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    Un total de 1200 indígenas amazónicas esperan el reconocimiento y la titulación de tierras que han demandado por décadas estas etnias a los gobiernos del Perú. Sin embargo, a estas poblaciones también les preocupa la deforestación de bosques en sus territorios, derivada de la explotación de hidrocarburos, la minería, la tala ilegal, el tráfico de tierras y la expansión de monocultivos en territorio peruano.

    Estos temas de gran interés para los pueblos indígenas y que estaban pautados para la agenda de este 2018 quedarán aun lado, porque la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski y la vinculación de los escándalos de corrupción con la empresa Odebretch, han volcado la vida política de la nación; lo que ocasionará la agudización de los problemas sociales que afectan a estas comunidades indígenas.

    Nery Zapata, responsable política del programa de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) declaró a Mongabay Latam que la minería ilegal ha contaminado las aguas y suelo de la quebrada Pastacillo, en el territorio de la comunidad indígena Wampis, distrito de Río Santiago, en Amazonas y ha conllevado a la destrucción de la selva de Madre de Dios.

    Explicó que la categorización de reservas de las comunidades indígenas del Perú para pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial, amenazados por proyectos energéticos y construcción de carreteras también formaba parte de la agenda peruana pendiente.

    Tres años de jornada laboral sin salario

    Otra controversia que suma a la crisis política en el territorio peruano, es la Ley de Modalidades Formativas Laborales  denominada por los protestantes como: “Ley del Esclavo Juvenil”, que fue aprobada, el pasado 21 de febrero por la comisión permanente fujimorista, sin consultar a la población y destinada a beneficiar el capital privado.

    Esta norma establece que los estudiantes de institutos técnicos deben trabajar 20 horas semanales durante tres años de prácticas en empresas,  sin recibir salario. Esta legislación viola los preceptos constitucionales peruanos y la Ley de Prácticas, que estipula que ningún ciudadano debe realizar un trabajo sin pago; además que el becario debe recibir un pequeño sueldo por el trabajo que desempeñe en el período de práctica.

    El congresista independiente, Alberto de Belaunde indicó que todas las leyes deben pasar por dos votaciones, pero si los voceros tienen mayor número de congresista, -tal es el caso del fujimorismo-, y se ponen de acuerdo, no es necesaria esa segunda votación. No obstante, esta “ley de la Esclavitud Juvenil” fue exonerada de la segunda votación por haber culminado el receso parlamentario.

    “Muchos jóvenes están a la expectativa de ver qué ocurre; en mi opinión creo que el Congreso va a dar marcha atrás y yo como congresista buscaré que sea así, al igual que otros colegas”, dijo De Belaunde.

    Explicó que otras dos leyes fueron aprobadas, entre ellas la Ley del Etiquetado de los Alimentos, hacia una regulación más favorable a lo que quieren las empresas y en contra de lo que señala la Organización Panamericana de la Salud.

    Por su parte, Rosa Bartra, congresista del fujimorismo e impulsora de la reforma a la Ley de Modalidades Formativas Laborales asegura -en detrimento del estudiante juvenil-, que los 3 años de prácticas desarrollado por un estudiante en una empresa obedece a una jornada de formación y no existe ninguna relación laboral con las corporaciones.

    “Pacto social”

    Martín Vizcarra, quien desempeñaba el cargo de primer vicepresidente y sustituye desde este viernes al reunuciante Kuczynski, tendrá la responsabilidad de evaluar si continua el mandato hasta el 2021 o convoca a una jornada electoral anticipada, con la intención de comenzar de cero y ganar la confianza de la población que ha sido excluida históricamente, entre ellas la comunidad indígena.

    El nuevo mandatario ha hecho un “pacto social”, donde se compromete a luchar, sin distingo alguno contra la corrupción e impulsar el desarrollo. “Quiero trasmitirles la enorme fe, el compromiso y el entusiasmo con el cual desarrollaremos esta gran tarea”, manifestó durante su discurso.

    Diversos analistas internacionalistas han señalado que con la llegada de Vizcarra a la presidencia la política peruana se mantendrá igual y no habrá cambios en la nación. Aunque, las presiones del congreso podrían girar nuevamente el rumbo, en caso de asistir a las urnas electorales.

    Sin embargo, otros expertos refieren una campaña para elecciones presidenciales y de congresista serían caóticas para el país, y se superpondría a la jornada electoral de municipales y regionales pautadas para octubre de este año.

    Fuerza de trabajo informal

    El Instituto Nacional de Estadística e Informática, evidenció en 2015 que el 75% de la fuerza trabajadora del Perú ejerce la economía informal, donde el mayor número de personas realizan actividades económicas en los sectores agropecuarios y Pesca (3,9 millones de personas); Comercio (2 millones); otros Servicios (1,7 millones); y Transportes y Comunicaciones (1,5 millones).

    Mientras que las regiones donde predominan las unidades productivas informales son Cajamarca (96,9 %), Amazonas (95,8 %), Puno (95,7 %) y Huancavelica (95,6 %), jurisdicciones con una incidencia de pobreza monetaria superior al 90,1 %.

    Se estima  que existen más de 4 millones de indígena en todo el territorio nacional; pero la falta de políticas públicas y medidas han hecho no solo que pierdan progresivamente sus tierras sino su lengua materna, así como el quiebre de la economía comunitaria por la migración del campo a la ciudad, entre otros, han agudizado la precaria situación económica de la mayoría de los pueblos indígenas.

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