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    A la falta de alternativas económicas y la extrema pobreza en que subsisten, las comunidades indígenas paraguayas viven cautivas del modelo de producción agropecuaria, el avance narco y la ausencia del Estado, elementos que acrecientan la diáspora indígena hacia las ciudades.

    Esas son las “principales amenazas” que acechan a los pueblos originarios, comparte Tina Alvarenga, asesora de la actual presidencia del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).

    Ella acompañó –cuenta– a la relatora de las Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, quien vino en noviembre de 2014 a realizar un diagnóstico de la situación en la que se encuentran los nativos. Recorrió comunidades de las regiones Oriental y Occidental.

    “Se ha constatado una situación de desprotección generalizada de los derechos de pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos (…). El Gobierno de Paraguay debe considerar la actual situación como emergencia”, reza el resumen de su informe elaborado a instancias de la Asamblea General de la ONU.

    El texto hace mención a las amenazas vigentes, “invasiones territoriales, el modelo de desarrollo que se ha implementado”, distingue Alvarenga.

    En su opinión, la acuciante situación de los indígenas en las calles tiene su base estructural en “la sojización, el modelo agropecuario, la deforestación y el narcotráfico”.

    “El tema es que las mejores tierras todavía son de territorios indígenas y son muy apetecidas por variados actores: sea para cultivos del tipo que sea, no entro a tallar de qué tipo. O en el caso del Chaco, la deforestación”, sostiene la asesora indígena de la etnia Guaraní Occidental.

    “Si siguen expulsando, el problema (de los nativos en calle) se seguirá reproduciendo”, observa, y añade que hay informes de varias organizaciones sociales que apuntan a la ex Secretaría de Ambiente (SEAM, hoy Ministerio) como cómplice de la deforestación.

    “Eso pone en riesgo a las poblaciones indígenas porque no pueden acceder a su comida, a sus sustentos y cada vez menos pueden entrar a disponer de su materia prima para la artesanía en el caso de las mujeres”, refiere.

    El pueblo Mbya Guaraní es el más afectado por el mal de la droga y la expulsión del campo a la ciudad. “De una vida en abundancia, ahora están fuera de sus tierras y no se les dan alternativas. Itaipú, por ejemplo, cuántas tierras les sacó a los mbya. Lo mismo Yacyretá”, denuncia y afirma que el Estado debe aún el resarcimiento a ese pueblo.

    “Eso que vemos ahí –señala a los nativos en situación de calle– es el resultado de abandono y de expulsión de sus tierras y territorios en los años ’80 y ’90; y sigue habiendo expulsión. Eso se viene arrastrando y es solamente una consecuencia de no haber indemnizado a esos pueblos”.

    Refuerza que ningún megaproyecto hizo hasta ahora una evaluación de impacto en derechos humanos. “Esa mirada otorga una visión holística, integral de cómo puede afectar a la gente cualquier tipo de iniciativa de pequeño, mediano o gran porte”, apunta.

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