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    “Hay muy pocos que sean tan necios que no prefieran gobernarse a sí mismos antes que ser gobernados por otros”

    Thomas Hobbes, Filósofo Ingles.


    Sobre definiciones.

    Entendemos como Constitución Política de la República, a la concepción de ideas, llevadas al plano de lo real, que constituyen la parte fundamental de la razón de vida de las personas,  la gente, del pueblo, las cuales se dan con el objetivo de hacer una vida en comunidad, tomando como base lo fundamental de los derechos y deberes de las, y para las personas. Esta concepción de las ideas llevadas al plano real se deberá constituir en el estatuto fundamental por el cual se rija la sociedad y en suma se transformara en los derechos y deberes de las personas y su relación con el resto de la sociedad, las personas y el medio en que se desenvuelven.

    Las leyes que darán origen al Estado, su organización, funcionamiento y la relación de sus instituciones con las personas, el medioambiente y la razón integradora del país, nación o república. Son parte del ordenamiento jurídico que enmarca la Constitución.

    Esta Ley, La Constitución Política de la República, llamada también Ley Fundamental, servirá de base al conjunto de leyes que este Estado se vaya dando en todo el qué hacer nacional, las que deberán estar referenciadas en ésta Ley Fundamental,

    La base de la Constitución Política de la República debe fundamentarse en conceptos filosóficos que le den sentido claro a las prioridades de las personas, sus ciudadanos, de la Nación y el Estado. Entendemos como Filosofía a la ciencia  del conocimiento – del saber – de las cosas por sus causas o primeros principios. Debemos señalar que hablamos de la filosofía contemporánea, aquella cuyo centro son la vida humana, sus derechos y deberes.

    Sobre la historia.

    Según nuestra historia desde la Primera Junta de Gobierno en el año 1812, se han hecho esfuerzos para ir reglamentando y diseñando un Estado, pero siempre con la intervención de pocas personas nombradas con ese objetivo. Ésta primera vez se hace con ocasión del Gobierno de Don José Miguel Carrera. Al cuestionado fusilamiento de Carrera en Mendoza, el triunfo de los Patriotas y la asunción al Mando de la República de O’higgins, como Director Supremo en 1818, nuevamente se elabora un nuevo Reglamento bajo su administración. Cabe mencionar que la historia señala que Director Supremo es sinónimo de dictador. Le sigue un período de anarquía, pero en los años 1822, 1823, 1826, 1828, se elaboran llamados Reglamentos Constitucionales, para en 1833 elaborar la primera Constitución Política de la República. Se señala que esta última fue inspirada en el pensamiento Portaliano, misma que dura un siglo. Cabe mencionar que Portales no se caracterizo por tener una vocación democrática, más bien obsecuente con sus ideas del mando de la Nación. Portales es admirado por un sector de las Fuerzas Armadas como una persona inspiradora del mando vertical, tanto para las Fuerzas Armadas como para la conducción del Estado. Bajo la presidencia de Arturo Alessandri Palma se redacta la Constitución de 1925, la cual sirve de base a los gobiernos republicanos hasta el golpe de Estado en 1973.

    La Constitución de 1925 separa a la Iglesia Católica del Estado, crea las dos cámaras del Congreso, separación de los poderes del Estado: Ejecutivo y Legislativo, la que con el tiempo se fue perfeccionando.

    Pero todas esas buenas intenciones de reglamentar el funcionamiento de un estado, han quedado truncadas ya que ninguna ha sido representativa de las mayorías nacionales, sus ciudadanos. Pese a que hubo intentos democráticos con las constituciones de 1833 y 1925, en ambas no todos los chilenos podían votar y el voto de la mujer aún no se aprobaba.

    Con la Constitución de 1980, ocurre igual condición. Debemos señalar  que a nuestro parecer, carece de total legitimidad puesto que ha sido diseñada y aprobada con métodos de exclusión de parte importante de los chilenos, todo esto dentro de un régimen antidemocrático y represivo de los Derechos Fundamentales del hombre, lo que hace de ella: ilegitima y antidemocrática. Su carácter de ilegitimo se fundamenta en los Decretos de exclusión, propios de los gobiernos de facto, que son emitidos por la Dictadura y por establecer un régimen no democrático, ya que no es representativo de todos los chilenos.

