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    La próxima semana se debate en la Sala del Senado la Ley de Despenalización del Aborto en tres causales: riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación. Una ley que beneficiará a muchas mujeres que, bajo estas circunstancias, podrán acceder a un aborto seguro y de calidad.

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    Sin embargo, seguirán siendo muchas otras las que, a pesar de no estar en ninguna de las causales que contempla la ley, decidirán abortar por otras razones. Será en estos casos cuando aquellas con menos recursos económicos se verán nuevamente expuestas a las complicaciones de interrumpir el embarazo de forma clandestina y/o con prácticas riesgosas mientras las que tienen más recursos económicos podrán hacerlo de forma segura en el extranjero o incluso en alguna de las clínicas privadas del país.

    En general, la medida del Gobierno se entiende como un avance en términos de equidad, sin embargo, no considera la problemática de clase que envuelve los contextos en los que se practica un aborto.

    La ex ministra de Salud Helia Molina (PPD), a quien le costó el cargo expresar públicamente que “en todas las clínicas cuicas, muchas familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas”, afirma, en conversación con El Ciudadano, que la brecha en términos de salud sexual y reproductiva es grande entre las chilenas con más recursos y las que tienen menos .

    En su opinión, tendría que ser el “Estado chileno y su sistema de salud el que tuviera una oferta para que tanto las mujeres con posibilidades económicas como aquellas que no las tienen, pudieran ejercer su derecho a decidir sobre su propio cuerpo tanto en el sistema publico como en el privado“.

    Por su parte, la ex ministra de Cultura Claudia Barattini (MAS), explica a este medio que “la despenalización del aborto en las primeras semanas de gestación debiera ser más amplia“, aunque reconoce que el proyecto es un “primer paso al que se comprometió el Gobierno en un país que le cuestan muchísimo las discusiones valóricas”. Según ella, “a la larga, deberíamos de poder tener una legislación como la vigente en muchos países del mundo en la cual el primer derecho es el de respetar una maternidad responsable y voluntaria”.

    Barattini considera que las tres causales del proyecto “son casi de piedad” y “frente a situaciones límite” ya que “las mujeres que quieran interrumpir un embarazo y que no cumplan con estas tres condiciones van a quedar en la misma situación de ilegalidad actual y por lo tanto se va a reproducir que quienes tienen más van a tener la libertad de interrumpirlo y las que tienen menos y queden fuera de estas tres causales seguirán sometiéndose a prácticas que ponen en riesgo su vida“.

    Otra opinión es la del ginecólogo obstetra de la Corporación Miles y experto en salud sexual y reproductiva, Guillermo Galán, quien cree que “pensar que las mujeres con recursos pueden ir a las clínicas privadas e interrumpir sus embarazos cuando ellas quieran pagando es algo que está dentro de la mitología urbana“. El médico, que habla desde la experiencia profesional en la atención a las mujeres que se atienden en su centro privado, argumenta que “la mayoría de las clínicas privadas tienen unos comités de ética que cada día son más rigurosos y es muy difícil que alguien engañe a estos profesionales para interrumpir un embarazo, cualquiera que sea la causa”. Y agrega: “Hoy, aún para las mujeres que tienen dinero, conseguir un aborto aunque se trate de un mal formado o sea producto de una violación es difícil en Chile y tienen el mismo riesgo de tener que someterse a un aborto en malas condiciones”.

    Lo que sí reconoce Galán es que el proyecto de ley “permitirá que las mujeres con menos recursos puedan conseguir lo que las mujeres con más recursos podían conseguir fuera del país”, por lo menos bajo las tres causales.

    Meritxell Freixas

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