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    SALA SENADO CONGRESO NACIONAL VALPARAISO

    Tras los últimos escándalos que han sacudido la política chilena, el Ejecutivo urge a limitar el financiamiento de la política a través de un proyecto de ley que regula el gasto electoral.

    Este miércoles el Senado aprobó en Sala dar luz verde a esta iniciativa legal cuyo objetivo es, según el Ejecutivo, fortalecer la democracia y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

    Tanto los parlamentarios como el equipo de gobierno podrán, hasta el 21 de agosto, presentar indicaciones al proyecto de ley que busca establecer normas que intensifiquen el control democrático, la publicidad y la transparencia del financiamiento de la política.

    Tras varias horas de debate, la sala del Senado aprobó la idea de legislar sobrel la iniciativa que regula el gasto electoral. En sus intervenciones, la mayoría de legisladores hablaron de la importancia de introducir cambios respecto al modo de financiar las campañas políticas que ha imperado hasta el momento y que ha devenido en una serie de irregularidades que han hecho temblar los cimientos del sistema político actual.

    El senador Pérez Varela -UDI- defendió durante su intervención que le parece adecuado que “existan reglas claras para las próximas elecciones. Creo que es coherente este proyecto con el del sistema binominal porque se excluyeron a los candidatos independientes en las carreras parlamentarias. Quiero advertir que habrá una dificultad importante a la hora de fiscalizar la norma”, indicó.

    Por su parte, el senador Chahuán -RN-, subrayó que lo importante “es valorar” la iniciativa y felicitó a los integrantes de la Comisión por tramitar el proyecto, pues, defendió, “es importante dar señales al país para fortalecer la democracia”.

    El proyecto de ley establece estándares más exigentes de transparencia y control de la actividad política: obliga, por ejemplo, a todos los candidatos a cargo de elección popular a efectuar una declaración de patrimonio e intereses; y prohíbe cualquier aporte de personas jurídicas a una campaña electoral, con excepción de aquellos que efectúen los propios partidos políticos (a través de las empresas que forman parte de su patrimonio).

    El contenido de la iniciativa también establece una entrega trimestral a los partidos políticos de aportes estatales para financiar las campañas electorales; y dispone las sanciones que tendrán que enfrentar aquellos que contravengan las disposiciones establecidas por el texto legal.

    La iniciativa dispone también la forma, el modo y el plazo en que se podrán llevar a cabo las actividades de propaganda electoral. En este sentido, Jorge Pizarro -DC- explicó durante su intervención que “el proyecto abarca el mundo de las campañas electorales y la forma en que se desarrolla ese gasto. Estamos por un financiamiento público aunque sea impopular. Creo que es una oportunidad”.

    El senador Alejandro Navarro -MAS- señaló: “Nosotros instalamos el dinero privado en la política, el 2003. La solución de la crisis se resuelve con una nueva constitución. Esto no es más que un parche. No creo que el aporte privado termine. Acá queremos mejorar la calidad de la política pero el texto no lo logra

    Por su parte el senador Jaime Quintana -PPD- defendió: “Este descrédito de la política es anterior y somos todos responsables de ello. El 2003 no solos fue un esfuerzo insuficiente sino que terminó favoreciendo la llegada de platas negras a la política. Hoy se está considerando como un bien público la política y eso hay que aprovecharlo”.

    El fin último de este proyecto es, según explica la página oficial del Senado, asegurar la correcta expresión de la voluntad soberana del pueblo, generando instancias de participación ciudadana y fomentando las actividades políticas con equidad y transparencia.

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