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    Durante el último tiempo se ha instalado con cada vez más fuerza el debate sobre la profunda desigualdad que genera el modelo económico vigente en nuestro país. Incluso las elites políticas y económicas han reconocido que detrás de las supuestamente “exitosas” cifras macroeconómicas que muestra nuestra economía, se esconde un “otro Chile”, el de las grandes mayorías a las que les toca una parte cada vez menor de la torta.

    Se nos dice que la pobreza ha mostrado una creciente disminución en estos años, pues para las “cifras”, una persona con $47.000 pesos al mes ya no es pobre. Mientras tanto, las verdaderas cuentas alegres las sacan los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros (USD 1.000 millones la banca; 48% de rentabilidad las empresas mineras; 110% las utilidades de Cencosud -el 1er semestre de este año), ensanchando un depredador pero muy rentable sector exportador, y dejando a nuestro pueblo como espectador de sus multimillonarias ganancias. Mientras, la clase política “concede” un reajuste de apenas $9.000 del salario mínimo, que alcanza a $144.000 al mes. Claramente, el alza en el costo de la vida va por delante del de los ingresos de las familias chilenas.

    Para el gran empresariado, lo “moderno” y “eficiente” es sinónimo de bajos salarios, ausencia de previsión, prácticas antisindicales, y precariedad laboral. Con sus ideas y prácticas, la desigualdad se traduce en mucho más que diferencias en los ingresos: imponen sus condiciones a los empresarios medianos y pequeños, promueven el endeudamiento como única vía de costear necesidades y expectativas de las mayorías, incrementan los costos ambientales de su modelo económico. Y cuestionan la legalidad de las asociaciones de trabajadores inter-empresas o de subcontratistas, mientras ellos se organizan como mejor les parece: asociaciones empresariales por rama, región, y nacionales. Prerrogativas del poder, dirán.

    Y estas desigualdades son las que vivimos a diario todos los demás, en los lugares de trabajo, de estudio, en el transporte público, en la salud, en el acceso a la cultura. Es la “cuestión social” del siglo XXI : exclusión social, exclusión económica, exclusión política, el resultado evidente de tres décadas de marginación de las grandes mayorías nacionales de la toma de decisiones, en nuestro país.

    Las recientes movilizaciones de los trabajadores subcontratistas del Cobre, del sector Forestal, de los pescadores artesanales, de los trabajadores agrícolas y bancarios, la movilización de los estudiantes secundarios del año pasado, o las protestas espontáneas de los ciudadanos frente al fracaso del Transantiago, tienen un común denominador: son parte de una toma de conciencia de los más frente a esta situación de desvergonzada inequidad. Es la existencia de esos dos Chiles la que está detrás de esa agitación social y política de las mayorías , y frente a la cual puso alerta la propia Conferencia Episcopal, reconociendo la urgencia de mejorar las condiciones salariales de los trabajadores chilenos.

    El gobierno ha convocado a una nueva comisión asesora para abordar el “problema” de la equidad. No obstante, el resultado de los anteriores consejos para reformar el sistema previsional, el sistema político y el sistema educacional, nos ha dejado claro que estos espacios están muy lejos de aportar efectivamente a la mejora de las condiciones de vida de las mayorías. Y que tienen más bien como objetivo lo que los políticos llaman brindar “gobernabilidad”, es decir, hacernos creer a todos que se producen cambios democratizadores, cuando en muchos casos dichos cambios incluso, podrían llegar a profundizar la desigualdad (basta, por ejemplo, observar el carácter de los proyectos sobre Educación que hoy negocian la Concertación y la Alianza).

    Resulta evidente la distorsión creciente de la idea de “gobierno ciudadano” con que se autoproclamó el gobierno de Bachelet: ¿a quiénes se convoca a este consejo? ¿Estarán allí quienes viven y sufren la inequidad? ¿Se convoca al mundo social, como la misma Iglesia lo pidió? ¿Se convoca a un amplio abanico de profesionales provenientes de diversas áreas del conocimiento? No. Este Consejo Asesor por la Equidad es una representación más del carácter tecnocrático y elitista con el que se diseñan las políticas públicas de nuestro país, cuando buena parte de los problemas sociales pasan por la falta de participación de las grandes mayorías en la toma de decisiones, y la escasa voluntad política de las elites gobernantes por generar reformas que resuelvan las tensiones sociales en marcha.

    El problema de la desigualdad en nuestro país es un tema estructural al modelo económico vigente. Solo habrá igualdad social si se piensa y construye otra forma de desarrollo para Chile: un modelo centrado en el bienestar de las personas, en el cuidado y recuperación de nuestros recursos y el medio ambiente; que surja del ejercicio creciente de la democracia plena de las mayorías. De la voluntad de transformar lo que deba cambiarse.

    Ha llegado el momento que esas mayorías comiencen a expresarse con toda su fuerza creativa y propositiva. Es momento que esas mayorías constituyan sus propios espacios de reflexión y acción, que construyan coincidencias y definan rumbos comunes, que construyan su propio programa de reformas. Es momento ya, también, que esas mayorías se organicen y se expresen en la lucha política: no es el tiempo de esperar que otros hagan las cosas por [email protected]

    Saludamos y nos sentimos parte del resurgir social expresado por [email protected] [email protected], nos plegamos a la convocatoria de la CUT para este miércoles 29 de agosto , y nos comprometemos a proponer al mundo social organizado, a los actores políticos expresivos de los intereses de las mayorías, formas de unión y articulación que vayan construyendo, desde los más y desde hoy, un gobierno de las mayorías, contra la desigualdad y por una ciudadanía activa, para el Nuevo Chile que está naciendo .

    Con la esperanza intacta,
    Movimiento SurDA,
    Agosto de 2007

    Fuente: El Quinto Infierno

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