• EC | Edición Mundo
  • El Ciudadano | Edición Chile
  • El Ciudadano | Edición Venezuela
  • Una sociedad plural y democrática necesita diferentes miradas del mundo. Desde El Ciudadano diaria y oportunamente, nuestras letras están en favor de construir una mejor sociedad y un mundo más justo.
    Que exista periodismo independiente también depende de ti.

    En los últimos años, los proyectos mineros y petroleros han aumentado en la Amazonía y una larga lista de obras y bloques están a la espera de autorización para empezar actividades de exploración y explotación. Mientras, los indígenas esperan las consultas previas.

    Junto con el auge de intereses minero-energéticos en la selva amazónica, también se han incrementado las mencionadas consultas y muchos indígenas se sienten vulnerados.

    El temor por la tergiversación en la consultas previas y por posibles engaños cuando las compañías exponen y socializan la información se ha convertido en una constante y en una amenaza compartida en territorios colombianos, ecuatorianos, peruanos y bolivianos.

    La inconformidad por la forma como se realizan las consultas previas, los cuestionamientos sobre la veracidad de la información que les presentan y las excusas de los Gobiernos para no consultarlos son las principales preocupaciones de los indígenas de la Amazonía.

    El caso más reciente ─que tuvo un final feliz para la comunidad indígena─ se dio en el norte de Ecuador. Los Cofán de Sinangoe ganaron una batalla judicial, pues según habían denunciado, empezaron actividades mineras en su territorio sin su consentimiento y más de 30 proyectos esperaban concesión.

    El 22 de octubre se realizó, en la Corte Provincial de Sucumbíos, la audiencia de sentencia en la acción de protección solicitada por la Defensoría del Pueblo de Ecuador y la comunidad Cofán de Sinangoe, en la cual se ordenó revertir todas las concesiones que estaban operando y cancelar el otorgamiento de las que estaban en trámite.

    Reclamos y quejas en Bolivia

    Según nota de Mongabay Latam, varios líderes indígenas de Perú, Colombia y Bolivia aseguran que hay una fuerte tendencia de sus Gobiernos a buscar excusas para no consultarlos.

    Adolfo Moye Rosendy, expresidente del territorio de la subcentral Tipnis, en el departamento de Beni, en Bolivia, asegura que el Gobierno ha hecho mucha propaganda sobre el respeto de la consulta previa en el país, pero, en realidad, “los que quieren realizar algún proyecto o actividad hacen las consultas de manera tergiversada, es más, yo diría engañosa y mentirosa”.

    Según dice, uno de los casos fue la consulta para la construcción de la carretera que pasaría por el Tipnis, uniendo las poblaciones de Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, pues el proyecto no beneficiará para nada a las comunidades. Aunque se decía que era para mejorar la educación y la salud, la carretera pasaría a cientos de kilómetros de distancia de las poblaciones.

    Pero quizás, lo que él considera más grave es que en esa consulta le preguntaban a los indígenas si querían desarrollo, a lo que ellos respondían que sí, “eso luego era tomado en cuenta como un sí a la construcción de la carretera, cuando ni siquiera nos suministraron información. La consulta se ha utilizado para engañar a las comunidades”.

    La misma realidad en Perú

    Perú, por su parte, cuenta con una ley de consulta previa que establece tiempos y tiene vigilancia de organismos de control como la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, lo que la convierte en una de las mejor planificadas de la región.

    Sin embargo, Jorge Pérez Rubio, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente, y Zoila Ochoa Garay, líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, manifiestan su preocupación por lo que pasa actualmente con los proyectos mineros y petroleros en trámite.

    Pérez asegura que, en los últimos tres años, el Estado peruano está buscando la forma de no consultar a los pueblos indígenas cuando se trata de grandes infraestructuras que van a prestar servicios a la comunidad como las carreteras o las hidrovías.

    Colombia, situación crítica

    La situación para el sector ambiental en Colombia pasa por un momento crítico. La decisión de la Corte Constitucional de prohibir las consultas populares para rechazar la actividad minero-energética en los territorios prendió las alarmas. Se limitó un mecanismo de participación ciudadana consagrado en la Constitución. Esto se sumó a un proyecto de ley del partido político Cambio Radical donde se proponían diversas modificaciones a procedimientos para obtener licencias ambientales.

    La vulneración del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en Colombia es tan grande que, según dice, se deben cumplir las órdenes de la Corte Suprema de Justicia cuando declaró a la Amazonía como sujeto de derechos y “tanto el Ministerio de Ambiente como Corpoamazonía y otras entidades vienen trabajándolo sin propiciar la consulta previa con los 64 pueblos indígenas que habitamos la Amazonía”, reclama.

    Finalmente, Vanessa Torres, coordinadora de Infraestructura y desarrollo de la Asociación Ambiente y Sociedad, reconoce que en Colombia hay muchas normas dispersas pero no se ha articulado una sola que contemple el procedimiento completo. “La consulta no es una etapa de consolidación de un proyecto para adjudicación de una licencia ambiental, es un derecho fundamental que está consolidado en nuestra jurisprudencia”.

    Indígenas aseguran que gobiernos han entregado la Amazonía al capital transnacional

    Colombia reconoce derechos de los pueblos indígenas en aislamiento (+VIDEO)

    Suscríbete a nuestros boletines informativos y recibe diariamente la información más importante publicada en elciudadano.com

    * indicates required

    A qué ediciones te quieres suscribir?


    •  
    •  
    •  
    Loading...