencia de la política de los acuerdos durante la transición y a los enclaves autoritarios que obstaculizaron y demoraron el cambio constitucional bajo una óptica democrática, que sólo ha servido y todavía sirve a quienes impusieron y apoyaron la Constitución de 1980. Este fenómeno recuerda a la tragedia de Sísifo, quien fuera aquel ser mitológico griego castigado por los dioses a subir una enorme piedra a lo alto de una colina y cuando llegaba arriba, ésta se caía mágicamente, siendo ese el destino de Sísifo, repetir una y otra vez lo mismo durante la eternidad.

    ¿Por qué la analogía con el Mito de Sísifo? Porque así se ha desarrollado el debate constitucional durante estos años. Se han aprobado una serie de reformas al texto constitucional original -que hasta la fecha bordean la cifra de cien modificaciones a partir de 1989-, pero que aún no solucionan los cuestionamientos de fondo y de legitimidad de la Constitución de 1980, tanto en su parte dogmática o material, como también en fortalecer y mejorar nuestro sistema democrático, por lo que la discusión persiste y se mantiene aún vigente. De esta manera, si se busca modificar un contenido de la actual Carta Fundamental, parte de nuevo el lento proceso de empuje de esa pesada carga para lograr el acuerdo necesario en el Congreso Nacional, como una especie de castigo al sistema político chileno. Todo esto en virtud a los altísimos quórums de aprobación en materias debatidas ideológicamente por los representantes políticos, las que se encuentran, además, reforzadas por normas orgánicas constitucionales o de quórum calificado, y sometidas a un control preventivo de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional como regla general.

    Como ejemplos de estos cuestionamientos podemos destacar los relativos al (i) rol del Estado y su relación las personas, bajo una matriz de Estado Social y Democrático de Derecho, y una armónica relación entre principios y valores tales como la libertad, igualdad, justicia, solidaridad y respeto a los derechos humanos; (ii) sobre un adecuado sistema de derechos fundamentales, en que los derechos a la educación, salud, vivienda, se concilien con el derecho a la propiedad privada y la libertad económica, etc.; y (iii) un equilibrio entre los poderes públicos en un régimen presidencial democrático.

    Por tanto, el proyecto de ley de modificación a la Constitución Política de la República es un hito fundamental que merecer ser valorado en sí mismo positivamente, más allá de las críticas particulares. Pues se presenta como una alternativa clara y concreta de romper con la inercia, lo absurdo y lo reiterativo en que se encuentra el debate político sobre un posible cambio constitucional, que se centra en el actual texto de la Constitución de 1980. El desafío es entender esta propuesta dentro de este marco y dar sentido a la opinión de las personas que participaron dentro del proceso constituyente, encausándose el debate por parte de los partidos y movimientos políticos sobre que tipo de régimen político se quiere como sociedad, que catalogo de derechos fundamentales se busca establecer y, por último, que mecanismo utilizar para aprobar una nueva Carta Fundamental.

    Entonces, tenemos dos opciones sobre como continuar: la primera es seguir empujando pesadas piedras como Sísifo y criticar el contenido de la Constitución de 1980, con lo descontextualizada y monótona que resulta ser esta opción en estos tiempos; o la segunda alternativa es, teniendo como base la propuesta presentada por la Presidenta Bachelet para su discusión, avanzar en una construcción de una nueva Constitución Política de la República. Defina Ud. como quiere seguir.

    Sebastián Salazar Pizarro
    Abogado y Profesor de Derecho Constitucional y Administrativo
    Cursando un Máster en Derecho Público en la Universidad Carlos III de Madrid

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