Los Nuevos Señores Feudales

Para la gente que disfruta de caminar por los campos de nuestro bello país, no hay impresión más hermosa que sentir el aroma rural en su nariz; el barro bajo sus zapatos y la vista de los verdes colores característicos de la provincia. Las laderas lecheras de nuestra zona, las praderas sembradas de alimentos y los huertos cultivados, nos entregan una grata sensación de libertad. Sin embargo, como todo bien raíz, la tierra por la que caminamos no nos pertenece, pues es propiedad de unos pocos. Es decir, cualquiera que tenga el poder adquisitivo para hacerlo. Esto sin perjuicio de que el Estado pueda aplicarle impuestos, si así lo estima.

TIERRA, PODER Y SUBORDINACIÓN

Para introducirnos en este problema, es necesario hacer una sintética revisión histórica, que dé a comprender la manera en que se ha resuelto el fenómeno de la posesión de la tierra, permite entender de una forma mucho más amplia las relaciones de poder y subordinación que sacuden a nuestra sociedad hoy en día. Ocioso resulta señalar que los más perjudicados con el asunto de la tenencia de la tierra y las relaciones laborales que en ella se establecen, han sido las clases más desposeídas: obreros, campesinos y pequeños agricultores y, paralelamente, los pueblos originarios. Ya sea entre mapuches y españoles; agricultores y latifundistas; obreros y empresarios, la historia de la expropiación de los suelos va de la mano con la realidad política, social y económica chilena. Desde la llegada de los españoles al continente, los indígenas juegan un rol protagónico en las actividades vinculadas al mercado de tierras, debido a que ellos eran los dueños originales de este bien. A causa de la frustración que se produjo en los conquistadores por la escasez del oro buscado, la explotación derivó hacia las labores agrícolas. Ello implicaba apropiarse de las tierras indígenas, empresa que fue emprendida con entusiasmo y sin limitaciones por los primeros encomenderos y por las oleadas de aventureros inescrupulosos que llegaban a buscar fortuna en estas lejanas tierras. No obstante, la información sobre la posesión de las tierras en las poblaciones huilliches es más bien escasa, hasta la refundación del fuerte Valdivia, en 1645. Según un artículo escrito por Javier Lavanchy, periodista experto en el tema de pueblos originarios, tras varios levantamientos, los huilliches firman el “Tratado de Paz de 1793”, el que disponía que los españoles tomarían algunas tierras desde Osorno a la Cordillera de los Andes, mientras que los indígenas conservarían el resto del territorio, hasta el litoral. Pero en 1796, Osorno comenzó a ser repoblada y con ello surgió una nueva etapa en la usurpación de las tierras indígenas. Hasta 1824, cuando se dictó una ley sobre las tierras indígenas y comienzan a entregarse a las comunidades “Títulos de Comisario”, concedidos por las autoridades gubernamentales. Luego las usurpaciones se convertirán en pan de cada día, dando cuenta, una vez más, de los abusos de poder ejercidos por los poseedores de la tierra, en este caso colonos nacionales y foráneos. De hecho, al dictarse la primera ley de colonización extranjera, en 1844, los primeros colonos procedentes de Alemania, se instalan en las cercanías del río Valdivia, lo que nuevamente produce que las tierras huilliches se vean comprometidas por los expansionistas inmigrantes. En 1866, se favorece la comercialización de tierras en “territorios indígenas”, generándose un efecto directo en el mercado. Entre Valdivia y La Unión, los cambios en la legislación demoraron en aplicarse, más que nada por problemas de interpretación de las leyes. Es a partir de 1870 que se aplican restricciones al negocio en los terrenos originarios. Junto a algunos compatriotas, hubo inmigrantes alemanes muy activos en la compra de tierras indígenas o que terminaron siendo beneficiados por las compras de los nacionales. “Un heterogéneo grupo humano participa en estas transacciones; chilenos establecidos previamente en la zona, entre los que destacan los indígenas, junto a chilenos y extranjeros (mayoritariamente germanos) que migran a la región”, señala Fabián Almonacid, académico del Instituto de Ciencias Sociales de la UACh, en una de sus publicaciones. En esa época, era normal que los títulos de propiedades rurales no estuvieran regularizados, si es que existían. La venta de acciones y derechos sin límites específicos o de una ambigüedad que originaba grandes confusiones, generaba enormes diferencias en el valor de las tierras.

