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    Las ansias de la oposición venezolana por llegar al poder, de cualquier manera y a cualquier costo, la llevan por un camino minado. La estrategia que ahora se aplica se vino planificando desde que resultó reelecto el presidente Nicolás Maduro, en mayo de 2018, y es muy parecida a las que años atrás pusieron en marcha.

    Sin embargo, esta vez parece imperar, aún más, la locura y la desesperación. Para 2019, según han declarado los voceros de este sector político, el objetivo es “salir de Maduro”… nuevamente. Ellos lo plantean como si fuese la batalla decisiva.

    Para encabezar esta “cruzada” y arrebatarle el poder al jefe de Estado, que este jueves 10 de enero se juramentó de cara a su segundo mandato, pusieron al joven dirigente del partido de ultraderecha Voluntad Popular (VP), Juan Guaidó (35).

    Esta figura, no tan relevante en la dirigencia opositora, ocupa desde el pasado 5 de enero la presidencia de una Asamblea Nacional (AN) que se mantiene en desacato desde enero de 2016.

    Lo impulsan la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Con ese respaldo, y el de parte de la población venezolana, busca tomar la silla del Palacio de Miraflores.

    En ese intento, este viernes, en un denominado “cabildo abierto”, Guaidó osó decir que asumirá “las competencias de la encargaduría de una Presidencia de la República”. Aunque no lo llamó por su nombre, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sí lo hizo y despejó las dudas de las intenciones golpistas.

    Luego, hasta el portal Wikipedia hizo lo propio y lo presentó como el “Presidente número 51” de la nación suramericana, aunque la información, después de viralizarse, fue editada. Sin embargo, como todo en la red de redes, siempre quedan los rastros de las mentiras que se publican.

     

    Para justificar sus acciones, Guaidó apeló este viernes a los artículos 333, 350 y 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. “Asumimos entonces la convocatoria a las Fuerzas Armadas, a la comunidad internacional al ejercicio de los artículos de nuestra constitución 333, 350 y 233 para ejercer mandato“, afirmó.

    ¿Es constitucional lo que hizo Guaidó?

    En entrevista con El Ciudadano, la abogada constitucionalista Olga Álvarez explicó las razones por las que estas actuaciones del Parlamento y de Guaidó constituyen “delitos de traición a la patria” y van en contra de lo que establece la Carta Magna.

    Lo primero que aclaró es que la directiva actual de la AN, que preside Guaidó, no tiene legitimidad porque fue electa por un cuerpo colegiado que está desde enero de 2016 en desacato por juramentar a tres diputados del estado Amazonas cuyos resultados fueron impugnados ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por irregularidades.

    Por tanto, todo lo que decida ese Parlamento es de “nulidad absoluta”. Mencionó que la directiva que presidió Julio Borges, del partido Primero Justicia, en 2017 también estaba viciada y la última legítima fue la de Henry Ramos Allup, de Acción Democrática (AD), quien la dirigió tras la victoria en 2015.

    “La AN en este momento no tiene directiva, el que está realmente usurpando funciones, en todo caso, es Guaidó”

    Asimismo, señaló que esta situación de desacato genera un vacío en el Poder Legislativo que debe resolverse pronto, porque la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y la Sala Constitucional del TSJ no pueden estar de forma permanente supliendo lo que le corresponde al Parlamento.

    ¿Es un golpe de Estado?

    “Guaidó intenta una ruta de golpe de Estado. No tiene pueblo, no tiene el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero tiene todo un andamiaje internacional muy peligroso a su favor”, alertó Álvarez.

    Lo más grave, agregó, es que en esta guerra multiforme se crea un escenario de apariencia jurídica, en el que intervienen unos actores internacionales, pocos pero suficientes, para crear un show que mediáticamente podría crear unas condiciones que faciliten el terreno para una intervención“.

    Sobre el artículo 233 de la Carta Magna, al que se refirió Guaidó, detalló que establece las faltas absolutas del presidente que son esas y no otras. En este sentido, recordó que Maduro es un mandatario reelecto que ya estaba en posesión y lo que hizo el jueves fue renovar el juramento para el cargo que el pueblo le dio.

    Artículo 233.- Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: su muerte, su renuncia, o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato.

    Del 333, aclaró que el Gobierno venezolano no ha derogado ninguna Constitución y, en todo caso, “el que la está derogando es Guaidó”.

    Artículo 333.- Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

    ¿Pueden ir presos?

    Finalmente, la abogada constitucionalista afirmó que las acciones de Guaidó constituyen delitos contra la seguridad de la nación, tipificados en el Código Penal venezolano, en el capítulo de Seguridad de la Nación, el cual establece las figuras que son traición a la patria.

    “Ellos han incurrido en delitos de traición a la patria de forma permanente y continuada, individual y colectivamente. Como son en flagrancia la autoridad puede detenerlos y ponerlos a la orden del TSJ“, puntualizó.

    Además, recordó que el Ejecutivo venezolano ha procurado la democracia, la paz y ha llamado de manera permanente al diálogo político y a la cordura, pero cree que hay que tomar cartas en el asunto contra quienes intentan, con aliados internacionales, boicotear la paz.

    “Hay suficientes normas penales de las cuales echar mano para frenar una escalada que ellos están intentando crear. Quizá el Gobierno, en su intento permanente de generar las condiciones para la paz, esté evaluando los escenarios, pero yo pienso que ya está bueno, ya llegó el momento de tomar acciones mas significativas“, concluyó la abogada constitucionalista.

    De momento, son 46 los países que han decidido desconocer a Nicolás Maduro como presidente legítimo, incluyendo algunos de gran peso como Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña y Brasil. No obstante, otras 148 naciones le han manifestado su respaldo, y entre ellas también figuran países clave como Rusia, China e India.

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