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    Organizaciones sociales y de derechos humanos de México ratificaron su voluntad de hacer justicia con respecto al caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, también llamado Caso Iguala. Este miércoles un Tribunal Federal Unificado negó la posibilidad de que se creara una Comisión de la Verdad, pero las organizaciones y las familias afectadas concurrirán ante la Suprema Corte.

    La instalación de una Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa había sido ordenada antes por un tribunal colegiado. Sin embargo, el nuevo fallo de este miércoles significó un retroceso y una complacencia del tribunal a una solicitud de la Procuraduría General de la República (Fiscalía).

    En la resolución judicial del pasado 4 de junio, se desacreditan las versiones oficiales presentadas por el Gobierno Federal en el sentido de que los jóvenes habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, y las cenizas arrojadas al río San Juan, lo que en su momento las autoridades federales se empeñaron en llamar “la verdad histórica”.

    Las ONG llevarán el caso a la Suprema Corte de Justicia Nacional

    El caso de los desaparecidos de Ayotzinapa permanece impune. Foto: Web

    Fue obra de Peña Nieto

    En un pronunciamiento conjunto -firmado por los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Tlachinollan, además de la organización civil Servicios y Asesoría para la Paz y el Centro de Análisis e Investigación Fundar- los colectivos denunciaron la decisión tomada este miércoles por el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial, a cargo del Magistrado Sabino Pérez García y con sede en Reynosa, Tamaulipas.

    Las organizaciones civiles consideraron que esta resolución “es consecuencia de una acción inédita del gobierno de Enrique Peña Nieto al interponer más de 100 recursos y escritos jurídicos” en contra de la Comisión de la Verdad, presentados por la Presidencia, diversas secretarías de Estado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas e incluso la Cámara de Diputados.

    Toda la fuerza del Estado se volcó, no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora de un tribunal que asumió a cabalidad su rol de contrapeso democrático. Lamentablemente, el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito sucumbió a esta inusitada presión del Gobierno Federal”, alertaron los colectivos.

    Sin embargo, añadieron que la decisión del magistrado Sabino Pérez García “no es la última palabra, pues corresponderá a la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) pronunciarse en definitiva sobre la cuestión. Esta instancia debe tener una aproximación imparcial al caso y sería en extremo preocupante que se alinee al ilegal proceder del Gobierno Federal”.

    En ese sentido, subrayaron que “los familiares de las víctimas del caso Iguala y las organizaciones que les representamos lamentamos profundamente esta decisión, que lastima la esperanza de alcanzar la justicia y la verdad en el caso que había sido recuperada con la valiente sentencia del Primer Tribunal Colegiado”.

    Suprema Corte actuará

    La Primera Sala de la SCJN será quien resuelva si atrae los recursos de revisión extraordinaria promovidos por el Gobierno Federal contra las sentencias que ordenaron la creación de la Comisión de la Verdad para la investigación del caso Iguala.

    El ministro presidente del alto tribunal, Luis María Aguilar Morales, informó al Tercer Tribunal Unitario, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, que recibió las solicitudes de facultad de atracción, y éstas fue fueron remitidas a la Primera Sala.

    El asunto llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso de que se interponga un recurso de inconformidad.

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