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    La discusión educacional tiene varios frentes, cada uno tan distinto que incita a pensar que estamos hablando de cosas distintas. Sin embargo, cada uno de ellos ha confluido para que el movimiento secundario sea diseccionado, hostilizado y, al fin y al cabo, desmovilizado, justo en el umbral del inicio de la discusión parlamentaria. Más allá de las estrategias concertadas o de las eventuales coincidencias, resulta evidente que la política del Gobierno ha sido limpiar con rapidez cualquier obstáculo que el movimiento estudiantil pudiera poner en su trazado.


    La apuesta del Ejecutivo en todo este periodo ha sido tener el control de la situación, a cualquier evento. En los colegios, ante las movilizaciones; en el movimiento social, ante los intentos de articulación; y en el Parlamento, donde los anuncios han apostado a la sorpresa y a la apariencia de cambio, lo cual ciertamente ha generado niveles de desconcierto en los actores sociales.

    Sin embargo, todo parece aclararse cuando, al cabo de un tiempo, los proyectos de ley exhiben bajo el maquillaje una cara inofensiva que no hace honor a la promesa política de realizar transformaciones de fondo en la educación chilena. Peor aún, tal como lo ha planteado recientemente el diputado DC y presidente de la comisión de Educación de la Cámara, Gabriel Silber, la viabilidad legislativa del proyecto supone una negociación con la derecha que le quite los pocos rasgos de avanzada que tiene la iniciativa, tales como la prohibición formal al lucro y a la selección hasta octavo básico. Este escenario, que hasta el momento no ha recogido las demandas de los secundarios ni del conjunto del movimiento social de educación, es el lugar político donde el Gobierno está invitando a que los estudiantes desarrollen su trabajo.

    Con esta absurda travesía circular, se quiere cerrar el largo paréntesis que se abrió con el inicio del mandato de la presidenta Bachelet, cuando el amplio respaldo con que contaba parecía sólido. En un año normal así hubiera sido, más aún teniendo en cuenta realidades como el aumento del desempleo y el aumento significativo del gasto público. Sin embargo, la movilización secundaria de mayo del año pasado puso al Gobierno en un rumbo errático del que todavía no se repone. Por eso, un año después y sin la cuenta de ahorro de antes, el Ejecutivo no podía darse el lujo de que sucediera lo mismo. La crisis secundaria del 2006 había sido políticamente resuelta con la creación del Consejo Asesor, cuyas conclusiones finalmente no fueron respaldadas por los estudiantes.
    Cumplido ese paso, este año desde el punto de vista político se concentraría en dos ámbitos: en el Parlamento, donde fueron presentados proyectos de ley, y en el movimiento social, que había aprendido que sólo movilizándose podía producir cambios. El escenario parecía efervescente e incluso el temprano 22 de enero, los secundarios unidos a profesores, universitarios, apoderados y codocentes anunciaban movilizaciones a partir de marzo, debido a la desconfianza de que se hicieran las transformaciones estructurales en la enseñanza que se habían prometido.

    Y es que en un escenario de escepticismo, el Gobierno respondió con un proyecto de ley cuyo enunciado era la derogación de la Loce. En el discurso, se estaban aparentemente recogiendo las demandas estudiantiles de cambios estructurales. Entre las propuestas se contemplaba el fin del lucro y la imposibilidad de seleccionar hasta octavo básico. Este último punto introdujo por primera vez una contradicción profunda al interior del movimiento estudiantil. Los dirigentes de los llamados colegios llamados emblemáticos, cuyo estatus histórico está basado en la excelencia académica gracias a la selección, sintieron amenazada la raíz misma de su existencia y eso supuso desencuentros con el resto de los estudiantes movilizados, que valoraron la medida como un avance.

