Matías Catrileo y la vergüenza de la justicia chilena
El 12 de enero de 2010, el Juzgado Militar de Valdivia dictó sentencia en el caso que se sigue por la muerte de Matías Catrileo, ocurrida el 3 de enero de 2008. Según quedó demostrado en el juicio, el joven universitario mapuche de 22 años de edad falleció como consecuencia de un disparo que impactó en su espalda, el que fue efectuado por el Cabo Segundo de Carabineros, Walter Ramírez, en el marco de un incidente ocurrido en las cercanías del fundo Santa Margarita en la comuna de Vilcún, Región de la Araucanía.
En la sentencia, el Cabo Ramírez fue identificado como autor del delito de violencia innecesaria con resultado de muerte, sancionado en el artículo 330 N° 1 del Código de Justicia Militar. La acción homicida y dolosa del Cabo Ramírez quedó claramente demostrada en el proceso. Sin embargo, y no obstante la gravedad del delito, el hecho de tener una penalidad de cinco años y un día a quince años de presidio, y el antecedente de que el Fiscal Militar de Temuco, Jaime Pinto Aparicio, había pedido una pena de 10 años de presidio para su autor, el Juzgado Militar de Valdivia lo condenó a dos años de presidio con pena remitida.
El fallo de la justicia militar en el caso de Matías Catrileo deja en evidencia lo que, en el bicentenario de la creación del Estado, constituye una vergüenza para la justicia chilena.
Lo anterior dada la aplicación de tres atenuantes, entre ellas, el haber obrado con celo en este caso, cuestión que quedó desvirtuada en los propios considerandos del fallo. Como consecuencia de esta sentencia, el homicida no solo no irá a la cárcel, sino seguirá, como hasta ahora lo ha hecho, en servicio activo en las filas de carabineros.
Con este fallo se produce una nueva situación de impunidad frente a los crímenes cometidos por efectivos policiales en el marco de los conflictos por tierra que involucran a comunidades mapuche. Recordemos que otras dos personas mapuche, Alex Lemun el 2002 y Jaime Mendoza Collio el 2009, han fallecido en el contexto de dichos conflictos como consecuencia del actuar abusivo de carabineros. Ambos homicidios permanecen, al igual que el de Matías Catrileo, impunes a la fecha.
Lo mismo ocurre con los numerosos casos de violencia policial verificados en contra de mapuche involucrados en hechos de protesta social o defensa de sus derechos –solo el 2009 se constataron 25 casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes que afectaron a 55 personas mapuche, entre ellos niños-, imputables a agentes policiales del Estado.
Como hemos señalado con anterioridad, esta situación es la resultante de una doble circunstancia. La primera, es la tolerancia de las instituciones policiales y, más grave aún, de las instancias gubernamentales de las que éstas dependen (Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa) frente a este tipo de abusos, los que no son investigados ni sancionados administrativamente, a pesar de existir normativa que permite hacerlo. La segunda, es la que resulta de la persistencia de la competencia de la justicia militar para conocer de los delitos que cometen funcionarios policiales en contra de la población civil. Dicha justicia, como sabemos, carece de la imparcialidad necesaria para juzgar tales delitos, y no garantiza el derecho al debido proceso.
Esta última situación le fue representada al Estado de Chile el 2005 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia en el caso Palamara Ibarne v. Chile, sentencia que lo conminó a modificar el Código de Justicia Militar, limitando la jurisdicción de los tribunales militares al enjuiciamiento de personal militar acusado de delitos de carácter militar. No obstante el tiempo transcurrido desde entonces, dicha reforma no se ha materializado a la fecha.
Ello no solo constituye una responsabilidad del Congreso Nacional, al que en última instancia compete toda modificación legal, sino también del gobierno, en este caso el de la Presidenta Bachelet. En efecto, la Presidenta dilató hasta el 2007 la presentación al Parlamento de una iniciativa específica de reforma de la justicia militar.
