Nunca fue sancionado sino hasta el día en que declaró como testigo en la investigación por el millonario fraude al interior del Ejército, más conocida como “Milicogate”. Así lo explica en numerosos recursos judiciales por eventual hostigamiento y acoso del mando militar, el cabo primero Sergio Tudesca.

El funcionario activo colocó una demanda ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, alegando presuntas irregularidades que involucrarían al general (r) Héctor Ureta, ex comandante de la División de Mantenimiento de la rama castrense.

La causa podría escalar a la Corte de Apelaciones, dado que la jueza titular, Carmen Correa Valenzuela, estimó que el tribunal no sería competente para conocer el fondo de la presentación, desestimando pronunciamientos realizados por el máximo tribunal del país que han aceptado la vía de tutela para funcionarios públicos.

Un caso emblemático de aquellos, es el del ex soldado de la Brigada de Aviación rancagüina, César Iluffi, quien también demandó al Ejército por vulnerar de sus derechos fundamentales y ganó, exigiendo el pago de una millonaria indemnización.

En su libelo, Tudesca señaló que altos oficiales del Ejército le impidieron “denunciar actos administrativos irregulares”, humillándolo frente a sus pares, interrogándolo sobre sus actos, y obligándolo a desempeñar funciones mientras cumplía con licencia médica.

Relató que habiendo participado activamente en la modernización del sistema computacional de gestión documental de la institución, y luego de ser trasladado a la División de Mantenimiento, comenzó a tener roces con el general Ureta, luego de “tomar conocimiento de hechos constitutivos de corrupción”.

Según el cabo, las cosas se complicaron cuando un proveedor reclamó ante la Contraloría del Ejército por “un proceso licitatorio que se encontraba viciado”, lo que llevó a Ureta a hacer hincapié ante todo el personal, que la información que tenía el reclamante había sido proporcionada por un integrante de la repartición, y que por ende “buscarían al responsable”.

Frente a ello, el 2 de junio de 2015, Tudesca concurrió voluntariamente a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte para interponer una denuncia, y pedir “que se investigaran los hechos relacionados con licitaciones” en la División. Sin embargo, habiendo tomado conocimiento de esta acción, el mando lo obligó, a través de “medidas coercitivas”, a retractarse, indicó.

El general Ureta se hizo conocido en el “Milicogate” por enviar un correo interno al Ejército explicando su posición respecto al fraude con recursos de la Ley Reservada del Cobre. En la oportunidad reconoció la existencia de una asociación ilícita de personas que “entregaban facturas (ideológicamente falsas) al personal del CAF” -el Comando de Apoyo a la Fuerza-, y que la Comandancia en Jefe debía fiscalizar.

No obstante, según relata el periodista Mauricio Weibel en su libro “Traición a la Patria”, las palabras de Ureta parecieron poco creíbles para muchos en el generalato”, teniendo presente que en octubre de 2015 dos de sus colaboradores, la paracaidista Millaray Simunovic y el suboficial Claudio González, fueron detenidos en conexión con el entramado.

En la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, recordó Weibel, Ureta “jamás deslizó una explicación contundente sobre cómo gente de su confianza profesional e incluso afectiva participó en fraudes por cientos de millones de pesos”, señalando en todo momento que “jamás sospechó de los hechos ocurridos bajo sus narices”.

En la instancia, Ureta argumentó que en plena investigación hubo un “borrado” de los discos duros de los computadores pertenecientes al CAF, lo que se produjo mientras algunos involucrados se encontraban en prisión.

No more articles