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    En nuestro último libro, Mecanismos fraudulentos de hacer fortuna, reseñamos el protagonismo de empresas pertenecientes a Sebastián Piñera en los manejos efectuados con la minera no metálica SQM. En otro texto anterior, Chile en tiempo de reformas, sus empresas aparecen en la investigación del escándalo Penta, el holding empresarial del cual uno de sus dueños es su amigo Carlos Alberto Délano, por lo cual se mantiene formalizado a Fabio Valdés, hijo de otro de otro de los estrechos amigos del expresidente, Santiago Valdés, En ambos casos, Piñera ha maniobrado para descargar las responsabilidades en terceras personas. En 2016 su nombre nuevamente se puso en el tapete de la actualidad, ahora por inversiones efectuadas en el exterior, que quedaron fuera del fideicomiso ciego que se estableció solo para inversiones en el interior del país. Sus empresas Fondo de Inversiones Privado Mediterráneo y Bancard Internacional Investment Inc., creado este último durante 1997 en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, efectuaron inversiones en la pesquera peruana Exalmar cuando era presidente de la República y el país se enfrentaba a un litigio fronterizo con Perú en la Corte Internacional de La Haya. El manejo de sus negocios formalmente aparece entregado a familiares directos, un camino similar comienza a recorrer en EEUU Donald Trump.

    La divulgación de inversiones de las empresas de Sebastián Piñera en América Latina y, en particular, la efectuada en la pesquera peruana Exalmar, iniciadas en noviembre de 2010, siendo presidente de la República, intensificó el cuestionamiento a las actividades comerciales dado que sus empresas siguieran actuando mientras ocupaba la primera magistratura con el agravante que una parte de sus actividades se manejaban desde un paraíso fiscal en momentos que existía el litigio fronterizo con Perú en la Corte Internacional de La Haya. En efecto, las informaciones revelaron que un porcentaje de su patrimonio externo se manejaba desde las Islas Vírgenes Británicas, paraíso fiscal utilizado habitualmente para esquivar el pago de tributos.

    El diputado comunista Hugo Gutiérrez presentó una querella contra el expresidente, a partir de los antecedentes hechos públicos, por negociación incompatible, uso de información privilegiada, y en base al artículo 247 del Código Penal que sanciona al “empleado público que haciendo uso de un secreto de información (…) reservada, de que tenga conocimiento en razón de su cargo, obtuviera un beneficio económico para sí o para un tercero”, la cual fue acogida a trámite por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

    “El costo económico de estas prácticas –escribió Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de Cepal- es muy alto (…). Cálculos de la riqueza estacionada en los paraísos fiscales –agregó- la sitúan en US$7,6 billones. Las pérdidas tributarias anuales por impuestos personales a nivel global llegan aproximadamente a US$189.000 millones, de los cuales US$21.000 millones corresponden a pérdidas de contribuyentes latinoamericanos” (29/11/16). Piñera debe explicar el porqué de la determinación de manejar sus inversiones en el exterior desde un paraíso fiscal. La investigación del Ministerio Público quedó radicada en la Fiscalía Oriente, siendo encabezada por el fiscal regional Manuel Guerra, con la participación de su Unidad de Alta Complejidad. “(…) estamos en presencia de empresas –argumentó Hugo Gutiérrez- que son de propiedad de un exPresidente de la República que compra acciones de una empresa pesquera peruana, lo hace en medio de la tramitación de un juicio internacional donde se estaba discutiendo la soberanía marítimo en el límite norte de nuestro país” (25/11/16).

    Dos semanas después, el diputado Sergio Aguiló (IC), y las diputadas Clemira Pacheco (PS), Cristina Girardi (PPD) y Camila Vallejos (PC) presentaron una nueva acción penal dirigida en contra de quienes resulten autores, cómplices o encubridores de los delitos de información privilegiada en el vínculo de Exalmar con empresas de Sebastián Piñera. Recalcando que el expresidente “perpetuó un ilícito penal, dado que tuvo conocimiento de estas operaciones en medio del litigio marítimo entre Chile y Perú en La Haya. Describe que inicialmente las inversiones fueron efectuadas por el Fondo de Inversiones Privado Mediterráneo, o sea con recursos incorporados al Fondo de Utilidades Tributables (FUT), controlado por Inversiones Santa Cecilia S.A. e Inversiones Bancorp Limitada, dos de las sociedades de inversiones de Sebastián Piñera. Después las ampliaciones del porcentaje invertido fueron efectuadas a través de Bancard Internacional Investment.