    Siguiendo con su carácter antidemocrático, una parte ínfima de los chilenos por las Fuerzas Armadas de ese momento y a la cabeza el dictador, sin la autorización plena del pueblo, esto es todos los chilenos, se arrojan la encomienda y tutela de la Patria y el diseño del Estado, para establecer una “democracia protegida” y un sistema excluyente del ejercicio de la democracia, libertad e igualdad ante nuestros iguales. “Democracia protegida” de quién y porqué; facultad única ligada sólo a quienes constituyen: la mayoría de las personas, el pueblo en el ejercicio pleno de la democracia.

    El porqué de una nueva Constitución.

    La Constitución de 1980 ya tiene 11 modificaciones y aún no se logra el quórum requerido por su texto, para efectuar modificaciones sustanciales que eliminen su carácter excluyente y antidemocrático.

    Debemos ser claros, “majaderos” diría, y señalar que la Constitución fue aceptada por una estrategia política para sacar al dictador de Pinochet y garantizarle a él y la Derecha Política “una supuesta democracia protegida bajo sus intereses”, pero ella nunca represento los intereses de las mayorías de los chilenos, a pesar que dentro de su declaración filosófica señala una importante declaración por la vida al señalar que “todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos y reconoce la importancia de la familia y el respeto por los derechos fundamentales”. Pero de qué sirve esta declaración sí no es respetada y a meses  de entregar el poder las “huestes” del dictador seguían cometiendo atropellos a los Derechos Humanos.

    Una nueva Constitución debe ser refrendada su elaboración y puesta en marcha por todos los chilenos, sin exclusión. Hasta el momento en la historia de Chile ninguna Constitución ha cumplido con este mandato democrático.

    No basta que una de las últimas reformas a la Constitución haya sido firmada por un Presidente de la Concertación elegido democráticamente. En ella sigue estando el germen de haber sido creada en un régimen de facto, antidemocrático, con un reprochable irrespeto hacia los Derechos Humanos, donde aún subsiste una cantidad increíble de  Detenidos Desaparecidos y por medio de ella se sigue privilegiando la Amnistía a favor de los ejecutores de los asesinatos de la Juta Militar y sigue estando presente, por medio del sistema de votación, la exclusión de una parte de los chilenos para elegir y ser elegido, etc. Sobre estos puntos se pueden decir tantas cosas que abundar en ellas daría para un nuevo libro. .

    Recientemente, el 19 de septiembre del presente año, la Señora Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria, instaló la Comisión Asesora de la Presidencia y el Comité Asesor para el Bicentenario, dando a entender una de las características de Comité, como lo habían sido otros anteriormente convocado, que… “Chilenos y chilenas, como ya decía, con ganas de aportar al país, más allá de las diferencias ideológicas, de sus diferentes orígenes, de sus distintas disciplinas y profesiones. Chilenos y chilenas que lograron, diría yo, abstraerse de la reyerta política del día a día y que pusieron el foco en la mirada de mediano y largo plazo, pensando no en lo que es bueno para este gobierno – es bueno para este gobierno también, porque lo que es bueno para Chile, es bueno para el gobierno y es bueno para Chile, pero sobre todo pensando, como digo, en una mirada más larga, pensando en lo que es bueno para Chile.”

    – Parece un juego de palabras, pero señala una gran verdad –

    “Y en esta tarea, todas las miradas son válidas, porque a lo largo de su historia los grandes pasos que hemos dado como nación han sido posibles gracias al acuerdo y al  diálogo entre los distintos sectores. Hoy, a las puertas del bicentenario, podemos trabajar juntos para hacer realidad los sueños que tenemos como país. Y en esta tarea, todas las miradas son válidas, porque a lo largo de su historia los grandes pasos que hemos dado como nación han sido posibles gracias al acuerdo y al dialogo entre los distintos sectores. Hoy a las puertas del bicentenario, podemos trabajar juntos para hacer realidad los sueños que tenemos como país.”… “Y ahora, a pasos del 2010, es hora de un nuevo balance y de renovar nuestras metas sobre la base de la convicción compartida de que el Chile que estamos construyendo es una nación que rescata sus identidades, un país libre y democrático, diverso e integrado, socialmente equitativo y solidario, creciendo en armonía con el medio ambiente e integrado a nuestra América y al mundo.”

    En cualquier lectura que hagamos de las palabras de la Presidenta, lo que está invitando es a consolidar nuestros sueños, ideas, para hacer de Chile una nación más fuerte y grande, digna de todos sus hijos.