Cabe señalar que en la propuesta enviada por Bachelet en esa ocasión se mantenía la competencia de dicha justicia para conocer de los delitos de maltrato de obras a carabineros cometidos tanto por militares como por civiles, lo que desoía abiertamente la sentencia de la Corte Interamericana sobre la materia. Fue solo en septiembre del 2009, en el último semestre de su mandato, cuando producto de la preocupación expresada por diversas instancias de la ONU, entre ellas el Comité de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, que la Presidenta Bachelet presentó una nueva iniciativa de reforma legal en la materia, esta vez eliminando definitivamente la competencia de la justicia militar para conocer de casos que involucren a civiles, restringiéndola al conocimiento de los delitos militares cometidos por militares.
El fallo de la justicia militar en el caso de Matías Catrileo deja en evidencia lo que, en el bicentenario de la creación del Estado, constituye una vergüenza para la justicia chilena. La urgente necesidad de limitar la competencia de la justicia militar a los delitos de función cometidos por funcionarios en servicio activo ha sido manifestada incluso por la propia Corte Suprema, al informar recientemente a la Cámara de Diputados que se trata de “una reforma esencial desde el punto de vista de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
La responsabilidad del gobierno de Bachelet en la persistencia de la competencia de la justicia militar sobre este tipo de delitos que afectan a la población civil hasta la fecha, así como en el hecho de que crímenes aberrantes como el cometido por el Cabo Ramírez en contra de Matías Catrileo queden impunes, debe ser subrayada. Y el mensaje que éste entrega al pueblo mapuche en el contexto de los conflictos que involucran a sus comunidades en el sur del país, en nada contribuye a su resolución de manera pacífica, sino por el contrario, constituye una abierta incitación a la violencia.
José Aylwin
Observatorio Ciudadano
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Huenulef Millao comentó el 4 de Febrero, 2010 a las 12:56 pmEl nuevo gobierno derechista en su campaña preeleccionario bociferaba a los 4 vientos que en la IX Region iba a reestablecer el Estado de derecho. El Estado, en teoria, todo lo puede debido a que posee a la fuerza publica para coaccionar las Normas emanadas de si mismo… pero El estado de derecho en escencia pone freno a dicho poder en relacion a no vulnerar los derechos de las personas… para este objetivo en la Constitucion de cada Estado se establecen Derechos y Garantias en favor de las personas de caracter inviolable e irrenunciable, inclusive da un listado con orden de prioridad de aquellos Derechos - se entiende manera implícita- donde el Derecho a la vida se Enarbola como en la cúspide del Catalogo, asi como tambien se alude a la Igualdad ante la Ley Procesal.
Si lo anteriormente dicho lo sostienen los Iluminados de las Cs. Juridicas y Sociales, del cual forman parte todos aquellos que tuvieron directa relacion (en la formacion ) y aquellos que tienen una indirecta relacion (quienes las aplican) conn la Carta Magna $hilena , entonces donde quedan estos grandes y rimbombantes principios de la cuales se enorgullecen??? … la respuesta está en que estos Derechos quedan dejados de lado ante la “prima nota” de las prerrogativas: EL DERECHO DE PROPIEDAD, y su su corolario EL LIBRE TRANSITO DE LA RIQUEZA.