    Por su parte, la Cámara de Diputados aprobó la constitución de una comisión investigadora destinada a esclarecer sus negocios en el exterior y los impuestos cancelados en el país por las transacciones y ventas de su sociedad Inversiones Bancard Investment y del fondo de inversión privado (FIP) Mediterráneo. Bancard Investment fue creada en las Islas Vírgenes Británicas el 16 de septiembre de 1997. A través de ella sus inversiones se concentraron especialmente en Perú y Colombia. Su presencia en la industria pesquera peruana no se limita únicamente a Exalmar. Además, adquirió en el vecino país, de acuerdo a antecedentes proporcionados por Ciper, acciones de Austral Group S.A., sociedad noruega dedicada a la pesca y comercialización de productos del mar. La clasificadora de riesgo Pacific Credit Rating en julio de 2016 informó que posee el 3,58% de la propiedad de Austral Group.

    Al mismo tiempo en Perú tiene acciones en la Corporación Lindley, embotellador de Coca-Cola y productor de Inca Kola. En Lindley tiene el 11,8% de sus títulos, adquiridos también a través del fondo Mediterráneo. Y en Colombia es el mayor accionista individual de su Bolsa de Valores, con el 9,93% de las acciones, está presente en Avianca Holding, en las estaciones de servicios de la Corporación Terpel, en la energética Isagen y en la empresa maderera Tablemac.

    La inversión de las empresas de Sebastián Piñera en Exalmar, de la cual fue director hasta noviembre del año pasado el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, fue iniciada cuando el país y Perú se enfrentaban en la Corte Internacional de La Haya por litigios fronterizos y se prolongan hasta 2016, ya que una nueva adquisición efectuó en octubre pasado acumulando un 9,18% del total. Los hechos que vinculan el nombre del presidente peruano a Sebastián Piñera no se reducen a Exalmar. En el vecino país, es fuertemente cuestionada su decisión de cancelar un Endeudamiento Garantizado Permitido, en otras palabras garantía estatal, –como informó El Mostrador-, a la construcción del Aeropuerto de Chinchero en Cusco. La obra fue otorgada al “consorcio Kuntur Wast, compuesto por la argentina Corporación América S.A. (…) y Andina Investment Holding, ambas por partes iguales. En esta última empresa es socio Sebastián Piñera a través del (…) Fondo Mediterráneo, con casi un 9%. De acuerdo a antecedentes de la Superintendencia de Mercado de Valores del Perú el ingreso del Fondo Mediterráneo a Andina Investment Holding (…) se concretó a través de sucesivas operaciones de compra de acciones (…) a partir de febrero de 2014, cuando Piñera era todavía Presidente de Chile, y finalizó a mediados de marzo de 2014, cuando ya había dejado La Moneda (…)” (30/11/16).

    Las transacciones entre sus empresas y Exalmar, en el momento que se conocieron repercutieron negativamente en la puntuación de Sebastián Piñera en las encuestas de opinión públicas. En la de Cadem de finales de noviembre su calificación descendió cinco puntos desde que se dieron a conocer públicamente dichos antecedentes. Manejos fraudulentos de empresas de Piñera ya habían sido constatados por el Ministerio Público en las investigaciones de los casos SQM y Penta. Las rectificaciones efectuadas ante el SII por empresas para corregir reducción de utilidades que no correspondían mostraron que además tuvo financiamientos de Aguas Andinas, controlada por la transnacional francobelga Energie, de sociedades de inversiones de las dos ramas en que se dividió el grupo Said y de Sigdo Koppers[1].

    Sebastián Piñera se ha defendido diciendo que está absolutamente al margen de los negocios de sus empresas, lo cual no resulta creíble. El consejo de Bancard está integrado por sus dos hijos varones, Sebastián y Cristóbal Piñera Morel, y Ricardo Levy, esposo de Cecilia Piñera Morel. Sus otros dos integrantes son Ignacio Guerrero y Fernando Barros. Su explicación reiterada es que al ser nominado presidente de la República colocó por iniciativa propia sus inversiones en un fideicomiso ciego, pero éste se limitó a sus inversiones en el interior y no a las efectuadas fuera de Chile, como acontece con las realizadas en Exalmar. De otra parte, para hacer más visible todo, Bancard funciona un piso más abajo en el edificio donde Piñera tiene sus oficinas personales y el aparataje electoral de Chile Vamos, encabezado por su exministro del Interior, Andrés Chadwick, quién junto al abogado Fernando Barros, uno de los directores de Bancard, y su gerente general, Nicolás Noguera, se “convirtieron en los administradores”, según La Tercera, de la nueva crisis que afecta al virtual candidato presidencial.