    Paralelamente, la posibilidad de un análisis más fino que da el tiempo hizo evidentes los alcances limitados de la supuesta propuesta transformadora del Gobierno. Y que incluso los aspectos más avanzados eran políticamente inviables, por la composición del Congreso. En el rechazo no sólo estaba la Alianza, sino también congresistas de la Democracia Cristiana y del PPD, lo cual llevó a un parlamentario a afirmar que “ni siquiera sé si tenemos mayoría en la Concertación”. Lo cual, de paso, vuelve a demostrar que hay vastos sectores del oficialismo dispuestos a movilizarse por el statu quo.

    Un segundo componente es el permanente temor de los estudiantes de que el Gobierno intenta cooptarlos e infiltrarlos. El sistema es altamente sofisticado y no implica formalmente corrupción, pero introduce una barrera entre los estudiantes y quienes han sido elegidos para representarlos. A través de reconocimientos, espacios decorativos en la trenza del poder o de inocentes ayudas económicas, se han hecho algunos intentos que en general han sido rechazados por el movimiento. Sin embargo, el hecho de que una destacada líder del 2006 haya entrado a militar en un partido oficialista o que otros dos hayan trabajado durante el verano en el Mineduc demuestra que estos intentos de acercamiento a veces funcionan.
    En este contexto, a pesar de las incertidumbres y dificultades, las movilizaciones nuevamente se produjeron. Los secundarios, que se habían disgregado en dos organizaciones más grandes (AGES y ANES) y varios colectivos, lograron articular plataformas comunes y buscar visibilidad a través de las tomas de colegios. Esto sucedió, entre otros, en los liceos Confederación Suiza, Amunátegui, Manuel Barros Borgoño, Teresa Prat de Sarratea, Cervantes, Libertador José de San Martín; Comercial Gabriel González Videla, República de Brasil, Juana de Ibarbourou de Macul, Juan Antonio Ríos de Quinta Normal, Santiago Bueras de Maipú y Benjamín Vicuña Mackenna de La Florida.
    La respuesta de la autoridad fue brutal y se expresó en dos ámbitos: en lo policial, a través del desalojo de los colegios; y en lo comunicacional, buscando despojar al movimiento de su contenido político para caricaturizarlo como mero vandalismo. Esto se resumió de manera elocuente en las palabras de Sergio Bitar, ex ministro de la Unidad Popular, ex ministro de Educación y actual presidente del PPD, quien afirmó que “a mí, desde siempre, las tomas no me han parecido una acción política, sino una acción de fuerza inaceptable en democracia”.

    Un elemento simultáneo fue la entrada en vigencia de la Ley Penal Adolescente, la cual
    disminuye la edad para ser imputable por la comisión de delitos y tiene una concepción que apela sólo a un aspecto que es el resguardo de la seguridad de la población, pero omite la responsabilidad que al Estado y a la sociedad les cabe en la protección de los derechos de los niños de 14, 15 ó 16 años. Esta nueva ley fue usada por el Ministerio del Interior como una espada de Damocles sobre el movimiento, que ahora sabía que cualquier daño a la propiedad podía ser pagado con cárcel. Y para que no quedarán ganas de una nueva embestida, y una vez que la mirada de la opinión pública se distrajo de los colegios, se han sucedido en varios establecimientos, tales como el Liceo Amunátegui, procesos punitivos que han penado hasta con la expulsión a quienes participaron de las movilizaciones.

    Todas estas embestidas han afectado al movimiento estudiantil, pero persiste la intención de articularse. Se trata de una generación más consciente y menos traumatizada que las precedentes. Y con todo el tiempo por delante. El Gobierno, por su parte, no ha querido o no ha tenido la capacidad de impulsar cambios estructurales. Además, se ha rendido a dos premisas derechistas: que gobernabilidad es imponer el orden público y que el movimiento social –cuando provoca algún daño a la propiedad pública- se transforma en delincuencia común, aunque se trate de jóvenes de 16 años. Por lo menos, persiste la certeza de que, ante la creciente desvinculación y falta de sensibilidad de la clase política, sólo la movilización hará posible la construcción de una educación funcional al anhelo de un país justo e integrado.

    Comité Ejecutivo
    Observatorio Chileno de Políticas Educativas
    OPECH

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