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    Tras dos días de motín, los efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) retomaron el control de los calabozos de su sede El Helicoide, en Caracas, y trasladaron a los expolicías Fred Mavares y Reggie Andrade a una prisión común, dijeron familiares a Spuntnik.

    “Los del Sebin entraron a las celdas y se llevaron a mi hermano y a Reggie, nos dijeron que fueron trasladados a la máxima de San Juan (cárcel 26 de Julio – Guárico) en el centro del país, pero nadie nos informó que serían trasladados; ellos deberían estar en libertad, porque desde 2016 tiene boleta de excarcelación”, dijo a esta agencia Julián Mavares, hermano de Fred Mavares.

    De acuerdo a la información recabada por esta agencia, Mavares y Reggie fueron trasladados junto a un detenido por delitos comunes, cuyos datos son desconocidos.

    Ambos son exfuncionarios de la Policía del municipio Chacao, jurisdicción de Miranda que forma parte del Área Metropolitana de Caracas, y fueron detenidos en las investigaciones por el asesinato del periodista Ricardo Durán, conocido por laborar en medios estatales.

    En agosto de 2016, -según informa Spuntnik- el Ministerio Público emitió una boleta de excarcelación para Reggie y Mavares, la cual fue firmada por juez, pero pese a esta medida no han sido puestos en libertad y se desconocen los motivos.

    El motín en los calabozos del Sebin inició la tarde del lunes y los detenidos exigían la presencia del fiscal general, Tarek William Saab, la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez; y la instalación de un tribunal itinerante en ese recinto, para resolver el problema de los traslados.

    “La madrugada del miércoles los prisioneros enviaron a esta agencia el pliego de peticiones, entre las cuales se encontraban: libertad inmediata de quienes tienen boleta de excarcelación y traslados a centros asistenciales de quienes ameritan atención médica que ha sido autorizada por un tribunal”, indica el referido medio en un boletín.

    También requerían conformar mesas de trabajos con un grupo de detenidos, familiares y representantes de derechos humanos de la fiscalía, defensoría del pueblo, un integrante de la Comisión de la Verdad y de la Conferencia Episcopal.

    Foto: AVN

    Beneficios procesales

    En mayo pasado se llevó a cabo otro motín, ante lo cual el Gobierno y autoridades instalaron mesas de trabajo en las que se acordó, junto a jueces, defensores de derechos humanos y detenidos, el traslado voluntario de los reclusos a otras prisiones. Sin embargo, los familiares y presos dijeron a Spuntnik que esta instancia “nunca funcionó”.

    Tras una solicitud de revisión de expedientes que hizo el Gobierno a la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente- instancia que investiga los casos de violencia política registrados en varias oportunidades-, el poder plenipotenciario recomendó al Tribunal Supremo de Justicia otorgar beneficios procesales a varios detenidos por violencia política recluidos en varias sedes, entre ellas El Helicoide.

    Desde entonces se han otorgado estas medidas a 192 personas vinculadas con violencia política. Entre los casos más notorios está el conjunto de protestas de calle convocadas por un sector opositor durante abril y julio de 2017, en las que participaban grupos agresivos que atacaron a sedes públicas y privadas, como colegios y hospitales. Estas acciones dejaron a 124 asesinadas, según cifras oficiales.

    Foto: AVN

    En diciembre de 2017, la entonces presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, también emitió beneficios procesales a 80 detenidos.

    Estas medidas, otorgadas a través de tribunales ordinarios y militares, contemplan modalidades que se aplican según las condiciones de cada caso. Van desde libertades plenas, presentación periódica, prohibición de salida del país hasta fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, explica la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) en una nota.

    No se incluyen a aquellas personas que están incursas en delitos de homicidio o agentes del Estado bajo proceso judicial por la presunta comisión de agresiones contra ciudadanos.

    Foto: AVN

    Operación Cisne Negro

    El pasado 16 de junio, el alto dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, informó que organismos de seguridad e inteligencia del Estado venezolano detectaron que tras el primer motín en el Helicoide se tejía la Operación Cisne Negro, plan orquestado por la extrema derecha nacional e internacional para facilitar la fuga -días antes de las elecciones presidenciales del 20 de mayo- de detenidos acusados por violencia política.

    La situación sería aprovechada para que se fugaran líderes de derecha detenidos por su relación con planes terroristas y con grupos paramilitares colombianos dirigidos por el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien tiene fuertes lazos con el paramilitarismo y narcotráfico en el vecino país.

    Los dirigentes presos pretendían utilizar al ciudadano estadounidense Joshua Holt, quien estuvo recluido en el Helicoide, para llamar la atención del Gobierno de Estados Unidos (EEUU) y promover una acción intervencionista.

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