Sangre Mapuche

Sin respaldar las prácticas de violencia que en la etapa de reivindicación de lo que creen que les es propiedad al pueblo mapuche, los hechos consumados demuestran que existe una monumental diferencia entre dichas prácticas y la brutalidad aplicada por los agentes del Estado para castigar a los originarios.

En el último tiempo ha sucedido una cadena de atropellos en contra de comunidades mapuche en el sur. Los agentes del Estado han materializado estas acciones, quienes además de vulnerar los derechos civiles, nuevamente han derramado sangre mapuche. Nos referimos al caso de Matías Catrileo abatido por Carabineros en el sector Yeupeko, comuna de Vilcún (IX Región), cuando ingresó al fundo Santa Margarita, propiedad de Jorge Luchsinger. Catrileo era un weichafe (guerrero) que sólo intentaba reivindicar un terreno que históricamente ha sido del pueblo mapuche (ver columna a la izquierda). Más allá del hecho (ver nota en págs. 8 y 9), la desproporción de fuerzas se hace evidente, esto por la masiva concentración de tropas situadas de forma permanente y el armamento de grueso calibre que portan las fuerzas del Estado. Además no hay que olvidar que el weichafe es otro ejemplo de derrame de sangre mapuche ejecutado por el Estado. Hablamos de las muertes de los estudiantes Daniel Menco y Alex Lemún, el 19 de mayo de 1999 y el 7 de noviembre del 2002, respectivamente, y del lonko de 71 años, Juan Domingo Collihuín el 28 de agosto de 2006.
¿Cómo se explica la injusticia? Los teóricos advierten –entre otras posiciones- que la expansión de la actividad forestal, que implicó la plantación masiva de árboles exóticos (pinos y eucaliptos), literalmente encerró a las comunidades dentro de su propio espacio ancestral. Además argumentan que desde hace años el pueblo originario viene cuestionando la manera en que el gobierno de turno toma decisiones que afectan su entorno, lo que conlleva la violación de sus derechos.
Los ejemplos abundan, la expansión de la actividad forestal avanzó a tierras reclamadas por este pueblo históricamente; la controvertida cimentación de caminos; la instalación de centrales hidroeléctricas; la producción de celulosa; y la extracciones mineras han sido denunciadas por los mapuche, ya que se realizan en comunidades que cuentan con personalidad jurídica, y por lo tanto, protegidas por ley.
El Estado y los empresarios alegan que dichas actividades se amparan en la Constitución, por lo que obtienen la autorización legal para actuar. Sin embargo, esos grupos no se cuestionan qué representan los territorios ancestrales para los mapuche. Claro, a lo mejor no saben que este pueblo ha visto cómo sus tierras han sido usurpadas progresivamente desde el siglo XIX, a través del ilustre patrocinio del Estado.
Además, hay que observar qué actitud asumirá el Gobierno, luego de que haya accedido a las demandas de la activista mapuche Patricia Troncoso Robles, quien se encontraba en huelga de hambre desde el pasado 10 de octubre. En total estuvo 111 días luchando por la causa mapuche.
Más allá de estas conductas gubernamentales, el Estado tiene la responsabilidad de poner freno al derramamiento de sangre mapuche. Debe resolver las muertes denunciadas y castigar a los responsables, para evitar el clima de impunidad que se establece dentro de los organismos encargados de velar por el orden público. Las investigaciones, y las condenas, son indispensables para lograr un cambio radical en la atmósfera de violencia y asesinatos que respiramos en el país.

Mauricio San Cristóbal