    Esta idea no puede ser otra de construir un nuevo proyecto de relaciones que nos integre a todos como nación. Como ella lo señala “con todas nuestras diversidades”. Esta idea, este proyecto no puede ser otro que el de establecer – ahora, ya mayores, más maduros, en otras palabras, grandes – que la elaboración de una nueva Carta Magna, una nueva Constitución Política, en donde se plasme esa diversidad y esa razón de ser que tenemos los chilenos. Y ahora sí, con estas nuevas reglas claras, democráticas, solidarias, igualitarias, tolerantes,  libertarias y basada en la verdad. Protectora de la vida y de sus hijos, y profundamente respetuosa de los derechos de las personas, pero a su vez responsable de sus deberes, construir el Chile que todos queremos, sí todos, con nuestras diversidades, distintas formas de pensar, pero un objetivo claro CONSTRUIR UNA GRAN NACIÓN.

    Lo que deseamos.

    En nuestro caso, nuestra Constitución Política de la República debe  tomar como fundamentos los conceptos filosóficos de: igualdad, libertad, solidaridad, democracia, tolerancia: “tolerancia cultural, ideológica y religiosa”, y verdad.

    Debe estar provista de la voluntad de las mayorías, así como lo describe la democracia, y estar basada en la promoción y protección de la vida, los DDHH y la civilidad. En una nueva Constitución se deben reponer y refrendar la dignidad, derechos y deberes de todos los chilenos.

    La  verdad ética y moral hay que definirla en sentido de la protección de la vida y la familia, siendo el Estado una organización garante en lo económico y social.

    Se deben establecer la conceptualización de los fenómenos sociales de la sociedad desde el punto de vista del saber, del conocimiento y del estudio de su surgimiento, y el modo de ser tratados y solucionados. Sobre este punto se deben analizar las “Causas y Condiciones” que los generan, tal como analizan los forenses las acusas y condiciones de un crimen o fenómeno social ocurrido o a como lo señala la Criminalística, no solo en la comisión de delitos, sino en la aplicación de esos métodos para el análisis de los fenómenos sociales orientados a su generación. No es posible que la justicia se siga nutriendo de los prejuicios y categorías sociales en donde son encasillados a los desamparados, los marginados, las personas de la calle.

    En una Ley Constitucional deben quedar definidas las riquezas básicas del territorio, siendo la más importante su pueblo; la actitud creadora de la persona humana.

    Se deben recorrer las diferentes proposiciones que al respecto se han dado los pueblos de América, siendo el ejemplo más significativo el caso de México que en el año 1936, bajo la Presidencia del General Lázaro Cárdenas, héroe de la Revolución Mexicana y uno de sus más claros hombres, nacionaliza todas sus riquezas básicas: “todo lo que está bajo la tierra, en ella y sobre la ella, es de los mexicanos”. En Chile existen serios problemas con el uso y el usufructo de las riquezas básicas, ya que los bosques nativos, “renovales” o no, las aguas, minerales, etc., tienen un orden privado y pertenecen al dueño de la tierra o quien las ha inscrito. Hay  que redefinir la propiedad nacional de las riquezas básicas, y en el caso del agua, regular porcentualmente con el Estado, de todos, la generación energía y riquezas que se generan con ellas.

    Se deben crear y elevar leyes al rango constitucional como el reconocimiento a los pueblos originarios, a su cultura, idioma, organización social y autodeterminación. Asimismo se deben agregar a estos derechos, todas las Leyes que en alguna medida reparan la condición de Pueblos Originarios, tales como las becas en educación y el reconocimiento de derechos “ancestrales” En el caso de los Pueblos Originarios el Estado debe ser su principal defensor y promotor, y cada intervención a su patrimonio territorial deberá ser con su participación, sobre todo cuando por medio de ello se trate del generar recursos económicos.

    Debemos mirar la historia de nuestra historia latinoamericana. En México en el año 1974 se entrego a los indios Lacandones, Sur de México, la “selva Lacandona”, que abarca parte de los Estados de Campeche y Chipas, como dueños de ese territorio ancestral. En Brasil se siguen desbastando amplias zonas de la selva del Matogroso en detrimento de grandes comunidades de pueblos originarios. En Ecuador, Canada, Panamá, parte de Venezuela, y algo sorprendente, el propio Estados Unidos, han reconocidos sus pueblos originarios, restableciéndoles sus territorios, costumbres, culturas y autodeterminación de acuerdo con el estado como nación unificadora y rectora de los Derechos y Deberes de las personas.

