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    En los últimos 35 días, al menos 32 defensoras (lideresas) de los derechos humanos de las mujeres han sido asesinadas en Colombia. ¡Debemos responsabilizar al Estado por no proteger su derecho a la vida!”, así  lo denunció David Imbago Jacomé, vocero del movimiento Youth Coalition,una ONG promotora de los derechos sociales y reproductivos, a propósito de la reunión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU que se realiza en Nueva York, Estados Unidos.

    El activista sociall denunció la andanada de homicidios de líderes sociales en Colombia, que suman 90 solo en 2018 y más de 330 desde que se firmó el acuerdo de paz con las FARC en 2016. La situación da cuenta de “una crisis de grandes proporciones que viven los defensores de derechos humanos”.

    Imbago Jácome aseveró que debemos responsabilizar al Estado colombiano por no proteger el derecho a la vida de los líderes sociales. “En 2017, 197 activistas fueron asesinadas (cuatro personas por semana, en promedio) en sus luchas contra la minería, plantaciones, cazadores furtivos y proyectos de infraestructura, entre otros”, acotó.

    “Debemos buscar mecanismos accesibles y claros de protección y justicia para responsabilizar a los perpetradores estatales y no estatales, deben ser el producto del compromiso de los estados miembros de la ONU con los líderes sociales”, agregó.

    En el encuentro se reconoció que los derechos humanos son esenciales para alcanzar el desarrollo sostenible. Los principios y estándares de derechos humanos se encuentran ahora firmemente reflejados en un nuevo y ambicioso marco de desarrollo mundial, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

    Colombia en jaque

    El coordinador de Somos Defensores, Carlos Guevara, indica que, en plena transición del gobierno saliente de Juan Manuel Santos al del electo, Iván Duque, quien tomará posesión el 7 de agosto, se tiene aún “la posibilidad de parar el desangre que pone en jaque la paz en Colombia”, y pide “vigilancia y apoyo de la comunidad internacional”.

    “Este año ha sido nefasto para los líderes sociales y sus organizaciones, que semana tras semana enfrentan mil y una vicisitudes que amenazan su vida y su trabajo”, y a “esta violencia letal se suma la proliferación de amenazas proferidas por medio de panfletos o de acciones de hostigamiento”, dice Guevara.

    Además del asesinato, cientos de mujeres colombianas son amenazadas diariamente, como es el caso de la profesora Deyanira Ballestas, quien recibió una llamada de un comandante paramilitar en la que se le instaba a abandonar su pueblo y se la amenazaba de muerte. El audio se ha hecho viral en las redes sociales.

    Según Guevara, hay distintos “hechos inquietantes”, como la llegada al poder del Centro Democrático, el partido del antiguo presidente Álvaro Uribe (2002-2010) y del electo, Iván Duque.

    “Los líderes sociales conocen la manera como este partido aborda temas como la protesta social, el activismo por los derechos humanos, la reivindicación de pueblos excluidos históricamente y la participación política de la oposición”, dice el coordinador de Somos Defensores.

    “También revivió el miedo a la militarización de la vida civil, un fenómeno con el cual los líderes sociales tuvieron que luchar durante ocho años (Gobierno de Uribe) y que posiblemente se repetirá ahora”, añade.

    Mientras tanto, Guevara considera que “el aumento exponencial de los asesinatos en los últimos meses estuvo acompañado por el silencio institucional”, hasta el pasado 5 de julio, cuando una sucesión de asesinatos inundó de titulares la prensa colombiana.

    A la impunidad, que dice Guevara es del 87% en los más de 500 asesinatos de líderes entre 2009 y 2017, se suma “el miedo a que la guerra no termine” en Colombia, pese al acuerdo de paz firmado con las FARC hace dos años.

    “Este miedo lo causan las disidencias de las FARC fortalecidas, el ELN en expansión, el resurgimiento del EPL y el reavivamiento de grupos de ascendencia paramilitar en las zonas que ocupaban las FARC, así como las confrontaciones entre todos estos actores”, argumenta el activista.

    A estos actores, según Guevara, se añade “la llegada de carteles de narcotraficantes mexicanos que están poniendo dinero, armas y apoyo para controlar el negocio de las drogas de manera directa o en alianza con grupos locales”.

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