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    El gremio de los camioneros una vez más en la historia hace templar los cimientos del palacio de La Moneda. La amenaza de paro hizo correr a los funcionarios de palacio –incluida la reina- para detener la inminente acción de protesta. Esto es un síntoma de que al famoso impuesto específico a los combustibles le queda muy poca vida y tarde o temprano va a desaparecer. Sin embargo, e independientemente de la justicia de las demandas de los camioneros, es necesario preguntarse por la eficacia de esta medida para resolver el problema de los combustibles. Primero, es importante entender que el precio del petróleo está subiendo y no es resorte del gobierno de Chile evitarlo. Lo que se podría hacer ya no se hizo pues reducir la dependencia del país respecto del petróleo como energía principal, es una política de largo plazo que se debió anticipar. Se prefirió dejar todo en manos del mercado y ya sabemos que los inversionistas privados sólo invierten en negocios redondos con ganancias inminentes de corto plazo. Las consecuencias eran totalmente previsibles y ahora comienzan a pasarnos la cuenta. El problema es que los camioneros piden la eliminación del impuesto específico a los combustibles. Con ello están favoreciendo a los sectores más acomodados del país, ya que, al tener un mayor consumo energético por persona, son quienes más usufructuarían de la eliminación de este impuesto. Además, agrava el problema de la calidad del aire al incentivar el uso del automóvil. Sería mucho más eficaz un mecanismo que les asegurara un precio estable y de mediano plazo con aumentos controlados y previamente anticipados que pudiesen absorberse, por parte de la población, con rebajas en el impuesto al valor agregado que es el más dañino para el bolsillo de los más pobres. Si el kilo de pan cuesta mil pesos, en poco más de dos meses, una familia pobre le entrega al Estado los 20 mil pesos que éste le da como bono compensatorio por las alzas del costo de la vida. Si pensamos en una familia con un ingreso de 100 mil pesos mensuales –de las que hay muchas- que gasta todo su ingreso en productos afectos al IVA, sólo en un mes le entregan al Estado lo que éste les devuelve de cuando en cuando como máxima expresión de generosidad y compromiso social. Si efectivamente este gobierno tuviese sensibilidad social, bajaría considerablemente el IVA y subiría significativamente el impuesto a las utilidades del gran capital, pero, eso implicaría otro gobierno y otro Chile. Marcel Claude, Economista Director de Arena Pública, Plataforma de Opinión de Universidad Arcis

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