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    Valparaíso. Grupos ciudadanos de Valparaíso y Santiago se unieron para decir ¡Basta de violaciones a los derechos urbanos! Y para proponer una agenda ciudadana para Chile, que incluya las opiniones de las comunidades regionales y provinciales, para proteger los barrios y comunas.


    valparaiso ciudadano
    La reunión de realizó en el sitio más simbólico de Valparaíso: la Iglesia La Matriz; para compartir experiencias y desarrollar una visión común que permita proponer acciones de defensa para cambiar el actual modelo de reurbanización de las ciudades, basado en la inversión de grandes capitales que sólo buscan generar ganancias a costo de la calidad de vida de los habitantes.
    “Este esquema sólo aumenta las crisis y desequilibrios urbanos. Las consecuencias ya las estamos viviendo: ciudades segregadas, desiguales, inseguras, ajenas y profundamente injustas con sus residentes”, explicó Paz Undurraga, arquitecta y vocera de la organización Ciudadanos por Valparaíso.
    El problema de la reurbanización no estaba presente en la agenda ciudadana desde hace 30 años, porque la población crecía hacia la periferia de acuerdo a la política de organización urbana creada por el gobierno de Pinochet. Además, se urbanizaban terrenos donde no había viviendas o donde los caminos eran de tierra. Sin embargo, en la actualidad, tanto Valparaíso como Santiago están siendo objeto de reurbanización y las constructoras están invadiendo espacios urbanos, pasando a llevar los derechos de sus habitantes. Situación que también está sucediendo en otras regiones del país.
    El grave problema de estos procesos es la pérdida de identidad de la comunidad, que ya no tiene espacios comunes. Además de la falta de diversidad social y el mestizaje cultural que se requiere para sentirse parte de una comunidad.
    A juicio de los voceros ciudadanos, lo más preocupante es la ausencia en el Gobierno de una definición coherente de principios que debieran guiar criterios más ordenados de reurbanización, pues hoy, las empresas constructoras y los inversionistas son quienes hacen y deciden las acciones, colocando sus intereses comerciales por sobre la comunidad. Para detener este proceso, a juicio de Paz Undurraga, es necesario que la ciudadanía levante la voz y se organice en otras zonas del país para impedir que sigan dándose atropellos a la calidad de vida de los habitantes.

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