PROPIEDAD CONCENTRADA

Desde mediados del siglo XIX, el precio de la tierra tuvo un aumento sostenido en nuestra provincia, principalmente por el incremento de la población, una economía creciente y el interés que generaba en los inmigrantes. Según Theodor Kórner, yerno de Karl Anwandter, al arribo de los primeros colonos alemanes, sólo con cuarenta mil pesos se podría haber comprado toda la provincia de Valdivia. Con ello proliferan los litigios, las adquisiciones fraudulentas o con títulos de propiedad inconsistentes. El aumento de las transacciones agudiza el carácter conflictivo que tiene la propiedad de la tierra en la zona, por lo que es común que usualmente ellas terminen en los tribunales de justicia. A principios del siglo XX, asistimos a un fenómeno que será común hasta nuestros días: la seguidilla de transferencias de latifundios y la posterior concentración de ellos en pocas manos, por lo general de influyentes personajes. Sólo por mencionar un ejemplo: entre 1905 y 1907, el abogado Juan Modesto Ide Martínez logró obtener un total de 8 fundos colindantes entre sí, en el sector de la cordillera de la costa, cerca de Osorno. Dichos predios fueron vendidos en 1910 a su hermano Eduardo, quien los conservó hasta la década de 1960. En lo que respecta a los pueblos originarios, recién en 1927 se aprueba una ley que establecía que, a los indígenas que no tuvieran títulos de merced, se les consideraría como colonos nacionales y se les radicaría en terrenos fiscales. Sin embargo, en la práctica, este proceso nunca fue aplicado. En 1928, se dicta la Ley de Propiedad Austral que facilitó la creación de numerosos fundos fiscales de gran extensión. El Estado, sin tomar en cuenta a las comunidades huilliches, no reconoció la validez de sus títulos. Más allá del tema indígena, la crisis mundial de 1929-30 destrozó la economía agrícola nacional. Hasta 1936, con Pedro Aguirre Cerda, la oligarquía logró un pacto sobre la cuestión agraria, por lo que el presidente nunca tocó la propiedad rural ni permitió la sindicalización de los trabajadores del campo. Esto permitió que la situación con los dueños de los terrenos no se modificara.

REFORMA Y CONTRA-REFORMA AGRARIA

Hasta que, en 1964, Eduardo Frei inició una reforma agraria, la que fue radicalizada por Salvador Allende. Esta ley establecía que el Estado podía expropiar predios privados con el fin de dividirlos, parcelarlos y entregarlos a los campesinos. Además se estableció que eran expropiables todas las tierras en manos de corporaciones o sociedades, sociedades por acciones, sociedades anónimas, etc. En el plano indígena esta reforma tuvo un impacto limitado, ya que fue estructurada pensando en el campesinado no indígena.El efecto nocivo para ellos surgió del hecho de que se entregó sólo el usufructo de la tierra y no la propiedad legal sobre la misma, quedando expuestos a ser considerados ocupantes sin título. Durante la dictadura militar, en 1979, se dictan decretos leyes que revierten los avances anteriores, para restablecer el latifundio, en una etapa conocida como “contra Reforma Agraria”. Se propician medidas tendientes a favorecer el individualismo productivo de las tierras; se eliminan los asentamientos y se reducen los predios, por temor a la organización de los campesinos. El “regreso a la democracia” en 1990, aporta una nueva concepción, de apoyo al desarrollo de la agricultura familiar campesina, tanto de quienes soportaron la contra reforma sin vender, como de los pequeños propietarios tradicionales.

