El sistema de salud chileno podría catalogarse como un sistema de aseguramiento mixto regulado, integrado por fondos y prestadores de salud públicos y privados. A modo de contexto es preciso indicar que la dictadura militar inspirada en las ideas liberales desde el punto de vista económico, otorga relevancia a la iniciativa privada restando importancia y espacio al Estado. Es en este marco que en 1981 se crean las Isapres.

El sector público (Sistema Nacional de Servicios de Salud) está compuesto por la Red de Servicios de Salud que se distribuyen a través de todo el territorio nacional, los que suman 28 entidades; la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), el Instituto de Salud Pública (ISP) y la Superintendencia de Salud.

Los beneficiarios de Fonasa (cotizantes y sus cargas) tienes acceso a dos modalidades de atención: Modalidad Atención Institucional (MAI) que se otorga a través de los prestadores públicos y Modalidad Libre Elección (MLE) a la que se accede preferentemente por prestadores privados previa cancelación de un copago. También las municipalidades contribuyen con la Atención Primaria de Salud, la que se financia principalmente por un aporte vía inscripción per cápita previamente validada por Fonasa.

Por su parte, el sector privado está constituido por las Instituciones de Salud Previsional (Isapre) y una gran cantidad de prestadores privados institucionales y particulares. Solo acceden a este tipo de atención las personas con mayor capacidad de pago.

Además existen otras modalidades tales como Mutuales y FFAA.

El financiamiento del sistema para el seguro público se construye a partir de los aportes fiscales, las cotizaciones obligatorias por ley (que corresponden al 7% de los ingresos del trabajador) y copagos; en tanto que en el sector privado son las cotizaciones obligatorias (también de 7%) de los usuarios que eligen mediante un contrato un plan de salud, lo que implica muchas veces el pago adicional de cotizaciones voluntarias.

Los denominados gastos de bolsillo, se han ido incrementando paulatinamente tanto para los beneficiarios del sector público como el privado. Se destinan a cubrir gastos por concepto de compra de medicamentos, pago de exámenes y copago a las prestaciones en salud como hospitalizaciones y consultas médicas.

Se trata de un sistema mixto en que cohabitan los seguros públicos y privados.

Quienes cotizan en Fonasa contribuyen solidariamente al Fondo. Este seguro establece una categorización que consiste en que a mayores ingresos del cotizante, éste tendrá menor cobertura financiera; por ello no es extraño que los trabajadores de mayores ingresos se sienten inducidos a adscribirse a una Isapre. En este caso se trata de un plan acordado con la entidad privada en que la prima estará determinada por los riegos. Estamos hablando, por tanto, de una cuenta individual.

En palabras de C. Sapelli: “Estamos frente a dos subsistemas que operan con sistemas de precios distintos: uno fija la tarifa de la prima por riesgos y otro en función de los ingresos. La consecuencia de ello es que en el primero estarán los más ricos y menos siniestrosos y en el segundo se concentrarán los más pobres y los mayores riesgos”.

De este modo el 83% de las personas mayores de 70 años (con mayor carga de enfermedad y económicamente pasivas) se atienden en el sistema público, mientras que menos del 6% de ellas se encuentran adscritas a los seguros privados.

Como resultado de este sistema y según datos del Minsal (2010) el sector privado recauda 65% de las cotizaciones en salud para atender al 23% de la población, a diferencia de lo que ocurre con el sector público donde éste se queda con un modesto 35% de las cotizaciones para atender las demandas del 62% de las personas.

Para favorecer accesos y calidad en salud, en el mundo, los sistemas solidarios con subsidios cruzados pagados vía impuestos generales han demostrado ser los mejores; en ellos las personas que presentan mayores problemas de salud son beneficiadas por quienes son de bajo riesgo; lo mismo ocurre con las personas que aportan mayores ingresos respecto de las que contribuyen más moderadamente.

De acuerdo a la mirada comparativa en el marco internacional, Chile obtuvo el lugar número 168 de 191 países en lo referido al logro de la equidad de la contribución financiera según la OMS en 2006. (World Health Organization. The World Health Report 2000. Health Systems: Improving Performance. Ginebra: WHO, 2000).

No sorprende que Chile figure entre los países más desiguales; especialmente si constatamos que del gasto total en salud, el 35% proviene de las cotizaciones, el 25% se origina como Aporte Fiscal; mientras que por concepto Gastos de Bolsillo el porcentaje corresponde a un escandaloso 40% (C. CID 2011).

Mientras la salud pública se ha visto cada vez más soportada por el gasto de las familias, en 2012 el Estado transfirió a las clínicas privadas 1.036 millones de dólares, lo que asciende prácticamente al total invertido en salud pública durante tres años (de 2009 a 2011) [Salud un Derecho, 2012]. Por su parte durante el año 2011, el sistema de Isapres consiguió ganancias por $68.008 millones (un incremento de un 31,6% respecto de 2010); en 2012 fue de $80.436 millones, es decir un 3,7% más que en el año anterior (Superintendencia de Salud).

En cuanto a indicadores de salud, al compararnos con la OCDE la esperanza de vida al nacer es de casi 78 años, siendo de 80 años el promedio de la OCDE. “El nivel de partículas atmosféricas PM10 —partículas contaminantes del aire lo suficientemente pequeñas como para penetrar en los pulmones y dañarlos— es de 53 microgramos por metro cúbico, considerablemente más alto que el promedio de la OCDE de 21 microgramos por metro cúbico”. Respecto a la calidad del agua, el 77 % de las personas dicen estar satisfechas con la calidad de la misma, cifra menor que el promedio de la OCDE el que corresponde al 84% (Ver reporte).

Es evidente que se hace urgente generar cambios sustanciales para fortalecer la salud pública (reforma tributaria que permita asegurar el financiamiento y la atención según necesidades) y limitar el lucro privado (eliminación de tablas de riegos diferenciales), porque cuando las ganancias provienen de la vulneración al derecho a la salud (el que por cierto no está consagrado en nuestra constitución), perfectamente podemos concluir que estamos frente a uno de los modelos más despiadados del orbe.

Por Leyla Astorga Cárdenas

Candidata a Core, Marga Marga

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