Los bienes de Neruda: Secuestrados

El legado de Pablo Neruda está secuestrado. Sus inmuebles, derechos de autor y hasta su nombre de pluma fueron usurpados por la Fundación Pablo Neruda, dirigida por el abogado Juan Agustín Figueroa, quien apenas lo conoció y en cuya gestión privilegia el lucro al cumplimiento de la voluntad del poeta.

Pablo Neruda concibió a la Fundación Cantalao –así se llamaría– como la instancia que administraría su legado. Los estatutos de la institución fueron redactados por el amigo del Nobel y ministro de Justicia de Allende, Sergio Insunza, y son desconocidos para la mayor parte de la opinión pública. Mario Casasús, reportero del diario chileno El Clarín, los publicó parcialmente el 11 de agosto de 2005.

Neruda había planeado una “fundación de beneficencia sin fines de lucro, cuyo objetivo será la propagación de las letras, las artes y las ciencias, en especial en el litoral comprendido entre San Antonio y Valparaíso con un carácter que tienda a expandir su influencia en el país y en el extranjero”, decía el artículo primero de los estatutos.

Planteaba también “la construcción en el bien raíz que se aporta (terreno de cinco hectáreas cercano a la casa de Isla Negra) de edificaciones que se destinarán a sitios de reuniones de escritores, artistas y científicos nacionales y extranjeros como asimismo para su alojamiento”.

En el artículo quinto se establecía la composición de un directorio de siete miembros: Dos representantes de Neruda, los rectores de las universidades de Chile, Católica y Técnica del Estado (actual Universidad de Santiago), un representante de la Central Única de Trabajadores y un delegado de la Sociedad de Escritores de Chile.

Los estatutos se firmaron el 5 de junio de 1973 en la notaría de Casablanca (Valparaíso) y serían dados a conocer públicamente el 11 de septiembre de 1973 junto con la maqueta de la Ciudadela de los Poetas, que se pretendía construir.

Manuel Araya, ayudante del Premio Nobel, sostiene que la inminente puesta en marcha del proyecto Cantalao “tenía muy contento a Neruda, porque significaba la concreción de uno de sus más preciados sueños”. El cuartelazo del 11 de septiembre de 1973 abortó la iniciativa.

En sus memorias, Matilde Urrutia expresó que ese día “llegaría a Isla Negra Sergio Insunza con los estatutos de la Fundación Pablo Neruda, con el testamento de Pablo y con los planos y la maqueta de la que sería la casa principal de la Fundación en Punta de Tralca (en Cantalao). Todo estaría listo para la firma que se haría ese día”.

En el reportaje ‘Oda al Dinero’ –publicado el 9 de julio de 2006– en el diario chileno La Nación, se asegura que Figueroa descartó la posibilidad de realizar en Cantalao una casa de poetas, al sostener que allí se haría “un parque ecológico”. Hasta el momento no se ha hecho nada pese a que el 25 de diciembre de 2008 el empresario minero Leonardo Farkas donó 400 mil dólares para construir allí un Memorial a Neruda.

El poeta confió la tramitación de la personalidad jurídica de la Fundación a su secretario personal, Homero Arce, con quien tenía una gran cercanía y confianza. Fue él quien tomó dictado de sus memorias ‘Confieso que he Vivido’ y quien le ayudó a preparar la Antología Popular 1972.

Tras la muerte de Neruda, Matilde Urrutia alejó a Arce del legado del poeta. En sus memorias –Mi vida junto a Pablo Neruda (Seix Barral, 1986)– la viuda lo acusó de pretender censurar el último capítulo de ‘Confieso que he Vivido’ y que por eso lo separó de la edición del libro. A Arce ni siquiera se le menciona como quien transcribió y ordenó las memorias, crédito que se le da al escritor y diplomático venezolano Miguel Otero Silva.

Urrutia no cuenta el final que tuvo el secretario del poeta. Arce fue secuestrado por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet el 2 de febrero de 1977 y murió cuatro días después en el hospital Ramón Barros Luco a consecuencia de los golpes que le propinaron.

Casasús afirma que Arce “pasó de ser el más cercano y leal, al más ninguneado y olvidado tras la muerte de Neruda”.

LA FUNDACIÓN

Neruda murió intestado. Matilde Urrutia, en tanto esposa, fue heredera de sus bienes. Según Manuel Araya, ella se hizo asesorar por “gente de derecha, puesto que ella nunca fue de izquierda”.