GRANDES AMOS DE LAS TIERRAS DEL SUR

Sin embargo, las fracturas legales que dejó el régimen anterior, facilitaron el hecho de que los terrenos quedaran en manos de unos pocos. Peor aún, durante los gobiernos concertacionistas, las cosas no sufrieron una modificación significativa. En la actualidad, los señores feudales siguen siendo los grandes empresarios, que muchas veces ocultos en el anonimato, son los verdaderos “capos” del suelo. Avalados por el sistema neoliberal en que estamos enterrados, la ambición de pocos sigue siendo la carga de muchos. Es un hecho que los empresarios están mirando al sur para crecer. Las tierras entre la VIII y la X regiones han ido subiendo de precio gradualmente. Es que la actividad ganadera y lechera tiene buenas perspectivas a futuro y el ecoturismo está emergiendo con fuerza. Eso sin considerar el desarrollo forestal en esta parte del país, donde las productoras CMPC y Celulosa Arauco -que suman un patrimonio superior a 1,5 millones de hectáreas-, tienen la mayoría de sus asentamientos. Exceptuando a Douglas Tompkins, con las 300 mil hectáreas que comprende su parque Pumalín, en la X Región, el mayor terrateniente es el norteamericano Jeremías Henderson, dueño de casi el 20% de la isla de Chiloé; es decir, de 120 mil hectáreas en Quellón, las que compró en 1995 a un aristócrata francés. Su propósito original fue desarrollar un negocio maderero y acuícola, pero la burocracia y la ofensiva de los grupos originarios y de presión contribuyeron a que cambiara de rumbo. Por eso, hace unos años redefinió el proyecto y quiso reorientarse al ámbito inmobiliario, loteando parte de sus campos Quinio, Quilantar, Asasao y Yaldad, para luego venderlos con fines turísticos. Recibió ofertas de grupos chilenos interesados en esos terrenos que no llegaron a concretarse y, en la actualidad, tiene una sola propuesta sobre la mesa: la de Sebastián Piñera, que quiere crear su propio parque nacional. En la comuna de Puerto Octay, la Hacienda Rupanco constituye un gigantesco asentamiento agrícola, ganadero y lechero. Son 48 mil hectáreas de praderas cultivadas, bosques vírgenes, lagunas, una península de 1.200 has., 45 kilómetros de orilla de lago y caminos interiores que suman 600 kms. Una presa apetitosa que durante el régimen dictatorial fuera “administrada” por el entonces yerno del dictador, Julio Ponce Lerou, que actuó –procedimiento habitual, como hoy todos sabemos- como “palo blanco” del clan Pinochet. La estancia desde 1997 se encuentra en manos de las familias Abumohor, Saieh, Kauak, Díaz y Gutiérrez y es la principal productora nacional de leche, con cerca de 30 mil cabezas de ganado. Pero hay otros terratenientes en la lista de los más grandes. Agustín Edwards tiene en Futrono la segunda mayor lechería después de Rupanco, a la que suma distintos campos. Marco Cariola, también en la X Región, ha hecho de Puyehue su lugar de desarrollo, con campos crianceros, de engorda y con parte de la propiedad de la Feria de Osorno, segundo centro industrial de carnes en Chile. Y Liliana Solari, a través del holding Bethia, destaca por el fuerte crecimiento experimentado en los últimos años, esta vez en Los Ángeles, donde funciona su haras Don Alberto. En total, se calcula que a la fecha, ya controla 10 mil has. entre la VIII y la IX regiones. Hay más aún. La familia García, compuesta por los hermanos Mario y Leonardo García Sabugal, es una de las más importantes tenedoras de tierras en la IX Región, participando en negocios agrícolas, forestales y ganaderos, con centro en el fundo Argentina, en Vilcún. Sus negocios controlan enormes extensiones de tierras desde Melipeuco hasta algunos sectores de Argentina. Al norte de nuestra provincia, el grupo Matte, con su forestal Mininco, es dueño de 7.604 has. de plantaciones para explotar. Angellini y compañía, con Forestal Valdivia y sus 35.549 has., durante los 15 años que han acumulado territorio, se han traspasado como vendedores y compradores entre Bosques Arauco S.A., Forestal Celco; Celco Mariquina; Forestal Pedro de Valdivia a Forestal Valdivia S.A. y Celulosa Arauco y Constitución S.A. Los otros dueños de la tierra provincial son la forestal Tornagaleones y el ciudadano austríaco Niklas Salm Reifferscheidt, que compró terrenos en Lanco a su nombre, para después traspasarlos a Forestal Natalhue, de su propiedad. Existen formas de protección a los nombres de los dueños de las tierras y algunas artimañas para lograr que éstos no sean rastreados. Frente a esto, es una tarea de más largo aliento poder establecer quiénes son todos los amos, económicamente hablando, de nuestra Ñuque Mapu o Madre Tierra. Tarea también ardua -que comenzamos a emprender- es la de documentar el abismante y vergonzoso despojo a que fueron sometidos muchos de los ancestrales propietarios mapuche-huilliches, de las tierras que hoy conforman la provincia de Valdivia. Equipo El Ciudadano