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    Gracias al mecanismo de consulta a los pueblos originarios sobre el uso de los recursos naturales en sus territorios, 16 comunidades campesinas e indígenas del estado mexicano de Oaxaca podrían lograr tener libre acceso a pozos y retenes que ellos mismos construyeron para uso agrícola.

    Los habitantes de las comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca luchan contra un decreto de hace 50 años que limita el uso del agua para actividades agrícolas, por lo cual interpusieron un amparo para pedir la modificación de la disposición legal.

    El presidente de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda), Ángel Ruiz Méndez, citado por el portal Animal Político, alega que, para ellos, contar con el líquido no es una cuestión de lucro, sino de supervivencia, por lo cual un tribunal federal les concedió el derecho de que el Estado los consultara sobre el manejo y aprovechamiento del agua.

    Con una infraestructura de más de 300 retenes, hoyas y pozos de absorción, los campesinos lograron recuperar el acuífero de los daños ocasionados por la agricultura de tipo industrial, que los estaba dejando sin medios para sobrevivir.

    Sin embargo, el marco regulatorio vigente les impide usar el agua con libertad para su principal actividad: la agricultura de subsistencia.

    Desde septiembre de 1967 existe un decreto de veda para los Valles Centrales, que impide el libre aprovechamiento de los pozos de la región, si no se cuenta con un título de concesión expedido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

    “Cada concesión permite sólo un cierto volumen de metros cúbicos para uso agrícola. Si se excede ese consumo, hay que pagar severas multas”, señala la Copuda.

    Consulta esperada

    Esta consulta se realiza luego de 32 asambleas que dieron paso al inicio del protocolo que  permitirá modificar el decreto de veda que prohíbe a los campesinos el uso de agua para actividades agrícolas.

    La representante legal, Janette Herrera, manifestó que, después de una lucha de 11 años, lograron que el 8 de abril de 2013 el Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa emitiera una resolución a favor de la Copuda, que ordena a la Conagua realizar una consulta para la posible modificación del decreto de veda a través de cinco fases: acuerdos previos, junta informativa, deliberativa, consultiva y de ejecución y seguimiento de acuerdos.

    El proceso de consulta se prolongó por más de cuatro años, cuando se suspendió, en el último semestre de la administración de Enrique Peña Nieto, “porque había discordancia entre la propuesta de la Copuda y la respuesta del Gobierno”, explica en entrevista Hugo Aguilar Ortiz, encargado de la Coordinación de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

    Ahora, el Gobierno de Andŕes Manuel López Obrador se ha comprometido a reactivarlo. “Si la propuesta avanza, en cinco meses se podría concluir”, afirma Aguilar Ortiz.

    Virgilio López Morales, suplente de la Copuda, resaltó que en sus comunidades “ya hicimos obras de captación para recuperar el agua. Ahora ya se recuperó demasiado a través de nuestros sacrificios, no de Conagua. Hicimos pozos y retenes en el campo, pero nos da temor de que se vayan a contaminar por una mina en San José del Progreso”.

    Entonces “exigimos que la Conagua responda por esas empresas, porque nosotros vivimos de agua sana y limpia, nuestros productos que mandamos al mercado son 100 % limpios, pero a la vez estamos pidiendo que se nos dé una explicación amplia de esa minera”.

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