Agrega: “Lo que le interesaba era quedarse con los bienes de Neruda y no que se hiciera su voluntad. Por ejemplo, Neruda quería que su casa de Isla Negra quedara como un lugar de descanso para los mineros enfermos de silicosis… Pero ella se olvidó de todo eso. Sólo la motivaba el dinero”.

Casasús dice que Matilde Urrutia “es responsable de entregar en bandeja de plata el legado de Neruda a lo peor del pinochetismo, que está representado por Juan Agustín Figueroa”.

El Consejo de Administración de la Fundación Neruda –integrado el 15 de enero de 1982– poco a poco se llenó de personas cercanas a Figueroa, quien lleva 25 años como presidente. Aunque intelectuales destacados lo acompañaron en el primer directorio, después se hicieron a un lado y dejaron la Fundación en sus manos.

El primero estuvo formado por Raúl Bulnes, amigo de Figueroa; el escritor Jorge Edwards, el economista Flavián Levine y el actor Roberto Parada. Edwards y Levine renunciarían al poco tiempo y fueron reemplazados por Aída Figueroa, hermana de Juan Agustín, y por la esposa de éste, Marcela Elgueta. Cuando murió Parada ingresó al directorio Jorge del Río, abogado del estudio jurídico de Figueroa.

Años después, Edwards expresaría su opinión sobre la Fundación Neruda: “Estos gallos pasaban en reunionitis y compromisos sociales; yo les advertí muchas cosas en las que estaba en desacuerdo y nunca me dieron pelota con las cosas culturales que les propuse, parecían estalinistas, comisarios y son todos capitalistas; esto ya es una empresa cultural bastante rasca (ordinaria) que no se preocupa de lo literario. En el fondo, no le hace ningún bien a Neruda” (La Nación, 9 de julio de 2006).

“ODA AL DINERO”

En sus memorias, Urrutia da indicios de las intenciones de Figueroa. “Nunca olvidaré la cara de mi amigo Juan Agustín Figueroa cuando comenzó a investigar los bienes: ‘¿Qué acciones tiene?’ –me preguntó. (…) ‘Dime Matilde, ¿Y el dinero del bullado Premio Nobel?’”

En ‘Oda al Dinero’, Figueroa sostiene que él llegó a la Clínica Santa María el 22 de septiembre de 1973, un día antes de la muerte de Neruda. “Me acerqué a Matilde y le dije: ‘Mira, estamos en una situación extrema, Pablo está muy grave y no ha hecho su testamento; yo creo que son los últimos momentos y hay que hacerlo ya’”.

Los derechos de autor, la casa-museo y la mercadotecnia creada a partir de su imagen generan ganancias cuyo monto es uno de los secretos mejor guardados de la Fundación. El diario La Tercera (junio de 2004), asegura que sólo en 2003 ingresaron a sus arcas cerca de mil millones de pesos chilenos (2,1 millones de dólares).

La Fundación Neruda invirtió ese dinero en la empresa Cristalerías Chile, cuyo propietario es Ricardo Claro. Este personaje era muy cercano a Augusto Pinochet y fue además uno de los principales impulsores del cuartelazo de 1973 que acabó con la vida de Salvador Allende.

Cuando esta información fue dada a conocer por Casasús en su libro ‘La gestión de la Fundación Neruda: una mirada crítica’ (2005), se armó un revuelo en Chile. Figueroa se justificó, como reseña la citada nota de La Nación: “Nunca hemos hecho inversiones en actividades que podrían ser éticamente reprochables, como en bombas de racimo o seguros de vida de personas que están cercanas a la muerte”.

En octubre de 2005, en entrevista con el periódico mapuche Azkintuwe, el hijo de Sergio Insunza y sobrino de Figueroa, Ramiro Insunza, señaló que aquél “es un ladrón (…) le robó incluso a mi madre (Aída Figueroa) 300 millones de pesos por concepto de tres años de cosecha en el fundo que comparten en el sur de Chile. A Figueroa hubo que llevarlo a los tribunales para que abriera los libros de contaduría (y) se negó todo el tiempo a que se revisaran las cuentas del fundo (…) al final, con la amenaza de llevar el caso a la Suprema Corte, accedió a regañadientes y quedó demostrado el robo”.

Casasús asegura que este es el modus operandi de Figueroa, quien se niega a transparentar los ingresos de la Fundación incluso a los consanguíneos de Neruda.

El 10 de mayo de 2007, la Sucesión Reyes –figura jurídica que representa a la familia Neruda y que encabeza Rodolfo Reyes, sobrino del poeta– demandó a la Sociedad Inmobiliaria Maulén, dueña de la cadena de hoteles Neruda. La acción judicial se basó en que el uso comercial del nombre del poeta sería ilegal dado que éste no es propiedad de la Fundación Neruda sino de la sucesión familiar. Esta causa se ventila en un juzgado civil de Santiago.