Una maquinaria dantesca se pone en funcionamiento cuando pareciese que estos Derechos se ven amenazados… La aplicacion de Jurisdiccion Militar en casos civiles, mas aún, en hechos relacionados con las demandas del Pueblo Mapuche, es solo uno de los tantos engranajes de esta maquinaria…
Fuerza a Mis Peñi y Lamngen atropellados por la injustica de Este Estado aborregado de la especulacion…
Amulepe taiñ weichan
Marri chi weu
comisión de justicia chilota comentó el 4 de Febrero, 2010 a las 5:44 pmAylwin merece nuestro reconocimiento, pues es honesto y justo. Se ha comprometido con la justicia y los derechos humanos, y con el caso de Matías. Matías Catrileo es un símbolo de denegación de justicia e impunidad que debiera avergonzar a los que deben aplicar justicia en nuestro país. Pero en Chile los fiscales y juzgados del crimen ultrajan doblemente a las víctimas pues caen en denegación de justicia en contra de las víctimas. Citaremos otro caso, de acá de la isla de Chiloé, puntualmente en Quellón. Fíjense que aquí hay un depravado que violó a su propia hija desde que ésta tenía 11 años hasta ños 18, pero como es un hijo de carabinero, un exitoso empresario,y porque es dueño de la Radio quellón y del Museo de Quellón, la Fiscalía de Quellón y Castro y el juzgado del Crimen de Quellón no se han atrevido a tocarlo. No es novedad acá, donde reina el ocultamiento y silenciamiento de este tipo de casos en detrimento de las víctimas, que son miles de miles. No olvidemos que Chiloé ostenta los más altos índices de incesto y abuso de menores a nivel país. La denegación de justicia en Chile es un escándalo. El caso de este pervertido que violó por aqños a su hija es digno de primera plana de todos los medios chilenos. La hija de Pedro Felidor Roa Barrientos, su violador incestuoso, el FRITZ de Quellón, no será silenciada jamás en su más legítimo e inconculcable derecho de exigir justicia, condena y castigo para este mosntruo de Chiloé. Oh Dios, ¡si tan sólo un Aylwin hiciera suya la causa de la víctima de este degenerado con poder que aquí en Chiloé da asco!
alexis edmundo osorio gonzalez comentó el 8 de Febrero, 2010 a las 8:24 amY mi no me parece nada raro en la actitud de la justicia chilena, que fue siempre clasista discriminadora e injusta particularmente en la gente mas desposeidas y menos educadas, esto no es nuevo y las reformas deben ir mas alla en la transparencia y aplicacion de la ley universalmente y socialmente, pues la modernizacion asi lo requiere la gente ahora es mas educada y el brazo armado de la ley no le es es esa la razon de los atropellos nada mas que pura ignorancia y debe ser castigada como el aberrante crimen cometido.
mario vargas comentó el 8 de Febrero, 2010 a las 8:32 pm¿Y CÓMO EN LA fISCALÍA DE qUELLÓN VAN A APLICAR JUSTICIA SI HACE POCO UN FISCAL de allí fue denunciado por abusos sexuales contra una mujer? (y el asunto, logico, no prosperó) ¿tienen tejado de vidrio en temas de violaciones acaso en la Fiscalía local de Quellon???