    También caven en este rango de garantías constitucional: la salud, previsión, educación, trabajo, etc., y todas aquellas que protejan la vida, no sólo del Hombre como ser genérico, sino también la naturaleza y los animales. En estas leyes se deberá establecer el rango de “garantías constitucionales explicitas” o de “garantías de bien público”, las que se podrán mejorar o ampliar, pero jamás desaparecer. Al hablar de educación debemos hablar de la educación de calidad que se exige hoy, pero debemos volver a Don Pedro Aguirre Cerda para una educación laica, obligatoria y gratuita.

    El Estado nunca debe perder la facultad reguladora de la generaron económica. Dentro de estas “Garantías Constitucionales” debe quedar aclarado en forma explicita el acabar con la pobreza en el territorio nacional y de igual forma se deberá establecer un sistema que garantice una adecuada “redistribución del ingreso”, ya que la riqueza es creada por sus ciudadanos, independientemente de quién suministre el capital para crearla. Y no es una concepción política, que lo asemeje con el Socialismo, más bien es una concepción filosófica. Paradójicamente hoy podrías señalar que el Mundo Capitalista: Estados Unidos e Inglaterra aplican leyes del “Añejo socialismo” al Nacionalizar la Banca que está quebrada o que camina hacia alla, con el sólo objetivo de salvar su economía “especulativa”.

    La Justicia deberá tener como principios el de reparar y restablecer los deberes y derechos de los ciudadanos. El Estado  basado en el elemental principio de proteger la vida y de generar igualdad de derechos y deberes, deberá ser el garante del principio de protección en lo económico, cuyo principio fundamental es el de promover, proveer y garantizar el acceso al trabajo. Dentro de la justicia, esta se deberá adecuar periódicamente a la actualidad global del qué hacer de las personas y deberán desaparecer de sus códigos aquellas Leyes que entran en contradicción con el carácter democrático, igualitario y de libertad, tales como los supuestos “Estados de las personas” en donde se castigan la mensindad, vagancia, locura, etc., los cuales han sido generados por la sociedad que vivimos y no por el hombre. Recordemos una definición filosófica de la Constitución de la Dictadura y que definida, pero no fue ejercida por quienes detentaban el poder: “que todos las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. De igual forma deberán desapacer de nuestros códigos lo señalado en leyes como la “Ley de Detención por Sospecha” y que fuera reemplazada por la “Ley de Control de Identidad”, siendo que la labor policial debe ser la proveerse los métodos para prevenir los delitos y las acciones de carácter delictual.

    Al igual como en las instituciones del Tribunal Constitucional y la Contraloría de la República, para los Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones, deberá regir la edad de ejercicio a los 65 años a como lo define el Código del Trabajo. Las postulaciones a estos cargos de “Servicio Público” deberán regirse por la selección a la Alta Dirección Pública y se deben exigir requisitos de ejercicio de un mínimo de 10 años como Jueces  de los Tribunales de Justicia para asumir los cargos de Ministro de las Cortes de Apelaciones más una Maestría en las materias legales; para los Ministros de la Corte Suprema, haber pasado por alguna Corte de Apelaciones y haber aprobado un Doctorado en materias legales; para los componentes del Tribunal Constitucional se debe establecer el requisito de Doctor en la materia de Derecho Constitucional y un ejercicio mínimo en la materia de 10 años; para el Controlador General de la República el requisito de Doctor en la Administración Pública y con requisito de 10 años de ejercicio en la materia.

    En el caso de la conformación del Tribunal Constitucional de Chile se deben estudiar lo conducente a su nombramiento por parte del Presidente(a) en ejercicio y del Congreso Nacional o en su defecto incrementar los requisitos por medio de la Alta Dirección Pública. Deben primar los aspectos académicos comprobables por el ejercicio del Servicio Público antes que los aspectos políticos partidistas que impondrán en su momento el Presidente(a) y el Congreso Nacional. De esa forma se hará un claro ejercicio de la democracia.

    Tanto el Tribunal Constitucional y la Contraloría de la República deberán ser instituciones Colegiadas y de clara condición “apolítica”, entendiéndose por aquello no adscrito a partido político, y al igual que los Tribunales de Justicia su condición laboral no podrá exceder los 65 años a como lo señala el Código del Trabajo. El término “apolítico” debe quedar fuera de cualquier exigencia para postulación laboral, ya que en sí mismo es contrario al derecho de pensar cada persona, sería como el de conculcar ese derecho.

