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    En las postrimerías del gobierno de Lagos, la Constitución de Pinochet [1980] sufrió un maquillaje a fondo, sin que nada realmente cambiara. Es cierto, fueron suprimidos los senadores designados, y ya las Fuerzas Armadas dejan de garantizar el orden institucional de la República, así mismo los Comandantes en Jefe pueden ser removidos por el Presidente de la República y sólo éste puede convocar el Consejo de Seguridad Nacional, pero, al igual que otras reformas constitucionales, no fue sino un maquillaje que mantiene incólume las enormes desigualdades en el ejercicio de los derechos fundamentales que consagra el régimen republicano. Baste recordar el deber del Estado de proporcionar un sistema gratuito para la educación secundaria y preparatoria [hasta los 21 años], reforma del año 2003, o la nueva ley de municipalidades de 1997, donde por falta de voluntad política, el sistema llevó a reforzar el negocio de los sostenedores y la inoperancia del sistema municipalizado de educación. Para qué mencionar la nueva ley sobre reforma constitucional que mantuvo incólume los quórum especiales y liquidó cualquier iniciativa de Reforma a la Constitución de Pinochet [2000].


    El Transantiago, la crisis de la educación y los abusos de los sostenedores del sistema, el desempleo, sobre todo el de los jóvenes, las bajas remuneraciones, los abusos de las Isapres y del sistema de administración privada de los fondos de pensiones, las carencias del sistema de salud, las prácticas antisindicales que permiten que el derecho a la huelga sea neutralizado legalmente por los krumiros, los abusos en el trabajo de los temporeros, etc. etc., constituyen el día a día de la ciudadanía.

    En ese contexto, reformar la Constitución mediante el llamado a una Asamblea Constituyente no puede confundirse con un simple ejercicio académico de juristas. Significa refundar la República sobre nuevas bases y donde el Pueblo, es decir, el Soberano, decidirá su propio destino. Es cierto, con 34 años de interdicción política hemos perdido la práctica y la conciencia sobre nuestros derechos republicanos. Los enriquecimientos ilícitos de los grupos económicos son parte del modelo que muy pocos osan a enfrentar. La desnacionalización de las empresas del Estado, las concesiones de la infraestructura económica nacional en condiciones lesivas al interés nacional, la entrega del cobre, el agua, la energía, la salud, la educación, la previsión, etc., ha sido el precio que hemos pagado al recobrar la democracia. Hemos entregado nuestro destino a una clase política que negoció con el régimen pinochetista, la continuidad del sistema bajo los ropajes de una seudo democracia. Por último, hemos terminado dudando de nuestras propias capacidades para ejercer los más elementales derechos que franquea una democracia.

    Sin embargo, todavía hay esperanzas. El 11 de junio, es decir ayer, un grupo de hombres y mujeres que se rehúsa a vivir en un sistema impuesto sobre las cenizas de una democracia – imperfecta es cierto, pero democracia al fin – se reunió para hacer un llamado fundacional y recobrar la dignidad republicana en una nueva Carta Fundamental. El objetivo final de ese ejercicio democrático, mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente, será discutir los derechos a la educación, la salud, la vivienda, a una pensión justa, a la representación justa de todas las tendencias políticas, hoy negada por el sistema binominal, a un empleo y remuneraciones dignas, a definir el papel del Estado en la economía, a recuperar nuestras riquezas básicas, a integrar nuestro territorio, a redefinir el papel de las organizaciones locales… en fin, proceso político cuya marcha multitudinaria, en la esencia misma de los llamados democráticos, se iniciará en el símbolo que representa para todos los chilenos el Día de la Dignidad Nacional, el 11 de julio próximo.

    El texto del llamado no deja lugar a dudas sobre las intenciones. Veamos algunos párrafos.

    “La Constitución Política del Estado no representa la voluntad soberana del pueblo chileno. Fue impuesta en 1980 para legitimar una dictadura que violó los derechos humanos y enriqueció a un puñado de empresarios que, mediante espurias privatizaciones, se apoderaron de la mayor parte del patrimonio público forjado con el trabajo y ahorro de generaciones de chilenos”.

    “La Constitución actual ampara a los poderes fácticos que ayer se sirvieron de la tiranía y que hoy gozan de ocultos e irritantes privilegios, ejerciendo un control decisivo sobre la economía, las instituciones políticas y los medios de comunicación”.

    “Actualmente existen poco más de 3 millones de ciudadanos que de una u otra forma no participan en los procesos electorales, ya sea por no inscripción, abstención, o porque al rechazar las alternativas que se presentan votan nulo o blanco. Esta cifra representa 30.5% del padrón electoral potencial, el doble de la que no votó válidamente en la elección de 1989 [15,4%]”.

    “Factor fundamental para el éxito de esta tarea es la superación constructiva del sectarismo, el mesianismo y el dogmatismo, vicios que –paradojalmente- sirven a la mantención del status quo, porque contribuyen a neutralizar la fuerza de la mayoría ciudadana inspirada en ideales superiores de soberanía, dignidad y libertad. En el umbral del bicentenario de la República la unidad del pueblo hará posible poner fin a la vergonzosa vigencia de una Constitución esencialmente antidemocrática”.

    “Llamamos a todos los chilenos y chilenas –donde sea que se encuentren- para que, desde ahora mismo, suscriban este llamamiento, promuevan debates y emprendan múltiples iniciativas tales como plebiscitos comunales, o barriales, foros y charlas en agrupaciones estudiantiles, poblacionales, campesinas, colegios profesionales, etc., que pongan de manifiesto el mayoritario apoyo de los chilenos a una nueva Carta Fundamental”.

    Creo que es apropiado decir que con esta iniciativa hemos despertado a un león dormido: el pueblo de Chile.

    Por Héctor Vega

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