VECINAS QUELLONINAS ORGANIZADAS comentó el 24 de Febrero, 2010 a las 11:02 amESTIMADAS AUTORIDADES Municipalidad de Quellón, febrero de 2010:
Alcalde: Osvaldo Iván Haro Uribe
Concejales: Fredy Gallardo Pacheco, Carlos Rogel Vera, Claudio Velásquez Paredes, Gabriela Gonzáles H., Genaro Contreras M., Luisa Torres Torres
Presente
LES ESCRIBIMOS UN GRUPO DE CIUDADANAS/NOS CHILOTES, QUE SE ORGANIZAN Y QUE QUIEREN MOVILIZAR CONCIENCIA EN CHILOÉ, MUY INDIGNADOS POR LA IMPUNIDAD QUE SE DA EN ESTA ISLA, ESPECIALMENTE EN LA COMUNA DE QUELLÓN. QUIÉNES MÁS QUE USTEDES, QUE SON PERSONAS HONESTAS, SERVIDORES DE LAS VECINAS, COMPROMETIDAS-OS CON LA SEGURIDAD DE NUESTRAS HIJAS E HIJOS, PARA GESTIONAR LA RUPTURA DE LOS CERCOS DE IMPUNIDAD QUE OPERAN EN NUESTRA COMUNIDAD HACE MUCHOS AÑOS, DONDE REINAN LOS SILENCIOS Y EL OCULTAMIENTO EN CASOS DE PEDOFILIA, INCESTO, VIOLACIÓN Y ABUSO SEXUAL DE MENORES. EN VUESTRA CONDICIÓN DE REPRESENTANTES DE LA VOZ DE LOS SIN VOZ, DE QUELLÓN, USTEDES DEBEN HACER SUYA LA TRAGEDIA DE LA HIJA DE PEDRO FELIDOR ROA BARRIENTOS (SU PROPIO VIOLADOR) QUIEN FUE VIOLADA SISTEMÁTICAMENTE POR ESTE DEGENERADO DESDE EL 2001 AL 2008. LA NIÑA TENÍA 11 AÑOS CUANDO PEDRO ROA EMPEZÓ A MANIPULARLA Y A PERPETRAR SUS DELITOS Y PERVERSIONES. USTEDES DEBEN TOMAR LA VOZ POR ESTA MUJER, LA QUE REPRESENTA A MUCHAS VÍCTIMAS DE INCESTO Y VIOLACIÓN QUE SE DAN EN CHILOÉ (DONDE SE REGISTRAN LOS MÁS ALTOS ÍNDICES DE VIOLACIÓN Y ABUSO SEXUAL DE MENORES A NIVEL PAÍS, AMPARADOS POR LOS SILENCIOS Y LA COMPLACENCIA DE LOS ENCARGADOS DE HACER JUSTICIA). SEÑORES: ESTE ES UN CASO DE PRIMERA PLANA Y DE ALTO IMPACTO PARA LA OPINIÓN PÚBLICA NO SÓLO DE QUELLÓN SINO DEL PAÍS EN SU TOTALIDAD.
LES INVITAMOS A HACERSE CARGO DEL DRAMA DE ESTA MUJER, LA QUE REPRESENTA A CIENTOS DE VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL E INCESTO EN NUESTRA ISLA CHILOÉ. GANARÁN LA ADHESIÓN INCONDICIONAL DE TODAS LAS VECINAS Y CIUDADANAS DE QUELLÓN, PORQUE NINGUNA AUTORIDAD LOCAL HA HECHO NADA EN ESTA MATERIA HASTA EL PRESENTE A FAVOR DE NUESTRAS HIJAS E HIJOS. USTEDES PUEDEN DECIR ¡BASTA YA A CIENTOS DE AÑOS DE SILENCIO E IMPUNIDAD EN QUELLÓN EN MATERIA DE INCESTOS Y VIOLACIONES CONTRA NUESTRAS NIÑAS Y NIÑOS! USTEDES MARCARÍAN UN HITO EN LA HISTORIA MORAL DE QUELLÓN. CLARO QUE SE REQUIERE VALENTÍA. ESTO NO ES TAREA PARA COBARDES. LES HACEMOS YA RESPONSABLES DEL CASO, PORQUE EL CASO COMPROMETE EL INTERÉS PÚBLICO DE TODAS LAS QUELLONINAS Y QUELLONINOS… SOBRE TODO PORQUE LOS FRITZ (COMO PEDRO ROA BARRIENTOS) ESTÁN ENTRE NOSOTRAS, EN LAS ESCUELAS, EN LA RADIO QUELLÓN, EN NUESTRA CALLES Y PARQUES, ETC., AMPARÁNDOSE EN SUS CERCOS DE PROTECCIÓN E IMPUNIDAD, DE SILENCIAMIENTO DE LAS VÍCTIMAS Y EN LA COMPLACENCIA CULPOSA DE LA JUSTICIA LOCAL (FISCALÍA LOCAL DRE QUELLÓN, JUZGADO DEL CRIMEN DE QUELLÓN). lAS QUELLONINAS Y LAS CHILENAS LES ESTARÁN ETERNAMENTE AGRADECIDAS.
Copia a: Diarios nacionales: La Tercera, El Mercurio, La Hora, Las Últimas Noticias, La Nación, The Clinic, La Segunda, Diario La Estrella, La Cuarta. Copia a: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Unicef.