    Se debe establecer la categoría de Senior para todo Profesional mayor de 65 años y jubilado y por su grado académico deberá llamársele como Senior Especialista, Senior Consultor o Senior Asesor, pudiendo ocupar cargos laborales, pero no podrá durar en sus funciones a una edad superior a los 70 años. Este nombramiento será el atributo de reconocer capacidades entre los mejores de su especialidad. Sus responsabilidades administrativas corresponderán al grado de Asesor.

    Se deberá establecer dentro de este orden jurídico y constitucional, leyes que prohíban cualquier ideología que atente en contra de  los conceptos filosóficos que han servido de base y por medio de los cuales se ha definido la vida y su protección.

    Deben quedar incorporadas a este Orden Constitucional las Declaraciones Universales de los Derechos del Niño, de los DDHH, del Trabajo, del Medioambiente, OIT, y todas aquellas que hayan sido establecidas por la ONU y la OEA para proteger la vida y los derechos fundamentales del hombre, la mujer, la infancia y la naturaleza. Su ratificación será materia de trámite simple.

    Una Ley Constitucional debe ser inclusiva, en el sentido de incluir a todos los entes de la sociedad sin distingo de razas, color o creencias, además de establecer las garantías para su protección, promoción y reproducción. En este ámbito debe desaparecer el sistema By Nominal de elecciones, además de ser excluyente de una parte de los chilenos. De igual modo debe limitarse la reelección de Diputados y Senadores, no pudiendo exceder a dos periodos consecutivos, eso dará para hacer de la política una condición dinámica y renovadora de ideas que pueden aportar los jóvenes. Muchas de estas causas le son atribuidas al Sistema By Nominal, ya que no permite el libre ejercicio de las posibilidades de optar a cargos, haciendo de la política un cuerpo “atomizado”.

    Dentro de esta Ley Fundamental o Ley Constitucional de la República se debe hacer una descripción pormenorizada de los conceptos filosóficos fundamentales que le dan origen y vida, con el objeto de dejar establecido claramente su significado y lo más importante, el “espíritu legal” con que fue incorporado a la Constitución. Lo anterior tiene por objeto el no permitir que en el futuro, Tribunal ajeno a su estudio y elaboración, den un giro o se permita hacer cambios en su significado y al “espíritu” con que fue creado e incorporado a la Ley.

    Debe trabajarse en forma constante por la Modernización del Estado y según la nueva Constitución deberá explicitarse el crear un medio para lograrlo eficazmente. En la revisión y modernización del Estado deberán dirigirse los esfuerzos para acabar con la dualidad de funciones, como son el funcionamiento de dos órganos policiales, por el sólo hecho de que uno fue creado con distinta función a lo criminalístico y de otras dependencias del Estado que se duplican y superponen, haciendo del Estado un órgano burocrático.

    La Constitución Política de la República debe ser votada y aprobada democráticamente. Cualquier modificación a ella deberá ser votada por todos los chilenos y su aprobación será con el 50% de los votos más uno y de la forma democrática más clara. En este caso no será atribución de las Cámaras el aprobar las modificaciones a la Constitución, sólo a su redacción, presentación y respetando la participación popular en su generación. El estudio y propuesta de los contenidos de la Nueva Constitución  tiene que ser participativa, democrática, existiendo innumerables formas de llevarlo a cabo, como el concurso de “grandes chilenos” o algo similar, dicho concurso un tanto politizado al final, pero existirán formas de usar los medios de comunicación para hacerlo lo más democrático posible.

    Es la oportunidad para llegar a un gran acuerdo nacional que se traduzca en un Pacto de Honor de todos los sectores de la política nacional. El nuevo y Gran Pacto Social debe  ser motivo para la elaboración de esta nueva Constitución Política de la República y del diseño “de cómo” los derechos al trabajo debieran redactarse para reflejar lo que sectores de la Iglesia Católica han llamado “el salario ético”. Fundamentalmente al  describir filosóficamente los valores de las personas que se deberán señalar en esta Constitución, deberá aparecer el “costo” para reproducir y mantener la vida y de ahí se deberá establecer que es lo ético como salario.

    Un ejercicio de definición de las conceptualizaciones de los fenómenos sociales en términos filosóficos. Un aporte.