NERUDA VIP

La Fundación Neruda posee el 75% de los derechos de autor y la administración de sus casas. La Sucesión Reyes también está en disputa con la Fundación por haber facilitado ésta el uso del nombre del Premio Nobel a la aerolínea chilena LAN, que creó el salón Neruda VIP en el aeropuerto de Santiago. También hay litigios por el uso de “esta marca” para líneas de chocolates y vinos, empresas que han contado con la autorización de Figueroa.

Además de cuestionarlo por el uso comercial de la Fundación Neruda, a Figueroa se le señala por haber invocado la Ley Antiterrorista –creada durante la dictadura de Pinochet– contra dos dirigentes mapuches: Aniceto Norín y Pascual Pichún. Ellos encabezaban a comunidades del municipio de Traiguén que acusaron a Figueroa de invadir tierras que les pertenecen usando artilugios como la corrida de cercas.

En 2004, los dirigentes mapuches fueron sentenciados a cinco años de cárcel por “amenaza terrorista”. Estas condenas fueron las primeras emitidas con apego a aquella Ley tras el retorno a la democracia en 1990. Después de este caso, más de un centenar de mapuches fueron procesados o condenados gracias a esa reglamentación.

Las acusaciones de Figueroa encontraron respaldo del gobierno del socialista Ricardo Lagos –quien hizo al Estado parte de las querellas por medio del Ministerio del Interior– y del Ministerio Público, que utilizó pruebas falsas para inculpar a los mapuches.

Por otra parte, la Fundación Neruda intentó prohibir en tribunales la publicación de un libro compilado por Leónidas Aguirre, con los discursos que Pablo Neruda pronunció en tribuna en el Congreso, entre 1945 y 1948, en calidad de senador por el Partido Comunista.

La entidad argumentó una supuesta violación de los “derechos de autor” que reclama poseer de manera exclusiva. Sin embargo, la Corte de Apelaciones autorizó más tarde la publicación expresando que “las actas de sesión del Senado no están protegidas por la Ley 17.336 sobre propiedad intelectual”. El libro fue publicado como ‘Yo acuso: discursos parlamentarios de Pablo Neruda’ (Oveja Negra, 2002).

Araya cuenta que Neruda era “muy generoso”. Afirma que “él ayudaba a mucha gente que se lo solicitaba”. Y que los aportes los hacía “a escondidas de Matilde, a quien no le gustaba que regalara su dinero”.

Según él, el autor de ‘Residencia en la tierra’ donó al Partido Comunista (PC) 70% del monto del Premio Nobel con el fin de que se comprara una imprenta para su periódico El Siglo. “Todas las máquinas que trajeron para imprimir y llegaron del extranjero las compró Neruda. Yo fui muchas veces al puerto de Valparaíso a retirar cosas y enviarlas al destino que él me ordenaba”, cuenta.

Neruda donó en vida algunas propiedades. A su ex esposa, Delia del Carril, le cedió la Casa Michoacán, en Santiago. Su residencia de Isla Negra se la regaló al PC, pero como todos los bienes de este partido, la propiedad fue confiscada en 1973. En 1992 la Fundación Neruda se la compró al Ministerio de Bienes Nacionales en 300 millones de pesos (700 mil dólares). Según Casasús en la actualidad la propiedad “es una frívola casa-museo donde exponen a un poeta descafeinado, desarraigado de su familia y militancia política”.

Además, el 20 de junio de 1954 Neruda donó su invaluable colección de caracoles a la Universidad de Chile, entidad a la que también dejó en vida su nutrida biblioteca personal.

Neruda también regaló los derechos de su Antología Popular (1972) a condición de que se distribuyera gratuitamente al pueblo de Chile. El 20 de noviembre de 1972, con financiamiento del Ministerio de Educación, se hizo el primer tiraje de 150 mil ejemplares.

En 2004, la editorial española Edaf, hizo la reimpresión del libro, como si fuera una antología inédita. Esto fue autorizado por la Fundación Neruda. La Comisión Bicentenario (del Gobierno de Chile) editó nuevamente en 2009 la Antología Popular 1972 con un tiro de 28 mil 500 ejemplares que repartió gratis. Pero repitió el error de Edaf: Eliminó la fecha exacta de la impresión original. Esta publicación también fue autorizada por la Fundación Neruda.

Por Francisco Marín

Este reportaje fue publicado en revista Proceso de México.

El Ciudadano Nº106, segunda quincena julio 2011