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    Durante la jornada de ayer representantes de los pueblos Aymara, Mapuche y Quechua irrumpieron en la seremi del Ministerio de Desarrollo Social de Arica para entregar una misiva en la que hicieron patente su rechazo al proceso de consulta indígena llevado a cabo para la creación de Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo de Pueblos, repudio que se suma al ya manifestado por los pueblos originarios de otras regiones -hace tan solo dos días comunidades mapuche se manifestaron en la Intendencia de la Araucanía-, que acusan falta de participación real y transgresión de sus derechos en tanto que la consulta viene regulada por los Decretos Supremos 66 y 40, lo que vulnera lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile en 2009.

    Los manifestantes exigieron al seremi regional, Julio Verdejo, una reunión para establecer una instancia de diálogo con las comunidades originarias respecto de las propuestas generadas por la Asamblea luego de que el pasado 19 de Enero tomaran constancia de que Verdejo anunció el “cierre exitoso” del proceso, sosteniendo que con ello “se cumple con las obligaciones internacionales suscritas por nuestro país en torno a la participación de los pueblos indígenas en aquellas decisiones del Estado que los involucren”.

    En comunicado emanado por la Comisión Técnica de la Asamblea Autoconvocada de Organizaciones de los Pueblos Aymara, Quechua y Mapuche, estas señalan que al iniciarse la Consulta en Arica  Paranicota ( 3 de septiembre de 2014) las comunidades ya manifestaron su oposición “a que este proceso se llevara a cabo según las regulaciones establecidas en el Decreto Supremo № 66 de 2013, que no garantiza el derecho a la consulta, según los estándares del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Recordamos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en su informe anual presentado el mes de diciembre recomendó al gobierno derogar esta normativa, así como Decreto Supremo № 40, que regula consulta a los pueblos indígenas en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Por ello, exigimos a la autoridad su inmediata derogación, como muestra de la buena fe del actuar del gobierno”.

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