    “El caso de la pesquera peruana –escribió el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez, de conocido pensamiento de derecha- afecta a Piñera, por más explicaciones que se den. (…) parece evidente –agregó- que el que una parte mayoritaria de su fortuna esté administrada por sus hijos y amigos no es prueba suficiente de la blancura. Y riesgosa, porque siempre se puede equivocar, como sucedió esta vez” (26/11/16).

    El cuestionamiento fue efectuado también por otros personeros de derecha. “Una vez más –escribió el abogado Axel Buchheister- las inversiones de Sebastián Piñera le juegan una mala pasada. En esta ocasión, se trató –añadió- de la adquisición de acciones de una pesquera en Perú, mientras era Presidente de la República y el país estaba enfrascado en una disputa marítima con ese país (…). Algunos de la centroderecha dicen -criticó- que no le traería mayor costo político, porque la ciudadanía ya tiene internalizado el hecho que juega siempre al límite (…). Un argumento pobre y políticamente lamentable, -recalcó- que implica que como sector no tenemos un estándar mejor que ofrecer. Que además olvida que la ciudadanía aparece hoy poco dispuesta a tolerar operaciones cuestionables, hartas de la promiscuidad entre el dinero y la política. (…) es tercera vez –añadió- que nos pide que creamos lo mismo. Que invirtió en acciones de LAN sin conocer los estados de resultados, luego de participar en el directorio en que se informaron, que nada tuvo que ver con las facturas que se emitieron a una de sus sociedades y que luego fueron anuladas para ser emitidas a una tercera empresa, y que el Ministerio Público asocia a un financiamiento ilegal de su campaña, y ahora esta (…) inversión pesquera. Lo lamentable –concluyó- es que los dirigentes y actores políticos de centroderecha salieron en masa a apoyarlo (…)” (20/11/16).

    Este nuevo escándalo de Piñera puso al desnudo las limitaciones de la ley promulgada sobre conflictos de interés de personajes públicos cuyos patrimonios exceden las UF 25.000. Desde luego, ella no incluye los activos que se tengan en el extranjero. “La principal deficiencia de la nueva legislación en materia de fideicomiso –escribió Eduardo Engel- es haber optado por la versión ciega en lugar de la diversificada”, que fue la propuesta efectuada unánimemente por el Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción, que presidió. “La principal ventaja de los fideicomisos diversificados –agregó- es que son más transparentes para efectos del control social de las decisiones de las autoridades y el resguardo del interés público. En el caso de un fideicomiso ciego –añadió- es complejo probar el contacto entre el mandatario y el mandante, por lo cual pueden terminar siendo más tuertos que ciegos (…). A lo cual se agrega que esconden los activos del control social, ya que al ser un fideicomiso ciego, no se puede publicar su contenido en las declaraciones de patrimonio” (20/11/16).

    El lunes 14 de noviembre se divulgó el vínculo establecido. Piñera se vio obligado a tratar de explicar lo inexplicable, afirmando que de repostular a la Presidencia tomaría mayores resguardos, pero defendiendo siempre las inversiones efectuadas por el holding familiar. En esos días, Cadem-Plaza Pública efectuó una encuesta entre el 16 y el 18 de noviembre para dimensionar la credibilidad o no de su alegato, el 59% de los encuestados respondió que efectivamente Piñera conocía de las inversiones realizadas.

    Las formas de actuar del presidente electo norteamericano, Donald Trump, se asemejan a los caminos recorridos por Sebastián Piñera. Trump posee un imperio económico estimado por él en US$10.000 millones. Ha anunciado que “dejaré mi gran empresa para enfocarme completamente en la administración del país para hacer a EEUU grande de nuevo”. La vocera de su campaña, Kellyane Conway, adelantó que serían sus hijos adultos los que tendrían el control de sus negocios. (01/12/16). Si “simplemente” deja “la administración a sus hijos –declaró Richard Painter, exasesor de ética de George Bush-, los conflictos persisten” (01/12/16). “Va a ser casi imposible –declaró a su vez el académico de la Boston University, Thomas Whalen- que Trump se aleje de sus innumerables conflictos de intereses. (…) ha elegido imprudentemente confiarlos a su familia, que simultáneamente desempeñará papeles prominentes en la nueva administración” (01/12/16). El magnate, de otra parte tiene negocios en numerosos países y muy variados acreedores internacionales. The Washington Post informó que posee importantes acuerdos inmobiliarios y de marcas por lo menos en 18 países y territorios a nivel global. El entregar la administración de sus negocios a familiares directos fue igualmente la opción formal seguida por Piñera.

     

    [1] Véase, Los mecanismos fraudulentos de hacer fortuna. Mapa de la extrema riqueza 2015, Lom 2016, págs. 196-200.

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