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    El Gobierno prepara una indicación sustitutiva al proyecto de Reforma al Código de Aguas que se discute en segundo trámite en la Comisión de Agricultura del Senado. La discusión podría abrir un nuevo conflicto de intereses al interior del Ejecutivo, ya que ministros sectoriales que encabezan dicha discusión son propietarios de derechos de agua, entre ellos Antonio Walker, ministro de Agricultura, a través de su empresa Wapri en Teno y Río Claro.

    Según lo manifestado por los ministros de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, y de Agricultura, Antonio Walker, en sus comparecencias ante las comisiones de Agricultura y Recursos Hídricos del Senado, las modificaciones al proyecto apuntan a dar “certeza jurídica” a los actuales propietarios de derechos de agua, ya que en opinión de Fontaine, la reforma en trámite “lesiona la seguridad jurídica de dichos derechos al plantear el concepto de caducidad”.

    La senadora socialista Isabel Allende acusó a la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) de haber hecho una “campaña comunicacional para levantar la tesis de la incerteza jurídica” en los actuales Derechos de Agua. Por su parte, la parlamentaria democratacristiana Yasna Provoste cuestionó que el énfasis del Gobierno “apunte al buen funcionamiento del mercado del agua, sin poner en el centro a las personas”.

    En su exposición ante la Comisión de Agricultura del Senado, el ministro Walker adelantó que entre los cambios que introducirán está “volver al concepto de dueños de derechos, lo que representaría un título de dominio sólido”. El proyecto de ley establece otorgar los derechos por 30 años prorrogables, mientras que podrían caducar si no son utilizados. Un hecho que el secretario de Estado -indica- “se debe modificar para dar seguridad a los productores y no perjudicar la inversión”.

    El propio ministro Walker reconoció que un 90% del agua es utilizada por mineras, hidroeléctricas y otras empresas, mientras que sólo un 10% es para consumo humano.

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