    Me permito entregar un aporte al análisis de los fenómenos sociales que reflejan el deterioro de una parte de la sociedad chilena, que los hace caer en actitudes  no a acorde con los deberes y derechos de las personas. Hay que señalar que estas situaciones han sido promovidas por una sociedad  injusta, poco solidaria y con una considerable falta de oportunidades para los jóvenes, la mujer y los adultos de la tercera edad. Así podemos señalar que:

    – Entendemos que la actividad delictiva es un mal inherente al tipo de sociedad en la cual vivimos, que existe desde los inicios de la sociedad humana y perdura hasta nuestros días.

    – Esta actividad se ha desarrollado sobre el irrespeto de las normas de convivencia y los derechos de las personas, ambas preceptuadas por la Constitución Política de la Nación y por el Orden Jurídico vigente.

    – Las condiciones económicas y sociales siempre influyen en el aumento o disminución  de la actividad delictiva, siendo la desigualdad de oportunidades una de las principales. Por tal razón, la construcción de una sociedad más justa y solidaria, libre de desigualdades e inequidades, debe ser la prioridad del mundo progresista con el cual nos sentimos identificados, aspirando que tal concepción sirva para disminuir progresivamente tal actividad.

    – La acción de la policía y órganos judiciales es represiva y coercitiva de la actividad delictiva

    – La acción del Estado hacia la actividad delictiva siempre deberá hacerse con total apego a la ley y la Constitución, garantizando las libertades individuales y públicas de las personas preceptuadas en las leyes de la Nación.

    – El flagelo de la droga ataca principalmente a nuestra juventud. La juventud al no encontrar espacios  que les brinden oportunidades para el estudio, empleo y una sana diversión, asume una actitud psicológica de rechazo social y buscan suplir sus necesidades con la droga y con ello se da el inicio a la carrera delictiva.

    – La delincuencia es un problema que atañe a toda la sociedad, a sus ciudadanos y sus instituciones. En su solución y disminución se debe trabajar democráticamente involucrando a todo quien desee aportar, y en especial, con la participación de la ciudadanía organizada.

    – La acción prioritaria de las Policías debe ser la prevención del delito, en un trabajo conjunto de los órganos policiales y judiciales con la comunidad organizada, buscando disminuir las causas y condiciones que lo promueven.

    – Una comunidad organizada, educada hacia el conocimiento de la actividad delictiva y su comportamiento, garantizaran una participación conciente.

    – La percepción del delito,  la “victimización”,  sensación de riesgo, de temor, de inseguridad frente a un hecho no predecible, desconocido, ajeno, no controlable,  de tipo delictivo, sin lugar a dudas está ligado al tema de la delincuencia que nos afecta como nación. “El acto delictivo es la puesta en escena de la indefensión humana, allí donde la vida y la integridad física muestran su máxima fragilidad y vulnerabilidad.”1 No obstante  lo anterior, y planteado desde su real dimensión, no se puede aceptar el bombardeo constante  acerca de la percepción y la victimización frente al tema de la delincuencia, más aún cuando se a transformado en la bandera de lucha de la derecha chilena, para señalar que los gobiernos de la Concertación no han hecho nada y que la delincuencia nos ha ganado la batalla.  Esta práctica está haciendo un grave daño psicológico a la población y para algunos sectores se puede transformar en una psicosis colectiva. A quienes insistan en esta práctica se les podría acusar  de hacer “apología terrorista al delito”. Durante 17 años las policías tuvieron otro rol, perseguir al “Movimiento Popular”.

    Por David Miranda Etchegoyen

    Obras consultadas:

    En Internet:   – Reseña Histórica Constitucional de Chile.

    www.bcn.cl (Biblioteca del Congreso Nacional)

    –  Constitución Política de la República de Chile de 1980.

    www.es.wikipedia.org/wiki/la Enciclopedia libre. MHTML Document.

    – Tribunal Constitucional de Chile.

    www.es.wikipedia.org/wiki/Tribunal Constitucional de Chile.

    –  Enciclopedia SOPENA

    –   Discurso de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria, con motivo

    de la instalación de la Comisión Asesora de la Presidencia y del Comité Asesor para el Bicentenario. 19 de septiembre del 2008.

    www.gobiernodechile.cl/ discursos.

    – Carmen Aristegui, Periodista mexicana entrevista a Don   Miguel Ángel Granados Chapas, Medalla “Polisario Domínguez” Oct. 2008, Máxima Distinción  Ciudadana del Senado Mexicano. www.cnn.com/ carmenaristegui.

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